La desaparición de Valentín Ezequiel Reales, el adolescente de 15 años que falta de su casa de Cabín 9 desde el 15 de noviembre pasado, sigue generando preocupación en organismos internacionales. Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información urgente a la ministra de Relaciones Exteriores de la Nación, Susana Malcorra, por medio de una nota en la que indica que el menor habría denunciado torturas tras ser privado de la libertad por efectivos policiales antes de ser visto por última vez. El texto, que cita el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, instaba a las autoridades argentinas a que proporcionen, en el plazo de 72 horas, las gestiones que llevan adelante para esclarecer los hechos denunciados. Las Naciones Unidas se habían expedido en el mismo sentido.
La mención sobre la detención del menor con anterioridad a su desaparición se refiere a una denuncia por torturas que el joven al parecer realizó en agosto pasado y que “nunca se investigó”, según indicó a El Ciudadano el suspendido defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón. En ese sentido cuestionó la cobertura mediática del caso en la que se vinculó la desaparición de Valentín con una banda de la localidad de Pérez conocida como Los Cuatreros, que no tuvo otro fin que el de “encubrir” a los agentes policiales, ya que esa agrupación delictiva “no existe más porque fueron exterminados por Los Monos y la misma Policía”. Ganón fue más crítico aún con el rol que ejerce el Ministerio Público de la Acusación, encargado de esclarecer estos hechos: “Investigación no hay, por eso hablo de encubrimiento. La Fiscalía delega la investigación en los personajes que participaron con complicidad de la Policía. Borran pruebas y pistas”, dijo tras recordar los casos de Franco Casco (octubre de 2014) y Gerardo “Pichón” Escobar (agosto de 2015), ambos investigados hoy en el ámbito de la Justicia federal como desaparición forzada de personas y tras deficientes pesquisas cuando estaban en el fuero provincial.
La solicitud que envió el 25 de enero pasado la secretaria ejecutiva Rosa Celorio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la ministra Malcorra se suma a una anterior, de fecha 18 de enero, emitida por el Comité contra la desaparición Forzada de Naciones Unidas al Estado argentino. En esa oportunidad, la nota conminaba al gobierno a que envíe información sobre Valentín Reales antes del 1º de febrero. “El Comité requiere al Estado parte tomar todas las medidas necesarias para localizar y proteger al niño”, indicó el texto firmado por Ibrahim Salama, jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos.
La solicitud del organismo internacional fue en respuesta a una presentación realizada por la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Ganón y la Fundación Igualar. El texto resalta que Valentín “habría sido detenido en varias ocasiones desde abril de 2016 en razón de su alegado involucramiento con alguna de las bandas de narcotráfico supuestamente manejadas por la Policía de Santa Fe. Con ocasión de estas detenciones, habría sido trasladado a la sede de la seccional 9ª, cercana a su domicilio. También habría sido detenido por orden de un fiscal con competencia exclusiva en causas de mayores en el pasado mes de junio y fue trasladado a la comisaría sin que la Dirección de Niñez o el juzgado de Menores estén informados. Durante esas detenciones, el niño Valentín Ezequiel Reales habría sido víctima de torturas”, describe la nota enviada a Ganón por Salama.
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