El juez de Instrucción de la 9ª Nominación, Javier Beltramone, hizo lugar a un pedido de hábeas corpus solicitado a mediados de mayo pasado por dos defensores generales, en base a la situación de la Alcaidía de Mujeres que depende de la Policía. El magistrado dispuso que en un plazo de tres meses el Ejecutivo provincial deberá acondicionar el penal y cualquier espacio que esté destinado al alojamiento de las detenidas. Además, deberá suministrar a las 33 internas allí alojadas los elementos que fueran necesarios para mejorar las condiciones de detención.
En su resolución, Beltramone consideró probadas las malas condiciones de detención de las 33 internas que se encuentran privadas de su libertad en el penal de mujeres, ubicado pasaje La Paz 450, a metros de la comisaría 4ª. En este mismo sentido, el juez entendió que las presas viven en condiciones de higiene y salubridad que son deplorables, situación que se ve agravada por la deficiencia en la alimentación, ya que reciben raciones “mínimas”.
Esto, en base a un pedido de hábeas corpus colectivo que el 14 de mayo pasado fue presentado por los defensores generales Oscar Loberse y Estrella Galán, por las malas condiciones de detención, higiene y salubridad que notaron durante una visita a la Alcaidía de Mujeres.
Después de una serie de pedidos de informe que Beltramone solicitó a un médico forense y a la Defensoría del Pueblo, el juez concluyó que las mujeres recluidas en el edificio de calle La Paz –que en su mayoría están procesadas o purgan condenas por homicidios o robos calificados– viven en condiciones que “se apartan notoriamente de lo normado y legislado en la Constitución Nacional, y lo establecido en diversos tratados internacionales que sostienen que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
El magistrado entendió que están probadas las “condiciones deplorables de higiene como así también de salubridad”, entre las que se detallan: vidrios rotos, colchones deteriorados y sucios, que la heladera está desgasificada y debe ser cerrada con trapos, que el horno de la cocina no tiene puerta, que los inodoros de los baños no funcionan.
En base a los resultados de los informes, Beltramone resolvió hacer lugar al habeas corpus colectivo de los defensores generales. Y, en este sentido, comunicó al Poder Ejecutivo provincial que en los próximos tres meses deberá acondicionar el penal y “todo el entorno destinado al alojamiento de personas detenidas en la Alcaidía de Mujeres”, reza la resolución. Para ello, el juez consideró que el Estado deberá realizar las obras que fueran necesarias para ajustarse a ley.
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