Política

Cuentan con aval de gremios

Oposición unida avanza con ley para prohibir los despidos

La Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados firmó dictamen de mayoría, y por la tarde será el turno del Senado. El oficialismo, en cambio, propone que se suspendan las cesantías y desvinculaciones cuando la desocupación llegue a dos dígitos.


La oposición en Diputados firmó un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley para prohibir los despidos en la administración pública y en el sector privado, y esta tarde será el turno del Senado. En paralelo, el oficialismo propone que la medida recién se aplique cuando la desocupación llegue a dos dígitos.

Tras un tenso debate de tres horas en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, los bloques Justicialista, del Frente para la Victoria-PJ y del massismo, junto al socialismo y otras bancadas, firmaron el dictamen del proyecto que establece la prohibición de despidos entre el 1 de marzo de este año -retroactivo- y el 31 de diciembre de 2017.

Los despidos que se produzcan durante ese período deberán ser resarcidos con la doble indemnización.

Los diputados del oficialismo, encabezados por el macrista Daniel Lipovetzky, firmaron un dictamen de minoría, en el que se suspenden las cesantías y desvinculaciones si “la tasa de desocupación elaborada por el Indec resulta superior al 10%”.

Tanto el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el Frente de Izquierda, buscan consensuar en una medida que frene los despidos, y exigir al Ejecutivo que efectivice la medida a través de un decreto de Necesidad y Urgencia. El acuerdo contempla la unificación de las nueve propuestas que fueron presentadas por las distintas fuerzas opositoras, que cuentan además con el aval de los gremios.

En tanto el Senado también tratará la emergencia ocupacional en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que tendrá lugar a las 16.30.

Aún resta acordar el plazo de aplicación de la norma, ya que algunos promueven 180 días y otros reclaman 360 días, retroactivo al primero de marzo.

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