El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la falta de autonomía que tiene el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe y las violaciones a los derechos humanos en la provincia que incluye tres casos de desaparición forzada de persona.
Fue en la ciudad de Ginebra, Suiza, en las sesiones del 117° período del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la Argentina presentó su quinto informe periódico. El Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe estuvo presente con una delegación compuesta por el Defensor Regional de la 1era. Circunscripción Judicial (Santa Fe) Sebastián Amadeo y la Secretaria Legal y Técnica del organismo María de los Ángeles Cáceres. Ambos presentaron ante el Comité un extenso y completo informe alternativo sobre la situación de los DDHH en la provincia de Santa Fe.
Según un informe de la Defensa Pública, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos, públicamente ponderó el informe de la Defensa Pública y manifestó su preocupación en torno a varias cuestiones, entre otras, el modo en que el Estado argentino debe garantizar el cumplimiento del Pacto en un sistema federal; la fuerte tendencia a la regresión de los Derechos Humanos seguida de un debilitamiento institucional; la violencia institucional (policial y penitenciaria); la ausencia y falta de funcionamiento de mecanismos de prevención contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, solicitando al Estado que se le dé entidad real a dicho mecanismo en todo el territorio nacional.
Y en el mismo escrito afirman que, en cuanto a la Defensa Pública, remarcó al Estado la importancia de dotar a esta institución de verdadera autonomía en comparación con el Ministerio Público Fiscal, sobre todo a nivel provincial. Recalcó que se deben realizar más esfuerzos para hacer efectivo el cumplimiento del Pacto a nivel provincial. Cuestionó al Estado sobre los modelos de reforma de justicia. Insistió en que existe un déficit concreto y dificultades del Estado en prevenir la violencia institucional y las desapariciones forzadas.
Por su parte, otro miembro del Comité, Nigel Rodley, respecto al Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe sostuvo “es maravilloso que existan instituciones como esta” e interrogó al Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en la provincia, concretamente de los casos “Roberto Irusta”, “Franco Casco” y “Gerardo Escobar”, solicitando se investiguen estos hechos. Y agregó que “pareciera que existe una cierta impunidad que permite que se cometan excesos, cuestión a la que no se responde con las medidas adecuadas. Pareciera que estamos frente a una práctica de tortura encubierta”.
A su turno, otro de los miembros del Comité, Sarah Cleveland dejó en claro que, en relación al Estado argentino, sus problemas no vienen dados por su marco normativo (que lo tiene y es ponderado), sino de concretas políticas institucionales y de los recursos (humanos, materiales y financieros) o falta de ellos para aplicar las políticas pertinentes.
También el comisionado Lazhari Bouzid cuestionó al Estado en relación a las detenciones por averiguación de identidad, a decir del experto: “¿por qué detener a una persona para verificar su identidad? ¿Qué se gana con ello? ¿Existen denuncias contra la policía? ¿Se investigan? ¿Hay querellas?”
Las observaciones finales respecto de Argentina, especialmente para ser tenidas en cuenta para la provincia de Santa Fe, destacan que el comité reitera su preocupación expresada en sus observaciones finales anteriores respecto a la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública, lo cual afecta en la calidad de los servicios prestados. Al Comité le preocupa que la Defensoría Pública Federal, como las provinciales, no cuenten con recursos suficientes para la plena ejecución de sus mandatos. Y que El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que la Defensa Pública Federal y las Provinciales dispongan de los recursos necesarios, así como autonomía funcional y presupuestaria respecto a otros órganos del Estado, para poder desempeñar sus funciones eficazmente, en todas las regiones del país.
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