Pablo Soria
En una resolución extrema, el juez Javier Cosentino ordenó la intervención judicial de Oil Combustibles y dispuso el desplazamiento de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre como directores de la empresa. Asimismo, el magistrado designó a aquellos que venían desempeñándose como interventores judiciales -en el marco del concurso preventivo de la firma-, como nuevos administradores de la histórica refinería de San Lorenzo.
“Los interventores judiciales pasaron a ser administradores de la empresa, con todas las facultades que les confiere la ley”, explicó Héctor Brizuela, secretario de asuntos legales del gremio que defiende los intereses de los 450 trabajadores de Oil Combustibles. “Obviamente que lo que no pueden hacer es enajenar la compañía, aunque sí dar el ok a planes de inversiones y de salvataje. A alguna alternativa comercial que salga con previa autorización judicial”, abundó el representante del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) de San Lorenzo.
“La intervención judicial es a la concursada, es decir a la empresa que tiene abierto el concurso preventivo. En este caso, Oil Combustibles Sociedad Anónima. Nada impide que Rosner y Dellatorre puedan ser directores en otra empresa del Grupo Indalo. Pero en la refinería, ya no”, aclaró Brizuela.
A partir del fallo judicial dado a conocer por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 5, se abre un nuevo escenario de negociación que puede llegar a redundar en la continuidad productiva de la refinería de San Lorenzo y en la consecuente defensa de los puestos de trabajo. “Cualquier eventual inversor, o inclusive la propia petrolera estatal YPF que manifestó su interés de colaborar, encontrará en la nueva administración judicial a interlocutores válidos en la negociación”, destacó Brizuela.
Los tres coadministradores Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega -ahora interventores de la compañía- detectaron severas irregularidades en la gestión administrativa de Rosner y Dellatorre al frente de Oil Combustibles.
Según consta en la resolución del juez Cosentino, “ambos fueron ingresados en forma verbal el 14 de diciembre del año pasado como empleados en relación de dependencia de la sociedad, y a su vez se dieron de alta otras contrataciones recientes de personal sin asignación específica de sector y con importantes salarios”, precisó la resolución.
También los veedores “verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros -ex directores y otras sociedades del grupo-, cuyos honorarios fueron afrontados por Oil Combustibles, además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio”, denunciaron.
Rosner y Dellatorre, integrantes del directorio del Grupo Ceibo, llegaron a la coadministración de Oil Combustibles luego de que la refinería de San Lorenzo entrara en concurso preventivo a raíz de una deuda fiscal contraída por el Grupo Indalo de Cristóbal López, que llegó a ascender a 8 mil millones de pesos en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC).
Para los interventores, “también resultó llamativa la factura emitida por OP Management, sociedad de propiedad de Rosner y Dellatorre”, detallaron. “No advertían que los servicios profesionales se hubieran prestado en beneficio de Oil Combustibles sino de sus directores”, acusaron.
Oil Combustibles presentó pedido de convocatoria el 30 de marzo de 2016. Y la sindicatura que entiende en dicho concurso preventivo llegó a advertir en marzo de 2017 que la provisión de honorarios de directores y síndicos debía resultar “más austera”.
De hecho, “los directores habían percibido en el semestre del 1º de julio al 31 de diciembre de 2017, un total de 29 millones de pesos (NdR: precisamente 29.157.937,08). Y a partir de diciembre, Rosner y Dellatorre habían comenzado a percibir sueldos como empleados bajo relación de dependencia”, especificaron los veedores judiciales.
Refirieron los interventores que los directivos removidos “resolvieron la creación de un Centro de Costos Corporativo, al que incorporaron un grupo de colaboradores, que implicó un gasto entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 de 2 millones de pesos”.
Al 1º de marzo de este año, el pasivo postconcursal asciende a 1400 millones de pesos. “Es decir casi 300 millones más que el informado al 31 de diciembre pasado”, puntualizaron.
“El pasivo postconcursal comercial -no impositivo- asciende a 287 millones de pesos por deuda comercial y a 174 mil pesos por deuda de cuenta corriente, mientras que los gastos corrientes ascienden a aproximadamente 2,7 millones de dólares”, señalaron sobre una refinería que el mes pasado entró en estado de cesación de pagos.
Falta de información requerida. Notable aumento del pasivo postconcursal. Aprobación de honorarios por sumas de importante magnitud. Conformación de un Centro de Costos Corporativo que implicó un pasivo de más de 2 millones de pesos en dos meses. Irregularidades denunciadas por los interventores -que ahora se convirtieron en administradores-, que llevaron al juez Cosentino a determinar la intervención de la refinería de San Lorenzo.
