La Justicia lo dio por probado: Fernando Pablo Escobar, como autor, y Araceli Sandra Di Pascua, como partícipe secundaria, captaron a jóvenes, varias de ellas menores de edad, para forzarlas a la prostitución mediante falsos ofrecimientos laborales por Facebook y WhatsApp para trabajar como empleadas de limpieza de la Quinta Mimará, o camareras en eventos a realizarse en ese predio, perteneciente a la Federación de Trabajadores Jaboneros y ubicado en Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza. El hombre era el encargado del lugar y la mujer, su administradora. Ambos, incluso, lo acondicionaron para las prácticas sexuales. El engaño fue con perversidad: con amenazas, abuso de autoridad e información sensible obtenida de entrevistas, indican los fundamentos de la sentencia conocidos este lunes, sometieron a las chicas a explotación sexual entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017. Al menos hay identificadas nueve víctimas del accionar de la pareja, que tenían entre 14 y 23 años en el momento de los hechos.
El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín le dictó a Escobar una condena de 15 años de prisión, unificada a 30 por una pena previa de 22 años de cárcel que le había impuesto en 2002 el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza. A su cómplice Di Pascua, la sentenciaron a cinco años de prisión.
Escobar y Di Pascua ganaban la atención de sus potenciales víctimas mediante ofrecimientos laboral por redes sociales y mensajería. Pero no se enfocaban en cualquier chica. Concertaban entrevistas en las cuales obtenían información sobre circunstancias personales, familiares e íntimas de las jóvenes o menores de edad. Elegían a aquellas que referían situaciones de vulnerabilidad detectadas, como problemas de violencia familiar, abusos sexuales previos o una condición socioeconómica acuciante. Tomaban nota y las utilizaban en extorsiones y amenazas para abusar sexualmente de ellas y someterlas a la prostitución mediante el acogimiento y posterior ofrecimiento a otros clientes.
Magalí Celeste
Las ofertas laborales eran publicadas en Facebook bajo el seudónimo de “Magalí Celeste”. En las entrevistas, Escobar se presentaba como el responsable de la quinta y les mostraba las instalaciones. Les explicaba que en algunos eventos tenían que estar en bikini y que “gente importante” les colocaría propina en la ropa interior.
Algunas de las víctimas señalaron que durante esas entrevistas, Escobar las amenazaba con armas de fuego y les mostraba fotos de sus familiares. Si ellas no cumplían con sus órdenes, él les advertía que iba a matar a sus allegados.
La investigación permitió determinar la identidad de nueve víctimas, de entre 14 y 22 años de edad al momento de los hechos. Y sucesos similares en relación a otras cinco menores de edad. El Ministerio Público Fiscal señaló durante el proceso que la explotación sexual se concretó en al menos diez casos. El accionar criminal, hasta donde pudo ser comprobado, se desplegó entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017.
Quinta de sindicato acondicionada para explotación sexual
La explotación sexual fue realizada dentro de la Quinta Mimará, de Villa Luzuriaga, que es propiedad de la Federación de Trabajadores Jaboneros y Afines de la República Argentina. La acusación demostró que, incluso, parte de las instalaciones habían sido acondicionadas por la pareja para sus propósitos criminales, aprovechando la existencia de vestuarios y numerosas habitaciones con camas.
El accionar de la pareja se replicó luego en un departamento que Escobar alquilaba en Mburucuyá al 1800, de la localidad y partido de Morón. También, en hoteles de la zona aledaña a la quinta, como “Solange”, “Carabobo” y “Horóscopo”. Y en domicilios particulares de clientes/prostituyentes, hacia donde el ahora condenado llevaba las víctimas.
La investigación determinó que Escobar se desempeñaba como encargado del predio sindical y Di Pascua como administradora “de hecho” del mismo.
La intervención judicial comenzó a cargo de la justicia bonaerense a partir de las denuncias de una joven y una adolescente que habían acudido para una de las entrevistas. Ambas pudieron negarse y escapar a los ofrecimientos de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.
La justicia local, entonces, ordenó una serie de allanamientos en los que se secuestró material probatorio. A partir de ello, comenzó a intervenir el fuero federal por el tipo de delito. La causa pasó a la Fiscalía Federal 1 de Morón. En abril de 2018 se practicó un nuevo allanamiento en la Quinta Mimará.
En el juicio oral intervino el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, mientras que la etapa de instrucción estuvo a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Morón que encabeza Sebastián Basso. En ambas instancias, colaboraron la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) para la localización, contención y acompañamiento a las víctimas, para luego convocarlas a prestar declaración testimonial bajo los recaudos legales exigidos.
En paralelo con las condenas, la etapa de instrucción continúa con la mira puesta en otros posibles tres cómplices de la explotación.
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