Durante los primeros nueve meses de este año, se produjeron 830 denuncias de usuarios ante la Oficina Municipal del Consumidor sólo por casos vinculados al sistema financiero, eso es tarjetas de crédito, bancos, compañías de seguro, financieras. Se trata de un promedio de 3 planteos diarios, que en conjunto implican 232 expedientes más que en el mismo período del año pasado y aún más que durante todo 2015, cuando se produjeron 36 denuncias menos que en los tres trimestres de 2016. Y del total de denuncias, el caso más común, que explica casi una de cada tres presentaciones, se relaciona con las tarjetas de crédito: el rasgo compartido es que el denunciante solicitó a través de la Oficina la baja de una tarjeta de crédito que no pidió pero le genera un cargo al intentar darla de baja. De igual modo, la titular del área, María Julia Bonifacio, celebró que tanto en este caso como en el segundo en peso numérico, que es la baja de pólizas de seguro no solicitadas –un 15 por ciento– “se resuelve en forma ágil y positiva en un ciento por ciento de los casos”.
Bonifacio explicó a El Ciudadano que durante la mañana de ayer tuvo lugar la primera reunión entre la Oficina del Consumidor y representantes de bancos que tienen plazas en la ciudad. Estuvieron presentes, además del Municipal, el Nación, el Bersa y el Santander Río: “Hubo ausentes, y los vamos a volver a convocar en noviembre, para que vengan. Pero igual, nosotros fuimos estableciendo canales con todos”, explicó la titular de la Oficina.
La gestión, que Bonifacio describió como una propuesta de “trabajo conjunto” que fue bien recibida por los bancos, incluso se extiende más allá de los problemas para incursionar en beneficios, como el plan 30 minutos para que usuarios y clientes no deban perder horas para realizar un trámite, el que fuere
“A ellos les interesa también mucho. Es que no beneficia a nadie llegar hasta la instancia de la sanción”, marcó la funcionaria. Y explicó que una denuncia de un usuario implicaba antes una acción que se realizaba a través de una sucursal, el caso iba a la casa central de la entidad, de allí a su departamento de Legales y de ahí recién llegaba la respuesta. “Ahora designaron a una persona para este trabajo conjunto, lo cual nos permitió esquivar el circuito burocrático y agilizar todo”, celebró Bonifacio.
Hay ley, hay que cumplirla
Pagar un cargo para cancelar una tarjeta de crédito no solicitada es “n hecho violatorio de la ley 24.240”, marcó la Oficina Municipal. Y explicó que se trata del artículo 35 de la ley de Defensa del Consumidor.
Los enojos de los consumidores se despiertan a la hora de buscar desprenderse de la tarjeta –30 por ciento– o de la póliza de seguros –15 por ciento– por lo cual se les intenta imponer un cargo. Pero la titular de la Oficina Municipal marcó que de igual modo la intervención de su área genera una solución satisfactoria en todos los casos.
Distinto es, recordó, con personas que acuden por deudas y tienen disposición pero no pueden cancelarlas. “Hemos conseguido en estos casos planes acordes a la capacidad de pago de los deudores”, marcó Bonifacio, aunque admitió que es más engorroso alcanzar un acuerdo en estos casos, que son el 2 por ciento de las denuncias.
Entre una y otra, el 10 por ciento son por compras que los usuarios no hicieron y vienen en los resúmenes de tarjetas; un porcentaje similar demandó rectificación de sus datos en las bases privadas –Veraz, Nosis, Fidelitas–; un 5 por ciento por baja de suscripciones; cifra similar por negativas de entidades bancarias a dar información al deudor sobre la composición de su deuda; un 3 por ciento por incumplimiento de promociones comerciales; un 3 por ciento denunció que “estudios jurídicos” los hostigan e intiman a pagar deudas que no contrajeron, que ya pagaron o que están prescriptas.
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