Este martes se realizó una reunión del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes que depende de la Oficina Municipal del Consumidor, en cuyo transcurso se brindó un informe sobre las denuncias presentadas entre el 10 de diciembre del 2021 y el 10 de junio pasado. Asimismo se analizaron diferentes aspectos sobre la situación de inquilinos e inquilinas.
En el primer semestre se presentaron en la Oficina del Consumidor 653 denuncias sobre la temática. Analizaron cuestiones vinculadas a inquilinos.
Presidió la reunión la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, junto al jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas.
Al abrir el encuentro Salinas recordó que “hace muchos años que no se convocaba al Consejo Asesor”, anticipó que la intención es realizar reuniones periódicas, para marcar que “el 20 o 25 por ciento” de los habitantes de la ciudad alquila, y acotó que “se ha vuelto un problema de aristas muy complicadas”.
Marcó que el Consejo depende de la Oficina y que “era una deuda convocarlo”, sostuvo la necesidad de “hacer operativo el derecho a la vivienda” al igual que “facilitarles la vida a los inquilinos” y “trabajar en hechos concretos y tangibles”.
Participantes
De la reunión participaron el vicepresidente primero del Concejo, Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario; Valeria Schvartz, de Volver a Rosario; Juan Monteverde, Pedro Salinas y María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, y Susana Rueda, de Rosario Progresista; la subsecretaria de Hábitat municipal, Josefina del Río y la diputada provincial y presidenta de la comisión de Vivienda de la Cámara baja, Dámaris Pacchiotti, de Ciudad Futura.
Asimismo concurrieron el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda, Ariel D’Orazio; el director del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres (Casa) municipal, Gustavo Álvarez; el ex edil y titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán y el referente de Inquilinos Agrupados Rosario, Sebastián Artola.
De Schmuck
En su intervención la presidenta del Concejo, Schmuck, tras dar la bienvenida y recordar que el Consejo hacía años que no se convocaba, asumió “la importancia de poner sobre la mesa el debate” y lo resaltó como “un tema de agenda nacional”.
Señaló dos cuestiones la Ley de Alquileres sancionada en el 2020 y “el tema que preocupa” respecto a la actualización del valor de los contratos y la restante: “Hay dos millones de viviendas vacías en el país y 4 millones sin vivienda” y en tal sentido aludió a la necesidad de “tener un techo propio”.
“Ojalá las próximas reuniones se llenen de vecinos y vecinas en el recinto” sostuvo la titular del Concejo, para considerar que los encuentros debían “ser periódicos y no cada diez años”.
El informe
Fue luego el turno del coordinador del Consejo, D’Orazio, quien brindó un informe sobre lo realizado en la temática desde el 10 de diciembre del 2021 al pasado 10 de junio.
En relación a la Ley de Alquileres consignó que uno de los dictámenes de la modificación en el Congreso Nacional plantea otorgarle el control del efectivo cumplimiento a la Secretaría de Comercio.
Sobre lo efectuado en la Oficina explicó que fueron 653 denuncias, 138 a través del correo electrónico, 415 de manera presencial, 59 de gestión telefónica y 41 por intermedio de redes sociales; de ellas el 92 por ciento relacionadas con locaciones de viviendas para destino familiar y el resto sobre alquileres comerciales.
Se marcó que 61 por ciento fueron radicadas contra inmobiliarias -se aclaró que un 6 por ciento no inscriptas en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario-; el 28 por ciento contra dueños de manera directa y 11 por ciento contra estudios jurídicos o contables.
En tanto, el 56 por ciento de las denuncias -366- fueron por incumplimiento de la Ley de Alquileres Nº 27.551, referidas a cobros indebidos de expensas extraordinarias y no habituales; incumplimientos en la reparación de cuestiones urgentes en la vivienda y arreglos edilicios necesarios; exigencias de la parte locadora de firmar contratos por plazo menor al mínimo legal y falta de registración del contrato en la Administración Federal de Impuestos (Afip) o no entrega de facturas válidas.
También D’Orazio hizo referencia a otras cuestiones que son objeto de reclamos como “la falta de aceptación” de las fianzas que presentan los probables inquilinos, exigencias en dólares o “los aumentos que superan el 100 por ciento”.
De igual modo aludió a “exigencias desmesuradamente detallistas” al momento de dejar un departamento, y al incremento en las consultas por parte de extranjeros –brasileros, venezolanos, colombianos- “por abuso de cláusulas”.
Tanto Salinas como D’Orazio destacaron la provechosa tarea respecto a las mediaciones que se encaran en la Oficina.
Por su parte el titular del Casa, Álvarez, destacó que “nosotros hacemos mediaciones en conjunto con las dos cámaras inmobiliarias y con la Cámara de la Propiedad Horizontal”, que agrupa a los administradores de consorcios. Y sobre esto recordó que de aproximadamente 500 que trabajan en la ciudad, sólo 160 ó 170 están inscriptos en el registro oficial.
Artola y Roldán
Expuso posteriormente el referente de Inquilinos Agrupados Rosario, Artola, quien recordó que la problemática con los inquilinos comienza a mediados de los años ’70, “con la dictadura militar, cuando (José Alfredo) Martínez de Hoz dolariza la vivienda” y mencionó que Uruguay, Colombia, México, como ejemplos están en moneda nacional. Y también en esa etapa “se desregula el precio de los alquileres que había sido regulado en 1921 por Hipólito Yrigoyen y siguió hasta 1977”.
Sumó a ello otra situación la “financialización de la vivienda” lo que determina “una suba desmesurada”, para mencionar que ante la problemática mundial también ciudades como Berlín o en España se regularon precios.
Aseveró que “la situación es crítica” y acerca de la Ley de Alquileres consignó que “fue un punto de partida, pero entre el 85 y el 90 por ciento no se cumple”, para agregar que “no hay herramientas de sanción”.
Cuestionó asimismo que sean los inquilinos los que paguen la tasa general de inmuebles (TGI).
Por su parte Roldán, de la Concejalía Popular, dijo remedando a León Gieco que “es un monstruo grande y pisa fuerte” sobre la situación.
Aludió a las “corporaciones que no se ven” en el ámbito internacional de gran incidencia en el sector y específicamente aludió a la firma Quinto Andar, titular de Zona Pro y que “compró parte de Remax para América Latina”.
Reclamó la necesidad de un plan estratégico de alquileres para Rosario y la región y también dijo respecto a que la Universidad Nacional de Rosario realice una tarea para determinar costos reales de los alquileres, de los departamentos en cada zona, porque “hace falta información que no tenemos”.
Consideró que el Estado municipal puede crear un Instituto de Alquileres.
De los ediles
En los tramos finales de la reunión hubo intervenciones de los ediles Monteverde, Rueda y Cavatorta.
Monteverde destacó el “trabajo gigante” caso a caso de la Oficina del Consumidor y recordó el proyecto que plantearon hace varios años de creación de una Inmobiliaria Pública, con una División Alquileres, y en ese marco la existencia de vivienda pública en alquiler, la División Desarrollos Inmobiliarios y la de Urbanización de Barrios Populares.
D’Orazio mencionó que “el Concejo perdió una oportunidad vivienda pública en alquiler, con el edificio” que construyó en la calle Suipacha 50 Bis y que luego se vendió.
La concejala Rueda propuso la implementación de un Observatorio y coincidió en la necesidad de contar con “poder de sanción”.
En tanto el concejal Cavatorta consideró que “hoy hay departamentos que se construyen que se sabe no se los van a alquilar a nadie” y lo comparó con “un bono” financiero, “aunque este tiene más regulaciones”.
La diputada Pacchiotti, por su parte, explicó la tarea realizada en la comisión de Vivienda de la Cámara baja provincial, recordó el proyecto para la exención de la ley de sellos a los alquileres, que obtuvo media sanción, entre otros.
En el cierre Salinas enumeró algunos puntos para trabajar de acuerdo a los diversos planteos, entre ellos la necesidad de la reglamentación de la normativa sobre expensas claras, un posible protocolo con la Afip sobre registración de contratos y qué hacer si ello no se realiza y articulación con la Secretaría de Comercio provincial y anticipó que la próxima reunión se efectuará en agosto próximo.
Comentarios