La ordenanza 9.249, que está a punto de cumplir un año –entró en vigencia el 25 de julio de 2014– y que protege a vecinos de daños acústicos y vibraciones provocadas por obras en construcción fijando horarios “precisos e inamovibles” para generar los llamados “ruidos molestos”, alteró el sueño de los propios profesionales del sector, quienes argumentan que la normativa no sólo perjudica a empresarios y constructoras, que deben hacerse cargo de sobrecostos por “retrasos” en las obras, sino también a los propios trabajadores, que en no pocos casos pierden horas de labor en grandes obras o se estiran los plazos de las obras más pequeñas. Ante ello, la comisión de Producción del Concejo Municipal convocó la semana pasada a empresarios, gremialistas, ONG y autoridades del Ejecutivo local –entre ellas los responsables de la Guardia Urbana Municipal, repartición que constata las denuncias– para acercar posturas y alcanzar un acuerdo que no atente contra la actividad a la vez que preserva el derecho al descanso de los vecinos. Y hasta ahora todo parece encauzar en la vía del consenso: según anticipó el edil Martín Rosúa, titular de la comisión, la “nueva” normativa –en rigor será una reglamentación de la ordenanza– entraría en vigencia ya en agosto, en pocas semanas más.
Funcionarios del Ejecutivo local y representantes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y de la Cámara Argentina de la Construcción se dieron cita en el Palacio Vasallo, donde abordaron la problemática que afecta al sector. Es que –sostienen– la ordenanza 9.249 –que modificó la 8.137, anterior normativa que regula el tema desde 2007– generó en sus casi 12 meses de vigencia importantes demoras en múltiples proyectos, tanto de gestión pública como privada.
La normativa señala que trabajos de construcción “que contemplen cargas en las medianeras y/o muros linderos existentes que impliquen roturas y/o anclajes, como así también cualquier otro trabajo que genere ruidos molestos y vibraciones” que generen las obras en construcción, “deben realizarse de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 19 horas y sábados de 8 a 13, quedando expresamente prohibido realizar estas actividades los días domingos y feriados”.
Además, establece que los responsables de las obras deben “comunicar en forma fehaciente a los vecinos linderos”, en un plazo menor a los 30 días corridos, haber obtenido el permiso de edificación, “características del proyecto, plazos, modalidades de trabajo y destino de la obra”. No atender ambas obligaciones, añade la normativa, constituye una falta “pasible de las penalidades” establecidas en el Código Municipal de Faltas, que recaerán sobre los responsables de la obra en cuestión.
Según explicó a este diario el concejal Rosúa, uno de los autores de la última iniciativa aprobada, el problema de la ordenanza madre era que permitía denunciar sólo los ruidos de trabajos sobre muros medianeros. “Eso era casi irracional, porque uno puede estar con un taladro neumático a 10 centímetros de la medianera pero destrozándole la cabeza al vecino”, remarcó.
Esa cuestión la atendió la modificación que el Conejo votó el 3 de julio de 2014. Pero la nueva normativa generó una catarata de quejas de las constructoras. “El problema –explicó el edil radical– es que hay actividades ruidosas que no pueden ser interrumpidas, como el hormigonado, la excavación, la submuración o la demolición. Logramos un cambio, pero después nos pasamos al otro extremo”.
Así las cosas, los distintos actores comenzaron a trabajar en articular consenso sobre distintos puntos para evitar, por ejemplo, situaciones de alto riesgo: “La demolición de un techo no se puede parar por la mitad si hay peligro de que se caiga”, puntualizó Rosúa. Y, como ese ejemplo, hay otros en los que atender la normativa a rajatabla puede generar un riesgo para terceros o para los propios trabajadores de las obras. La salida, entonces, fue identificar trabajos y circunstancias precisas que pueden constituir excepciones, despenalizándolas.
Inquietud en el sector
El secretario general de la Uocra a nivel local, Sixto Irrazábal, es uno de los actores que expresaron su disgusto con la normativa, sosteniendo que no sólo tiene efecto en cuestiones técnicas sino que también afecta directamente a los obreros. “La mayoría de los trabajadores de la construcción vive en barrios que implican, como mínimo, un hora de viaje. Si cortan de 13 a 15 son dos horas extra menos que pueden hacer o que van a llegar más tarde a sus casas. Esas horas se están pagando hoy pero quizás en un futuro ya no sea así. El trabajo no se puede parar para dormir la siesta”, sentenció.
Asimismo, reveló que como consecuencia de las discusiones por ruidos molestos varios trabajadores resultaron agredidos. “Les tiran agua caliente, huevos, basura… hasta baldosas. Eso no puede seguir así”, advirtió.
En la misma sintonía, Rubén Llanes, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Rosario, sentenció que “resulta casi imposible no hacer ruidos en una obra” y sostuvo que las normativas de estas características “crean una serie de dificultades” que acaban retrasando considerablemente los trabajos. “Además, si la actividad se ve resentida, puede ser que el día de mañana se trabaje con menos obreros y el ritmo sea menor”, advirtió.
Una posible salida
Rosúa contó que en la reunión entre las partes, que se hizo el pasado martes 8, se evaluaron tres propuestas que podrían ser incorporadas por el Ejecutivo a la ordenanza 9.249, por la vía de una reglamentación que le aporte “precisiones” a la norma “sin contradecirla”. Esto permitiría una puesta en vigencia inmediata sin necesidad de que se vuelva a debatir en comisión y en el pleno del Concejo Municipal, lo que estiraría los plazos mucho más.
En ese sentido, la idea es, por un lado, crear un área de protección vecinal para definir cuáles son los vecinos con potestad para hacer denuncias por ruidos molestos. “Lo que proponemos son los dos vecinos linderos, el vecino de atrás y el que está frente a la obra, en caso de ser obras públicas”, punteó.
Allí se atendió una de las quejas del sector de la construcción que eran las “denuncias anónimas”. Los vecinos afectados podrán continuar haciendo las denuncias, pero con nombre y apellido. “Igual no había una «avalancha de denuncias», como dijeron las empresas. El promedio que hoy tenemos es de cuatro llamadas diarias a la GUM, no más”, aclaró el concejal.
Simultáneamente, se está elaborando un catálogo de las actividades expresamente prohibidas fuera de horario y cuáles quedan exentas de este apartado de la normativa por no poder ser interrumpidas.
Finalmente, se establece “un sistema de información al vecino”, a partir del cual la empresa asume el compromiso de notificar públicamente cuándo va a realizar actividades fuera del horario preestablecido, además de dejar un teléfono de contacto a disposición de los vecinos.
“Es un conflicto de intereses. Lo que está claro es que antes de las 8 y después de las 19 no debe haber ningún tipo de ruido molesto. El resto de las cuestiones las seguiremos definiendo en los próximos días, cuando se retome la actividad en el Concejo después del receso invernal”, subrayó Rosúa.
Con todo, la puntada final se hará con la capacitación específica: personal de la GUM será instruido por inspectores de Obras Particulares para poder constatar cualquier eventual denuncia y darle el curso que corresponda, evitando falsas alarmas.
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