Una de las grandes cartas de las que dispone el gobernador Miguel Lifschitz en el inicio de su mandato pasa por los recursos extraordinarios para destinar a obra pública. Esto, que puede ser la envidia de sus antecesores y de otros gobernadores, tiene su lado a cuidar. Como dice el refranero popular: billetera mata galán.
En el caso de la obra pública se corren dos riesgos básicos. Uno es la clásica cartelización empresaria, es decir que entra las constructoras acuerden levantar los precios y repartirse las obras, muy propio de los tiempos de bonanza. El segundo riesgo es que la cantidad de proyectos sobrepase la capacidad del mercado de la construcción.
Para sortear estas dificultades, el Poder Ejecutivo sacará la semana próxima decretos que modifican reglamentos referidos a licitaciones y contrataciones, según confirmó el ministro de Infraestructura José León Garibay.
Por un lado, los posibles oferentes ya no deberán comprar los pliegos, sino que los podrán bajar de forma gratuita por la plataforma web de la provincia. De esta manera, nadie sabrá de antemano quiénes y cuántos son los grupos dispuestos a ofertar. Busca así evitar que se pongan de acuerdo para levantar los precios.
Por otro lado se quiere abrir el juego a empresas de otras jurisdicciones. Ahora las constructoras de otras provincias pueden participar, pero corren de atrás en relación a las constructoras locales, que por esa condición ganaban puntos en las licitaciones.
En diálogo con El Ciudadano, el ministro de Infraestructura José León Garibay afirmó que los cambios se dan en tres frentes: “En los procesos licitatorios, en la gestión interna y en la ampliación de ofertas”.
“Lo primero es modificar por decreto el reglamento de la ley de obra pública, modificando el sistema de compra de pliegos. Esto va a permitir que nadie sepa hasta el momento de la presentación de las ofertas quiénes son los que van a competir. También allí bajamos exigencias sobre documentación burocrática para hacer más sencillo la tramitación”, indicó.
Garibay explicó que también se modifica por decreto el Registro de Licitadores “para hacerlo más ágil, menos burocrático, por ejemplo en lo referido a los cambios en la capacidad de contratación de las empresas o la inscripción de las uniones transitorias de empresas”.
El otro objetivo clave es bajar los tiempos de licitación de obras: “El promedio siempre estuvo en los cuatro meses, hoy ya bajamos a dos y la meta es llegar a 30 días con todos estos cambios que estamos implementando”.
Hay otro aspecto al que apunta la Casa Gris, sobre la que el ministro no dio demasiado detalle. La razón es que no se trata un cambio que pueda hacer el Poder Ejecutivo por decreto sino que deberá pasar por la Legislatura. Y más aún, implica modificar una ley votada hace apenas 8 meses que aumentó la protección a las empresas locales a la hora de contratar obra pública.
El gobierno entiende que esa protección es excesiva y que los recursos disponibles para obra pública en los próximos años garantizan trabajo para todos, santafesinos y de afuera también. Por el contrario, cree que si logra ampliar la oferta, evitará la cartelización y mejores ofertas.
Cambios para cuidar los recursos
Los cambios en materia de licitación llegan en un momento clave, en el que el gobierno provincial acaba de obtener autorización legislativa para emitir deuda por 500 millones de dólares con la única finalidad de destinarlo a obras de infraestructura. Si como todo indica, el gobierno central habilitará la emisión con rapidez (la semana próxima el ministro de Economía Gonzalo Saglione solicitará la no objeción por parte del Estado nacional, garante de última instancia del crédito), se estima que en los últimos meses del año Lifschitz dispondría del dinero. La idea inicial es emitir los 500 millones de una sola vez, a excepción de que las condiciones del mercado lo desaconsejen, y entonces Saglione emitirá de a tramos.
Además, este año la provincia cuenta más de 11.000 millones de pesos de presupuesto en el área obras públicas, respaldado por un flujo regular de fondos que llegan desde Nación, provenientes del 15% de coparticipación que desde enero pasado se repuso a la provincia por orden de la Justicia y que, en el caso de Santa Fe, se destina exclusivamente a bienes de capital.
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