El Ciudadano
Las empresas constructoras de la provincia están preocupadas por la caída que se viene en el ritmo de obra pública después de los recortes nacionales para hacer frente a la megadevaluación de la semana pasada. A eso le suman el anuncio de la intendenta Mónica Fein de suspender nuevas licitaciones.
Las medidas podrían impactar de lleno en los puestos de unos 2 mil trabajadores que forman parte de los 10 mil que en la actualidad están vinculados a la obra pública. Desde el sector mantendrán reuniones quincenales con autoridades provinciales y municipales para analizar cada contrato en particular y buscar soluciones a cada proyecto.
“Durante estos años la provincia invirtió constantemente en obras públicas. La caída de licitaciones nos preocupa porque representa la pérdida de esa continuidad de trabajo para las empresas y los obreros. Un 25 por ciento de ellos están afectados a la obra pública”, dijo a El Ciudadano Rubén Llenás, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Delegación Rosario.
Para las constructoras el recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino por los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional profundizaría la compleja situación del sector.
Señalaron que el ajuste nacional de los subsidios al transporte, fondo sojero y el no pago del convenio bilateral para la Caja de Jubilaciones, que en Santa Fe es de 5.800 millones de pesos y debería haberse girado en el primer trimestre del año, provocará una deuda que impactará en la actividad.
La fuerte devaluación del peso fue lo que agravó la situación del sector. A eso se sumó el anuncio del viernes de la intendenta Mónica Fein que, entre otras medidas, anticipó la suspensión de las licitaciones de obras pública que aún no hayan comenzado.
“En 2019 el presupuesto fue cercano a los 27 millones de pesos. Fue usado en la concreción de obras y nos garantizó trabajo a las empresas y a los obreros. Santa Fe no sufrió los embates de otras jurisdicciones. Si atrasan las obras y no hay una licitación nueva que las reemplace pueden suspenderse los contratos con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. La industria de la construcción tiene una ley por la que el obrero cobra un fondo de desempleo automático, pero no deja de preocuparnos”, agregó Llenás.
Los representantes de las delegaciones locales y provinciales de la CAC mantuvieron reuniones con los ministros de Economía provincial, Gonzalo Saglione, de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y de Obras Públicas, Pedro Morini, junto el secretario de Hábitat, Diego Leone.
Analizaron los números de las obras públicas y consensuaron reducir el ritmo de los trabajos. “Desde la cámara analizamos cada obra y cada contrato para pensar qué solución podemos darle”, señaló Llenás.
Mano de obra
En la actualidad, en el gremio de la construcción (Uocra) trabajan alrededor 40 mil personas de las cuales 10 mil están vinculados a la obra pública.
Desde la CAC adelantaron que la disminución del ritmo de las construcciones en marcha y la demora en el lanzamiento de nuevas licitaciones hasta la nueva gestión podrían provocar un recorte de 2 mil puestos de trabajo.
Los representantes del sector acordaron tener reuniones quincenales para hacer un seguimiento de la situación. También prevén convocar a referentes designados por el gobernador electo Omar Perotti y facilitar una transición en una situación económica compleja.
Los constructores pedirán a los legisladores y candidatos a diputados que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia y alivien la problemática de las empresas y el riesgo laboral.
“Continuamos trabajando con esta gestión en el día a día. Ya pensaremos en la transición. La cámara tiene el espíritu de colaborar para tratar de llegar a los mejores acuerdos y que las obras se hagan, lleguen a los usuarios y que los obreros tengan empleo”, concluyó Llenás.
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