En su última sesión el Concejo Municipal aprobó un detallado pedido de informes presentado por los ediles María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa, del bloque Encuentro por Rosario, a partir del dictamen Nº 368 del Tribunal Municipal de Cuentas respecto a resoluciones emitidas por la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad durante el año 2008.
Los concejales requieren que la información que solicitan sea elevada al cuerpo colegiado en un plazo de 20 días hábiles.
Así alude a actos administrativos que presentan errores formales en las resoluciones sobre licitaciones privadas 038, 129, 242, 396, 421, 424, 603, 681, 975, 1.026, 1.165, 1.245, 1.295 y 1.364. Al respecto plantea que “la suma de los montos adjudicados según el artículo primero –de cada convocatoria– no coinciden con el artículo segundo donde dispone el total a imputar a la partida presupuestaria correspondiente”.
En tal sentido consultan sobre cuáles fueron los montos adjudicados y cuáles los imputados. Requiere el envío de toda la documentación y las respuestas del responsable del área respectiva.
Preguntan asimismo acerca de “actos administrativos con el mismo número” y aluden al dictamen Nº 354 que expresa que “todas las resoluciones y decretos deben tener un orden correlativo por lo que resulta inadmisible que se coloque el bis a una resolución, pues ello atenta contra el principio de transparencia de los actos de gobierno, que debe primar en el actuar de toda administración”.
Resoluciones “mellizas”.
De manera específica consignan que “se observó la existencia de dos resoluciones con el Nº 1.329/08” y agregan que una de ellas, del 27 de noviembre del 2008, es una licitación privada del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para la adquisición de uniformes de enfermería, camilleros y mensajeros y la restante, del 28 de noviembre, es una licitación del mismo efector para la compra de material descartable.
Acerca de tal situación requieren saber “cuál fue la razón por la que se le asignó el mismo número a dos resoluciones distintas; cuál fue el objeto de cada licitación, sus montos y el listado de proveedores”.
Otro ítem se vincula a “resoluciones de adjudicación de licitaciones privadas en las que se consigna incorrectamente el nombre o razón social de las adjudicatarios”.
Señala con esa situación a las resoluciones de licitaciones privadas números 025, 027, 029, 031, 032, 037, 040, 041, 054, 070, 085, 108, 110, 129, 130, 132, 135, 172, 173, 175, 176, 177, 182, 225, 252, 274, 276, 279, 290, 332, 333, 399, 425, 472, 512, 514, 620, 747, 827, 931, 937, 974, 983, 1.010, 1011, 1.028, 1.039, 1.074, 1.201, 1.222, 1.340, 1.341, 1.350, 1.377, 1.393, 1.406 y1.407. Acerca de las mismas indican “por qué se consigna incorrectamente el nombre o razón social de los adjudicatarios”.
También consultan los ediles de Encuentro por Rosario sobre el objeto de cada licitación, montos de las mismas y proveedores adjudicados.
Respecto a otra situación, preguntan respecto de “actas-acuerdo de prórroga de contratos en las que no puede determinarse el monto de la erogación”, entre ellas las resoluciones 068, 277, 815, 1.299 y 1.356. Piden en tal sentido “copias de los contratos originarios y de las actas-acuerdo”.
Por otra parte, preguntan sobre la resolución Nº 009 del 4 de enero de 2008, por la que se adjudica la licitación privada Nº 08-088/07 “para la contratación del servicio de vigilancia física para los centros de salud de atención primaria de la Secretaría de Salud Pública a la empresa Mendoza Seguridad Privada, de María Luisa Tarallo, por 200.000 pesos, dado que el importe adjudicado supera en un 50,376 por ciento al presupuesto oficial, que era de 133.000 pesos”.
Sobre la cuestión recuerdan que en su momento el Tribunal Municipal de Cuentas pidió un informe que no fue respondido.
En el extenso pedido de los ediles Bielsa y Rosúa se consulta acerca de “la prórroga del contrato para el servicio de limpieza del Instituto del Alimento, desde el 1º de junio de 2008”, cuando el pliego de bases y condiciones publicado en la página web de la Municipalidad no preveía opción de prórroga.
Asimismo quieren saber sobre contrataciones directas que, dado los montos involucrados, superaban el importe fijado para este tipo de procedimiento. Al respecto se menciona la contratación del servicio de flete para la Maternidad Martin-Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) y para la contratación de servicio de chofer con vehículo para la dirección del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.
Al fundamentar, el pedido de informes Bielsa y Rosúa destacan que “el principio de transparencia de los actos de gobierno debe primar en cada resolución emitida por todo funcionario público”. Asimismo mencionan la ley Nº 25.188 de ética de la función pública y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
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