La causa que investiga una serie de estafas presuntamente realizadas por Carlos Dante Retamal, de 52 años, y su pareja Claudia Fernández, de 52, derivó en un nuevo allanamiento este jueves realizados por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en la mutual 21 de noviembre, ubicada en San Lorenzo al 1300 del microcentro rosarino. Los uniformados también requisaron el domicilio particular del titular de la firma, quien se encuentra detenido, ubicada en calle Comodoro Rivadavia al 2600.
La medida fue dispuesta para buscar documentación de interés para la causa que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos Mariano Ríos Artacho. En el marco de esa investigación, Retamal y Fernández ya fueron acusados el 9 de noviembre pasado.
Según se ventiló en esa audiencia imputativa, las maniobras defraudatorias ascendieron a un monto cercano al medio millón de dólares. La mayoría de las víctimas fueron personas mayores de edad o que pertenecían al círculo de confianza de los acusados.
La pareja fue acusada de ofrecer falsos servicios de asesoramiento contable e impositivo a través de un estudio ubicado en la vecina localidad de Granadero Baigorria, además de seguros para vehículos o para retiro, los cuales eran fijados como plazos fijos.
Retamal quedó con prisión preventiva por el plazo de ley y Fernández consiguió la libertad con restricciones, entre ellas una caución de 300 mil pesos, prohibición de contacto con las víctimas y la presentación semanal en la oficina de Gestión Judicial.
Según la acusación del fiscal Ríos Artacho, Retamal y su pareja ofrecían a las víctimas realizar inversiones en San Cristóbal Seguros de Retiro y en la Asociación Mutual para el Desarrollo (AMDR) y de esa manera los asesoraban para que realicen plazos fijos tanto en pesos como en dólares, con distintas tasas de interés. Por ese motivo también resultaron víctimas de las maniobras las empresas para las cuales la pareja decía trabajar.
El fiscal también aclaró que Retamal había trabajado para la firma San Cristóbal pero se había desvinculado de la misma a fines de 2017. En la acusación también se mencionó que los formularios que les hacían completar a las víctimas eran apócrifos: estaban prediseñados e impresos en cartulina para que parezcan originales. También insertaban números de póliza falsos.
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