El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado hoy por segunda vez sin prisión preventiva por haber desobedecido una orden judicial que en 2006 había frenado la licitación de un corredor ferroviario.
El ex funcionario, a quien el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi además le trabó un embargo de 30 mil pesos, está acusado de no acatar la orden emitida por el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, que había dispuesto dejar sin efecto el proceso licitatorio para la privatización del corredor ferroviario que une las provincias de Buenos Aires y Misiones.
Jaime también afronta otras causas en Comodoro Py 2002, entre otras por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, y este constituye su segundo procesamiento.
El ex funcionario se había presentado a la citación indagatoria días atrás y si bien no respondió preguntas, entregó un escrito en el cual negó la acusación y adujo que el fallo del juez Soto Dávila había perdido vigencia al momento de ser firmado.
“Debe tenerse en consideración, que la licitación sustanciada y llevada a cabo en el seno de la Secretaría de Transporte de la Nación se encontraba a cargo y a la decisión final que sobre el proceso adoptara el señor Jaime en su calidad de funcionario y autoridad máxima del organismo, por lo que la responsabilidad del hecho objeto de investigación recae en su persona”, señaló el juez De Giorgi en su fallo de 21 carillas al que tuvo acceso Noticias Argentinas.
Al evaluar si corresponde o no la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta que Jaime “posee domicilio en este ejido capitalino, demostrando un comportamiento voluntarioso en el trascurso de la instrucción, constituyendo domicilio legal y contando con asistencia letrada de su confianza”, por lo que decidió que el procesamiento lo sea sin la detención.
En agosto de 2009, Martínez De Giorgi había sobreseído a Jaime luego de citarlo a indagatoria, pero la Cámara Federal revocó esa resolución y le ordenó profundizar la investigación.
Ahora, Martínez De Giorgi entendió que había elementos suficientes para procesarlo bajo el artículo 239 del Código Penal, el cual prevé “prisión de quince días a un año, al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Jaime también afronta otra investigación que lleva a cargo el juez Claudio Bonadío por presuntamente haber sido beneficiado con viajes al exterior o pago de alquileres del departamento que aún vive en la Capital Federal por empresarios privados, a los que debía controlar en calidad de secretario de Transporte.
En esta causa, Jaime y también empresarios privados fueron procesados por Bonadío, y esa medida ahora se encuentra a estudio de la Cámara Federal.
La otra investigación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre Jaime y su familia está a cargo del juez Oyarbide, y si bien el ex funcionario aún no fue procesado, la causa viene avanzando en las últimas semanas con varios allanamientos dispuestos por el magistrado.
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