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Nuevo procedimiento contra trabajo irregular

Allanaron una finca frutihortícola próxima a Mar del Plata donde empleaban en forma precaria a braceros bolivianos.

La denuncia de una organización no gubernamental sobre trabajo irregular de los asalariados de un establecimiento frutihortícola ubicado en cercanías de Mar del Plata originó un procedimiento ejecutado por efectivos de Gendarmería Nacional y otros organismos que detectó la existencia de 297 personas procedentes en su mayoría de Bolivia que eran obligados a desempeñar sus tareas en condiciones precarias.

El operativo se llevó a cabo en una explotación de la Compañía Frutihortícola SA, conocida como Frutillar, ubicada en el paraje La Peregrina, en el kilómetro 19 de la ruta 226, a 19 kilómetros al oeste de Mar del Plata.

El delegado regional del Ministerio de Trabajo provincial, José San Martín, dijo que la firma propietaria del establecimiento ya había sido sancionada por esa cartera, “y si bien hicieron algunas mejoras, como en la planta exportadora, falla en algunas cuestiones como las de higiene”.

También reconoció que “algunos empleados trabajan entre 14 y 15 horas por día para ganar unos 2.000 pesos al mes” aunque refirió que no se había podido detectar el trabajo de menores de edad”, en lo cual disintió con Patricia Gordon, de la ONG Alameda –cuya denuncia desató el procedimiento–, quien afirmó que “se vio explotación infantil, personas esclavas e indocumentadas”.

Gordon agregó que “las viviendas donde residen los trabajadores son precarias, ubicadas cerca de material agrotóxico, con el peligro que eso conlleva”, y señaló que personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a la Víctima de Trata de Personas del Ministerio de Justicia, convocado al lugar, “brindó asistencia a los trabajadores que se encontraban en condiciones laborales irregulares”.

Del procedimiento también participaron agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), del Cuerpo Médico Forense de la Policía Bonaerense y de la Dirección de Migraciones, quienes constataban la situación legal de los trabajadores bolivianos en presencia del dueño del establecimiento, Andrés Moretti, presente en el lugar junto con su abogado.

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