El 90% de las mujeres y personas trans que ejercen la prostitución en la calle sufrieron algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, según un relevamiento presentado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-CTA) y la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex).
Los datos surgen de una encuesta a 363 mujeres y personas trans que ejercen la prostitución en los barrios porteños de Once, Flores y Constitución sobre sus experiencias en 2016, arrojó que el 80% fueron detenidas o demoradas arbitrariamente, que en ningún caso hubo una causa judicial posterior y en un 27% no quedó registro en la comisaría.
“En muchos casos estas demoras o detenciones se dieron cuando la compañera ni siquiera estaba trabajando porque los efectivos de seguridad ya las conocen del barrio, entonces, por ejemplo, le piden documentos y si no lo tienen las llevan”, explicó Georgina Orellano, secretaria general AMMAR.
Entre las causas de detención, 52% fue por ‘averiguación de antecedentes’ y 13% por ‘falta de DNI’, mientras que un 7% no dio ninguna explicación, según el relevamiento del que se hace eco el Diario Popular.
El informe señaló además que “ninguna trabajadora sexual dijo haber sido bien tratada”, y que un 58% recibió pedidos de soborno para no ser trasladadas o que no se les labre el acta.
Del total relevado, 227 respondieron la pregunta acerca de si habían realizado la denuncia, de las cuales 203 dijeron que no, y de ese grupo un 57% expresó que fue por miedo a las represarías, 20% por desconocimiento de dónde denunciar, 9% por temor a ser discriminadas y 7% por sentir vergüenza.
“Los procesos de requisa son siempre más violentos con las trabajadoras sexuales trans”, indicó el informe, que señaló que “las trabajadoras sexuales migrantes, que representan el 41% de las encuestadas, denuncian persecución y acoso con agresiones verbales, xenófobas y racistas por parte de la policía”.
Si bien el informe estuvo centrado en la violencia de las fuerzas de seguridad, AMMAR indagó también sobre el nivel educativo. “El 33% de las trabajadoras sexuales no supera los estudios primarios, y si a ello le sumamos aquellas que no completaron el secundario, el porcentaje asciende a 60%’, de acuerdo al documento.
“Además tenemos compañeras que no saben ni leer, esto es terrible porque las hacen firmar actas que ni saben lo que dicen y que no les dan copia; el bajo nivel educativo las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los abusos”, describió Orellano.
La secretaria de AMMAR explicó que “la prostitución no es un delito a nivel nacional, sin embargo, en los niveles provinciales y locales existen normas que prohiben los ámbitos de trabajo; por ejemplo, en la Ciudad el artículo 81 prohibe ejercer la prostitución ‘de manera ostensible’, lo que es complicado porque queda abierta a lo que le parece al policía”.
“Para ellos ‘ostensible’ puede ser estar parado en la esquina; entonces labran un acta contravencional (o detienen o demoran) cuando en realidad sólo lo podrían hacer a partir de la orden de un fiscal, y esto no sucede jamás”, agregó.
