Política

Debate demorado

Nueva postergación para la audiencia pública por la nueva ley de ART

Se iba a realizar este miércoles, pero fue pospuesta “por cuestiones de agenda” hasta el 18 de septiembre. Según el diputado Giustiniani, impulsor de la audiencia, la reforma normativa que exige el gobierno nacional es “inconstitucional”


Por segunda vez, se postergó la audiencia pública en la que se iba a discutir la adhesión de la provincia de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART. De esta manera, se dilatan los tiempos para el tratamiento del proyecto que tiene media sanción del Senado desde el pasado 4 de julio y que, para algunos sectores de la oposición, es “inconstitucional”.

La Cámara de Diputados aprobó el 1º de agosto una iniciativa de los diputados del interbloque Igualdad Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger por el cual se resolvió convocar a sindicatos, abogados laboralistas, dirigentes empresarios, especialistas y académicos a un debate público en el hall de la Legislatura para “analizar en profundidad las objeciones planteadas al proyecto”, en particular desde el lado de los trabajadores.

La presidencia de la Cámara baja anunció que la audiencia iba a realizarse el 21 de agosto, pero unos días antes de esa fecha se postergó hasta el 28 de agosto. Lo mismo ocurrió con esa segunda fecha, pero la nueva postergación dilata aún más los tiempos del debate, ya que la audiencia fue convocada recién para el 18 de septiembre.

La postergación se decidió en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la provincia. Según indicaron, fue por “una cuestión de agenda”. No obstante, distintos referentes de la oposición dejaron entrever que se trata de una decisión que apunta a postergar el debate del proyecto enviado en diciembre de 2018 por el gobernador Miguel Lifschitz, tras una fuerte presión del presidente Mauricio Macri. Ese proyecto tuvo media sanción unánime del Senado, pero en la Cámara baja las posiciones están divididas y la sanción definitiva es incierta.

Sobre el proyecto

El proyecto apunta a que la provincia adhiera a la ley nacional 27.348, complementaria de la ley nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. El objetivo, según el gobierno, es bajar los costos laborales y reducir la litigiosidad. Pero la mayoría de los gremios observan que hay un intento de flexibilizar las condiciones laborales.

El tema está al tope de las demandas de la Nación a la provincia, a tal punto que horas antes de la media sanción del Senado, el presidente Mauricio Macri dijo que era una “vergüenza” que Santa Fe no haya adherido aún a la nueva ley de ART y explicó que “mientras la ciudad de Buenos Aires paga 2,3% de alícuota, Santa Fe paga 4,4 %”.

Si el proyecto se convierte en ley, ante una situación de enfermedad o accidente laboral, antes de un litigio judicial contra el empleador o la empresa, el trabajador deberá iniciar en forma obligatoria un trámite ante las comisiones médicas (serán cinco en toda la provincia) para resolver el conflicto de manera más rápida. Para el empleador, implica una rebaja en el costo de las ART.

“Inconstitucional”

Uno de los impulsores de la audiencia pública, el diputado opositor Rubén Giustiniani, se mostró a favor del debate y en contra de la reforma de la normativa vigente: “Es fundamental que se haga la audiencia para que vayan todos los interesados en este tema; nosotros ya manifestamos que estamos en contra”.

Según indicó el diputado provincial en declaraciones a El Ciudadano, “es necesario” que se realice la audiencia pública “como un mecanismo de participación”. Por eso su iniciativa establece que tendrán que ser convocados los sindicatos de todas las centrales gremiales, la Asociación de Abogados Laboralistas, representantes de la Justicia Laboral, de los Colegios Profesionales, de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con sede en la provincia y representantes de Cámaras Empresarias y del Poder Ejecutivo provincial.

Giustiniani coincide con la mayoría de los sindicatos en que la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART es un primer paso hacia un esquema de flexibilización laboral. “Y también es inconstitucional porque antepone el mecanismo de las comisiones médicas al derecho a acudir a la Justicia Laboral”, añadió el diputado del interbloque Igualdad.

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