Con pronóstico incierto sobre el éxito de la iniciativa, comienza hoy la ronda de diálogo del gobierno de Antonio Bonfatti con los partidos políticos sobre la reforma de la Constitución provincial. El tema viene siendo promovido por el Ejecutivo con algunas resistencias de la oposición, vinculadas no tanto con el fondo de la cuestión sino con la oportunidad que eligió el gobierno para iniciar las consultas: en medio de las negociaciones salariales con el sector público, con un contexto económico inestable y con otras urgencias –como la seguridad– que aparecen al tope de la agenda.
Con todo, Bonfatti está dispuesto a dar pelea por la reforma de la Carta Magna y para dialogar sobre el tema se reunirá hoy, en Santa Fe, con representantes de los partidos del Frente Progresista. En tanto, mañana hará lo propio en la sede de Gobierno en Rosario con las autoridades del Partido Justicialista y del PRO.
La reforma –que intentó sin éxito el ex gobernador Hermes Binner– viene siendo fogoneada por Bonfatti desde su asunción a fines de 2011. El inusual tablero político santafesino –con el PJ controlando las dos cámaras legislativas– obliga al Ejecutivo a buscar consensos para poder avanzar hacia la actualización de la Constitución, cuya última reforma fue en 1962. De la voluntad del PJ depende la suerte que pueda correr la iniciativa oficial.
En el gobierno están convencidos de que 2014, por ser un año sin elecciones, es una ocasión propicia para avanzar hacia la reforma. La oposición comparte la necesidad de actualizar el texto para incorporar nuevos derechos y figuras, pero al mismo tiempo señalan que hay otras prioridades como la seguridad y la situación económica. “En términos políticos, la reforma no está en un orden de prioridades para que tenga consenso”, sintetizó el titular de la Cámara de Diputados y referente del kirchnerismo en la provincia, Luis Rubeo, a El Litoral.
En tanto, el diputado del PRO Raúl Fernández planteó sus dudas sobre la oportunidad de la convocatoria: “Creemos que haría falta una modificación, no estaría mal cambiar varias cosas de la Constitución, pero no sabemos si es el momento. Hay prioridades para la provincia que quizás merezcan tratamiento más urgente, como la seguridad”. La reelección del gobernador, la autonomía municipal, la composición de las cámaras legislativas, los derechos de la niñez y de la ancianidad, el Consejo de la Magistratura, las funciones del defensor del Pueblo y los derechos ambientales son algunos de los puntos que el gobierno quiere poner el debate.
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