Juan José Placenzotti, intendente radical de San Carlos Centro y que busca la reelección recibió una segunda condena judicial en su mandato por la persecución política los trabajadores.
En abril, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral (Sala I) ratificó una sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que lo condenó a retractarse y pedir disculpas porque llamó “patota municipal” a quince empleados del municipio que ejercían su derecho de huelga por salarios adeudados, en 2021.
La misma Sala confirmó esta semana otro fallo de la jueza María Victoria Acosta condenándolo a devolverle al secretario general del sindicato, Andrés Martínez, los salarios de dos años y medio, más los correspondientes intereses, que le quitó después del conflicto de 2021, informó Página 12.
Durante ese período “el dirigente gremial fue sometido a diversas persecuciones y violaciones de sus derechos”, denunció en su momento el abogado Juan Andrés Pisarello, que lo patrocinó en la demanda.
La reciente sentencia ordenó, como ocurrió en la anterior, que las costas del juicio las pague el “vencido”, que es Placenzotti, con un fundamento que se entiende: “el hecho objetivo de la derrota”. Son dos condenas confirmadas por la Cámara, hasta ahora. Porque en el Juzgado de Acosta se tramitan más causas del “caso San Carlos Centro”, como le dicen en Tribunales a las “actitudes autoritarias” del intendente de la UCR que invierte dinero de los contribuyentes y sus votantes en perder juicios.
Desde 2015 Martínez es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) y cuatro años más tarde fue reelecto hasta 2023. Pisarello dijo que la escalada del intendente de San Carlos Centro contra el gremio tiene un “punto de inicio, que es una gran huelga del Sitram, a comienzos de 2021”.
“El abogado recordó que Placenzotti desconoció el “estatus” del líder del sindicato, “dejó de pagarle el salario” y “se dedicó a ultrajar públicamente” a “militantes sindicales y trabajadores huelguistas”, a quienes estigmatizó en el propio portal del municipio y en medios locales como la “patota municipal”.
A raíz de estas publicaciones, Placenzotti recibió su primera condena. Y en mayo de 2022, el juez Candioti le ordenó retractarse y pedir disculpas a sus perseguidos y en abril de 2023, la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia que quedó firme porque no fue recurrida por el condenado. “Un fallo histórico en materia de protección de derechos personalísimos de trabajadores sindicalizados en conflictos colectivos”, lo definió Pisarello.
El fallo de la Justicia repercutió incluso en la Legislatura, cuando el diputado de la UCR Fabián Palo Oliver lo calificó: “Ejemplar fallo condenatorio para una familia que, permanentemente, lesiona los derechos laborales de las y los trabajadores municipales”, dijo el legislador.
Pisarello dijo que después de la huelga de 2021, Placenzotti planificó el “desmembramiento” del Sitram, que enfrentaba sus “actitudes autoritarias”. Y con “fundamentos precarios”, la Municipalidad de San Carlos “comenzó un proceso de exclusión de la tutela sindical sobre dirigentes del gremio”. “Así quedó al desnudo la visión del municipio de subvertirse a cualquier diálogo con la representación obrera y a neutralizar cualquier tipo de actuación gremial”. A eso, se sumaron “otras acciones del municipio contra los trabajadores que reclamaban por sus derechos”.
La segunda condena que recayó sobre Placenzotti es por la “retención indebida” de los salarios de Martínez. La jueza Acosta le ordenó devolverlos en octubre de 2022, en una sentencia que la Cámara de Apelaciones confirmó este martes. “Cuando el municipio dejó de abonar el sueldo al secretario general de Sitram (que pagó normalmente hasta la huelga de 2021) incurrió en “alteración del contrato que no encuentra prima facie respaldo legal que lo justifique”, comentó Pisarello al citar la sentencia.
La Cámara explicó que “existía una situación de hecho”: que Martínez ya tenía una “licencia gremial” y “percibía sus remuneraciones, pero sin que cambie esta circunstancia, su pago se interrumpió en el 2021. Es decir, después de la huelga”, apuntó el abogado.
“Cabe acotar que las costas del juicio deberán ser asumidas por la Municipalidad de San Carlos Centro”, cerró Pisarello.
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