El gobierno nacional admitió que no logró aún alcanzar un anunciado acuerdo de precios con laboratorios, ya que las empresas del sector propusieron una reducción en los valores de algunos medicamentos, pero sin incluir los productos de mayor demanda. Así lo admitió ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al señalar que se observa que “la oferta desde el punto de vista de reducción de precios no está formada por aquellos productos de mayor nivel de demanda relativa”.
El funcionario dijo que el gobierno nacional propone a “los laboratorios establecer precios que no excedan el 7 por ciento respecto de diciembre”.
Y señaló que el Ejecutivo le reclamó a los laboratorios que incluyan en el listado de medicamentos aquellos de mayor demanda entre la población.
En tanto, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos señaló ayer en un comunicado que “Caeme (empresas multinacionales), Cilfa (empresas nacionales) y Cooperala (cooperativas de capital argentino) se niegan a rebajar los precios aduciendo el alto componente del dólar; sin embargo, la incidencia de la moneda extranjera no supera el 15% en la mayoría de los medicamentos”. Y agregó: “No firmaron el acuerdo para retrotraer el precio de 18.000 medicamentos, solo ofrecen congelar el precio de 600 productos, pero es insuficiente ya que suelen ser productos de poca utilidad terapéutica”.
“La Secretaría de Comercio autorizó en 2013 un aumento promedio de 18%, pero en diciembre 2013 y enero 2014 –cuando cambió el secretario– se produjeron incrementos promedio del 30% que no están justificados”, denunciaron.
“Los laboratorios dicen que subsidian al Pami y a las obras sociales, pero no es verdad ya que el subsidio lo paga la farmacia con la bonificación que se le cobra por atender al afiliado”, agregaron desde el sindicato.
“Los laboratorios de marca se niegan a bajar sus precios porque gastan mucho en marketing y «premios y regalos al médico» que incrementan el precio del producto, mientras la cámara que nuclea a los laboratorios genéricos – Capgen- sí aceptó incrementar sólo 9%”, añadió el comunicado.
“El consumidor debe protegerse consultando al farmacéutico, es el profesional universitario experto en medicamentos que está autorizado a sustituir un medicamento de marca por otro equivalente y más económico”, concluyó el documento del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
“Abusos”
Por su parte, el secretario de Comercio, Augusto Costa, reconoció que en el país hay “abusos” con los precios, pero aseguró que desde el gobierno no se va a “limitar la rentabilidad empresaria” para frenar esa situación.
“Lo que estamos viendo hoy es un abuso (con los precios). Los aumentos de los salarios en Argentina en los últimos 10 años fueron impresionantes, pero eso no justifica ni permite aceptar que te saquen esa plata del bolsillo”, advirtió el funcionario.
En un reportaje a la revista Hamartia, Costa explicó que cuando hay un Estado “muy preocupado por mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos, sobre todo los más postergados, al mismo tiempo hay formadores de precios que pretenden aprovecharse de esa situación cobrando precios más caros”.
“Los formadores de precios se apropian así de lo que debería corresponderle al consumidor o a eslabones más débiles de la cadena como los pequeños productores, que están más descentralizados y son pocos y tienen que negociar con las grandes empresas”, añadió. Costa dijo que “ahí aparecen rentabilidades no razonables o precios no justos. Por eso estamos con nuestra política de administración de precios, para evitar esos abusos”.
Sin límites a la rentabilidad
Además, el funcionario rechazó que el gobierno busque limitar la rentabilidad empresaria. “No se trata de limitar la rentabilidad, porque no es un problema la rentabilidad empresaria. De hecho, una economía se mueve en base a rentabilidad empresaria. Las tasas de inversión en la Argentina de los últimos 10 años fueron altas y en 2011 hubo un récord del 24 por ciento del PBI”, enfatizó.
Piden regular las sanciones
El senador oficialista Aníbal Fernández (FPV) presentó un proyecto para que las sanciones a fabricantes y comercios por violación a la ley de Lealtad Comercial se ejecuten, aún cuando hayan sido recurridas ante la Justicia.
El proyecto de ley modifica el Artículo 22 de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, estableciendo que los recursos interpuestos “contra actos administrativos que disponen sanciones, se concedan únicamente con efecto devolutivo”. En consecuencia, una sanción aplicada a un comercio por infracción a la ley 22.802, según se indicó, podrá ejecutarse aún cuando el fabricante o comerciante haya apelado la decisión administrativa del gobierno. El jueves pasado, Fernández ya había introducido con idéntico fin una iniciativa de reforma de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
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