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“No existen motivos legales para remover a Gils Carbó”

No es válido decir que debe dejar su cargo porque es militante y cercana al Gobierno, sostuvo la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort.


La directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort, consideró que “no existen motivos legales” para pedir el juicio político contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, y afirmó que la titular del Ministerio Público Fiscal es objeto de una “campaña de odio”.

“No existen motivos legales para impulsar el juicio político a Gils Carbó. No es válido decir que debe dejar su cargo porque es militante y cercana al Gobierno. Recordemos que el jefe de Fiscales de la Ciudad, Martín Ocampo, fue diputado del PRO en dos ocasiones”, remarcó Peñafort.

En declaraciones a Radio Télam, la funcionaria observó que hay sectores que a la procuradora “no le perdonan” haber firmado cuando era fiscal un dictamen contra la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal, llevadas a cabo por el grupo Clarín en 2007.

“No le perdonan a Gils Carbó el hecho de objetar la fusión de esas dos empresas de televisión por cable que impulsó Clarín. Por eso es que hay contra ella una campaña de odio”, señaló.

La abogada recordó que Gils Carbó tiene mandato constitucional y fue designada por acuerdo del Senado de la Nación, y que le resulta “sorprendente que los dirigentes que se dicen defensores de las instituciones” insistan con remover a la funcionaria judicial.

“El fin de semana nos enteramos que los dirigentes de la oposición pretenden remover a la procuradora y que «no les va a temblar el pulso a la hora de recurrir a los DNU» (Decretos de Necesidad y Urgencia). La verdad, llama la atención que después se muestren como los defensores de la República”, apuntó.

De esta forma, Peñafort se refirió a las declaraciones formuladas por el senador nacional de la UCR Ernesto Sanz, integrante de la alianza Cambiemos que postula como presidente a Mauricio Macri.

Al respecto, la letrada recordó que los DNU no pueden aplicarse para resolver cuestiones penales, y cuestionó que se anuncie “un uso indiscriminado de ese mecanismo”.

“Sanz debería leer la Constitución e informarse en torno a cómo se aplican los DNU. No pueden utilizarse para sancionar asuntos penales como la baja en la edad de imputabilidad”, finalizó diciendo.

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