El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (Inaes), cuya lentitud burocrática es padecida por la mayoría de las entidades solidarias argentinas, envió en tiempo récord a la Justicia una solicitud de intervención a la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto San Martín.
El conflicto que generó el pedido de intervención de la cooperativa por parte del Inaes fue la detención de su presidente, Herme Juárez, el pasado 1° de agosto, acusado de asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos, según señalaron fuentes judiciales.
En ese marco, el juez federal de Campana Adrián González Charvay procesó a Juárez y a su hijo Oscar, les impuso prisión preventiva y les trabó embargo por 500 millones de pesos.
Así, en menos de 72 horas, la Justicia federal designó como interventor a Juan José Schaer, un abogado de Buenos Aires “con experiencia en el manejo de corporaciones multinacionales”, según dieron cuenta partes oficiales de prensa. En la zona del Cordón Industrial se alojan empresas de la envergadura de Vicentín, Cargill, Bunge, Aceitera General Deheza, Terminal 6, Toepffer (ahora ADM), Dreyfus, Renova, Nidera y Terminal Puerto Rosario, todas empresas multinacionales o asociadas a ellas que exportan la producción agropecuaria nacional, las cuales “son los dueños verdaderos del bien público y propiedad del pueblo argentino que son esos muelles, esos puertos ubicados entre el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo de la bota santafesina”, remarcó el diputado provincial Carlos del Frade.
Con todo, la Cooperativa de Trabajos Portuarios tenía un alto reconocimiento a nivel internacional y gozaba de todas las calificaciones de certificaciones operativas. En ese marco, la Confederación Cooperativa (Cooperar) ofreció su colaboración para “fortalecer la presencia cooperativa en el puerto y así garantizar la mayor transparencia en beneficio de sus trabajadores y de sus usuarios”.
El pronunciamiento se hizo público a partir de los obstáculos judiciales impuestos a la Cooperativa de Trabajos Portuarios.
En un documento emitido el por Cooperar se reclamó “la mayor celeridad de la Justicia para cumplir con el proceso judicial iniciado, en aras de garantizar que todo delito sea castigado, y de minimizar los perjuicios a todos aquellos injustamente afectados”.
Asimismo, pidió “garantizar el derecho al trabajo y no provocar daño económico a la empresa ni a su patrimonio, que es propiedad de los trabajadores asociados”, además de “defender la organización cooperativa como medio para garantizar la defensa de los trabajadores y para que los beneficios de la actividad se vuelquen en la comunidad ”.
“Es posible y deseable que los trabajadores cuenten con sus propias empresas”, concluyó la Confederación, que además alerta sobre el posible aprovechamiento de estas circunstancias “para favorecer en forma indebida a empresas con intereses contrarios a la cooperativa y a los trabajadores en general”.
¿El único culpable?
En un extenso texto que hizo público el diputado provincial Carlos del Frade pregunta si el único culpable de la situación es Herme Juárez. En este sentido afirma: “La estampida del narcotráfico y del contrabando de armas en la Argentina del macrismo es directamente proporcional a las resoluciones y decretos que dinamitaron el control del Estado sobre puertos y aeropuertos.
Algún día los funcionarios nacionales que entregaron las puertas de acceso del país a empresarios nacionales y extranjeros deberán responder por esas decisiones que generaron decenas de muertes jóvenes en los barrios de las ex ciudades obreras de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, por nombrar solamente a las principales cinco provincias. Juárez es, hace y deshace porque lo dejan o dejaron ser, hacer o deshacer”.
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