Humberto Zambon (*)
La derecha argentina, tanto “Juntos por el Cambio” (PRO, UCR, Coalición Cívica y partidos menores) como los autodenominados “libertarios”, es reacia a dar precisiones sobre la política económica que propone y, en su lugar, pone conceptos abstractos, frases hechas o promesas de campaña que ni piensa tratar de cumplir (como el “Pobreza cero” o la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre la retribución laboral durante la campaña de Mauricio Macri del año 2015). De todas formas, para conocer su programa se puede recurrir a la Fundación Libertad y Progreso, que es la principal usina del pensamiento de la derecha argentina. Su director ejecutivo, Agustín Etchebarne, lo sintetiza en los siguientes puntos (Pulso, suplemento del diario Río Negro del 2-10-2021):
1. Dolarización de la moneda
2. Desregular la economía
3. Flexibilización laboral
4. Reducir los impuestos
5. Reforma del Estado.
Dolarización: es un antiguo anhelo de la derecha argentina, que había tomado fuerza a principios de siglo, luego de la crisis de 2001, y que vuelve periódicamente a su agenda cuando se habla de inflación. Implica la renuncia a la soberanía monetaria y a la utilización de esa herramienta de política económica. El ejemplo claro de dolarización es Ecuador, con el inefable asesoramiento de Domingo Cavallo, que así logró controlar la inflación con el costo de desocupación y recesión permanente. Lo más grave es que cuando el presidente Rafael Correa quiso recuperar la moneda nacional no pudo: se trata de un camino de ida con un regreso sumamente difícil.
Para darse cuenta lo que sería la dolarización para Argentina, basta pensar en lo que habría sido la actual pandemia sin posibilidades de una política monetaria expansiva: el gobierno tuvo que terminar y equipar hospitales, adquirir vacunas para toda la población y asistir a las familias que sufrieron las consecuencias económicas (IFE) y a las empresas con dificultades, para mantener la ocupación y la producción (ATP). En un país sin crédito (en “default” de hecho, como lo dejó Macri) hubiera sido imposible y la consecuencia hubiera sido el desastre sanitario como, lamentablemente, ocurrió en Ecuador.
Desregular la economía: implica abrir la economía argentina al mundo, sin restricciones al comercio interno y externo y al ingreso de capitales especulativos. Se aplicó en las experiencias iniciadas por José Martínez de Hoz (1976), Carlos Menem-Cavallo (años 90) y Macri (2015-2019) y en todos los casos terminó igual: destrucción de la industria local, endeudamiento externo, fuga de capitales y crisis global. Hay que tener en claro que en un país de industrialización tardía, como el nuestro, el desarrollo industrial requiere de la protección estatal; la desregulación lleva a la primarización de la economía, en la que sobraría la mitad de la población argentina. ¿Para qué industrializarse? En esta columna desarrollamos las llamadas “Leyes de Kaldor”, que muestran que el crecimiento del PBI y el desarrollo económico están unidos a la industrialización del país. Diego Coatz y Marcelo García (1) lo ratifican, y muestran con ejemplos claros cómo opera la economía mundial: “Costa de Marfil, Ghana y Nigeria exportan el 66% de la producción mundial de granos de cacao y en la región Ecuador lidera con el 7%. El mercado mundial alcanza los u$s 9.000 millones. Ninguno de ellos exporta chocolate. En cambio, la mayor parte del chocolate del mundo lo exportan países desarrollados como Alemania (17%), Bélgica (12%) e Italia (7,4%). El total exportado asciende a casi u$s 27.000 millones, el triple que el mercado de cacao, dado el mayor valor agregado de ese producto en relación a la materia prima”. Otros ejemplos que dan: el caucho vale u$s 1.615 la tonelada y los neumáticos u$s 45.744. El trigo, que nosotros exportamos (6% de las exportaciones mundiales) se vendía a u$s 235 (2) la tonelada mientras que las pastas (mercado de exportación liderado por Italia) cotizaban a u$s 1.282 la tonelada.
Flexibilización laboral:como el proyecto de anulación de la indemnización por despido que circula actualmente impulsado por el PRO, toda la desregulación laboral se presenta como herramienta “para que la expansión del sector privado se traduzca en un aumento de la demanda de empleo”; sin embargo, es preciso aclarar que no existe ninguna evidencia estadística que muestre que la flexibilización está asociada a una disminución de la tasa de desocupación; por el contrario, la doble indemnización por despido injustificado que fijó el gobierno actual durante la pandemia es una de las causas por la que la desocupación actual no sea mayor. La flexibilización significaría tirar por la borda más de un siglo de luchas obreras y de una legislación social lograda paulatinamente. Debe quedar en claro que ésta no favorece al empleo ni a los trabajadores, sino, exclusivamente, al capital y sus ganancias. Y Etchebarne lo dice claramente: “la base del problema es un consenso que ya no funciona, y es el de la justicia social”.
Reducción de impuestos: dice Etchebarne: “Hay que reducir los impuestos; dado que estamos en el tramo descendente de la curva de Laffer, eso implicaría un aumento de la recaudación”. El razonamiento del economista estadounidense Arthur Laffer es el siguiente: con “tasa 0” la recaudación impositiva es “0”; al empezar a aumentar la tasa se incrementa la recaudación, pero, cuando ésta llega cerca al 100%, la recaudación cae nuevamente a “0”. Si la recaudación es siempre positiva partiendo de “0” para terminar también en “0”, significa que es creciente hasta un máximo y luego, si la tasa sigue aumentando, la recaudación empieza a disminuir. Pero que Argentina esté en la fase descendente de la curva es una simple suposición sin sustento real: no existe ninguna evidencia al respecto. Al contrario, la presión impositiva actual es: tributos nacionales 24,5% del PBI y provinciales 4,9%; total 29,4%, mientras que en los países europeos de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es del 41%, y en Francia, Noruega y Finlandia supera al 50%. Estamos muy lejos del máximo.
Lo que sí hay que corregir son dos cosas: 1) en Argentina la recaudación principal está en los impuestos indirectos, como el IVA, lo que encarece el consumo y afecta particularmente a los grupos sociales de menores ingresos (es regresivo); es necesario aumentar la presión en los directos (ganancias y bienes personales) y disminuir los indirectos (por ejemplo, para los países de la Ocde los impuestos directos representan el 40% del ingreso del Estado y los indirectos solo el 31%). 2) Como en toda Latinoamérica, acá existe una enorme evasión impositiva, como lo muestran las cifras de los blanqueos o los informes sobre paraísos fiscales, y se sabe que existe una parte de la economía “en negro”; ambas cosas es necesario combatir tipificando claramente este tipo de delitos, que deben estar penados y no sólo multados; a medida que la regularización avance se podría pensar en disminuir las tasas impositivas, pero no antes, como pretende el neoliberalismo.
Reforma del Estado: que el Estado es excesivamente grande es un mito permanente del liberalismo (iniciado por Thomas Hobbes, quien en 1651 lo comparó con Leviatán, el monstruo bíblico de poder descomunal). Por esa razón pretenden reducir el empleo público (“De las 750.000 personas que trabajan hoy en el Estado nacional, 250.000 quedarían en disponibilidad”, dice Etchebarne) y también “el congelamiento de los salarios públicos y de los subsidios”; como “los salarios privados subirían, ello sería un incentivo a migrar al sector privado formal”. La cantidad de empleados necesarios para el funcionamiento estatal depende de los servicios que presta: no es lo mismo un Estado neoliberal, con la educación, salud y demás servicios en manos privadas y que no interviene en la economía; a otro moderno, con tendencia igualitaria y fuerte presencia del servicio público. Lo cierto es que sus funciones tienden a crecer, y con ello la cantidad de empleados necesarios para realizarlas.
El Estado argentino ocupa un lugar intermedio en cuanto a la cantidad de empleados públicos, con el 17% de la población ocupada; mientras que en Noruega alcanza al 30,7%, Suecia 28,7%, Dinamarca 27,8%, Finlandia 24,1%, Francia 21,5% y Canadá 19,5%.
Necesitamos un Estado eficiente, con más y mejores servicios, y no echar empleados públicos a la calle.
Creo que queda en claro cuál es el programa de la derecha argentina. Este, el de repetir las experiencias neoliberales fallidas, las que nos llevaron a un endeudamiento externo impagable y al atraso económico, en noviembre se enfrenta a otro, el que cree que la justicia social, el progreso y la aspiración a una mayor igualdad no son conceptos obsoletos sino un legítimo derecho de los pueblos.
1. “¿Cómo salir de la crisis?”, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2019
2. Actualmente a u$s 265 la tonelada.
(*) Doctor en economía. Ex decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue y ex vicerrector de la Unco. De vaconfirma.com.ar
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