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Niñas y adolescentes en contextos de encierro: una invisibilización que potencia desigualdades

Éstas jóvenes por ser mujeres y ser acusadas de haber cometido un delito, transitan una especie de  “doble penalidad”. Una penal y una de carácter social, moral, originada por el tipo de sociedad patriarcal que establece normas , estereotipos,convenciones acerca de lo que somos y lo que debemos ser


Lic en Trabajo Social Paola Piccoli

 

 

La situación que viven las jóvenes en contextos de encierro en la Provincia de Santa Fe es una realidad poco conocida. Se trata de niñas y adolescentes que  transitan procesos penales y tienen entre 16 y 18 años de edad.

Existe solo un lugar de alojamiento para las mismas en todo el territorio santafesino ubicado en la ciudad de Rosario. Se trata de la División de Asuntos Juveniles Femeninos (DAJF). Este es un dispositivo de gestión mixta de la Policía de Santa Fe y la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Ésta última, representa la faz ejecutiva de medidas socio-educativas ordenadas judicialmente, que las jóvenes imputadas de cometer delitos deben cumplir a través de distintos programas o institutos.

Las jóvenes que por allí transitan, transcurren periodos diferentes. Algunas sólo permanecen semanas, mientras otras pasan muchos meses ahí dentro. El dispositivo garantiza ciertas condiciones para que el tránsito –encierro- sea lo menos nocivo posible, como lo establece la normativa provincial, nacional e internacional en relación a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no obstante las carencias son muchas y el abordaje se torna complejo.

Por este motivo es necesario tener en cuenta que, a los fines de que un posible Trabajo Social pueda darse, es necesario un adecuado conocimiento de la situación. El mismo brindará las herramientas para un abordaje integral que pueda aliviar la situación que estas jóvenes padecen. Teniendo como norte la posibilidad de transformación y la acción permanente que tienda a romper con las discriminaciones de todo tipo y en particular la de género.

A los fines de acercarnos a esta problemática, es necesario destacar que éstas jóvenes por ser mujeres y ser acusadas o sospechadas de haber cometido un delito, transitan una especie de  “doble penalidad”. Una penal propiamente dicha y una de carácter social, moral, originada por el tipo de sociedad patriarcal que establece normas de comportamiento, estereotipos, convenciones acerca de lo que las mujeres somos y debemos ser. Es una sociedad que dispensa un ideal de la “buena mujer, madre, esposa, novia”, en el cual descansan todas las contradicciones, presiones y cargas que una niña o joven deben soportar. Cualquier transgresión es sometida a fuertes críticas y para el caso penal ésta se materializa con la pena por el acto delictivo y se refuerza la carga simbólica que implica la afrenta a dicho ideal,  convirtiendo estas instancias en un mecanismo social más en la construcción de las identidades de género. Situación que no hace más que estereotipar, discriminar y vulnerar derechos.

Esta realidad que vivencian las jóvenes hace necesaria una intervención desde el Trabajo Social que aborde múltiples miradas: de géneros, política, penal,  de infancias y adolescencias, de diversidades y principalmente la social, que permitan ver las específicas necesidades de esta población a la que se potencian sus vulneraciones de derechos, por el solo hecho de ser mujeres.

Se torna indispensable el conocimiento, la visibilización de la especificidad de sus vulneraciones, comprender el daño que causa el sistema penal, el poder punitivo (ya sobradamente estudiado y conocido), la reproducción incesante de prácticas machistas y patriarcales que refuerzan la violencia sobre vidas que ya fueron violentadas, reproduce  exclusión, discriminación, profundiza el distanciamiento social, la desigualdad y el sufrimiento sobre jóvenes que aun ni han cumplido su mayoría de edad.

Son escasas las investigaciones y bibliografía que trabajen esta temática. Los estudios de género en el ámbito de lo penal se dedican a las mujeres mayores de edad en contextos de encierro y poco se habla de “las menores”. Una vez más nos encontramos con la naturalización que se hace de las desigualdades extra e intramuros. En este contexto la visibilización de estas realidades constituye el puntapié inicial para correr el velo de apariencias y llegar a conocer y así abordar mejor estas problemáticas.

Que la DAJF sea el único dispositivo en todo el territorio santafesino  establece el punto de partida para una perspectiva crítica sobre las condiciones de desigualdad que vivencian las jóvenes. En primer lugar porque en ocasiones provienen de lugares muy lejanos de la provincia y esto dificulta el vínculo socio-afectivo (además de afectar económicamente a las familias). En segundo lugar porque se reducen las posibilidades socio-educativas, puesto que para las jóvenes sólo existen el dispositivo cerrado de privación de la libertad (DAJF) y los programas en libertad; así, las instituciones con modalidades de alojamiento semiabiertos no conforman una opción para ellas. En tercer lugar, cabe mencionar que no cuenta con los recursos necesarios para abordar la especificidad y complejidad de la problemática y finalmente a diferencia del CERPJ (ex IRAR), la gestión es compartida por fuerzas de seguridad policial y no del Servicio Penitenciario (institución especializada en la tarea).

La condición de género es la clara determinante de las diferencias que se establecen para el caso de las oportunidades para los varones y para las mujeres, para éstas el carácter de especialidad reviste mayor importancia por la historicidad y las múltiples diferencias y desventajas que vivimos las mujeres.

Las  maternidades en el contexto de encierro, por ejemplo,  constituyen una zona gris. No hay claridad en materia de normas y disposiciones que regulen esta temática y las existentes son transgredidas por otros factores. En los últimos años, las jóvenes embarazadas o con niñes son trasladadas a otras instituciones, se modifica la modalidad de sus medidas procesales o simplemente son separadas de sus hijes, privadas de su derecho de convivencia y crianza. Con argumentos como la falta de condiciones edilicias, la insuficiente estructura institucional, la co-gestión policial-civil, los escasos recursos, etc., se resuelve arbitrariamente cada situación.

Las condiciones de desigualdad que viven las jóvenes en situación de encierro no son algo propio del sistema penal juvenil de la provincia ni del país, es una realidad mucho más compleja que se abre paso en lo social estableciendo los límites de lo que, en pleno siglo XXI, ya no es aceptable.

La lista de carencias se vuelve infinita. El objetivo no es una enumeración o una cuantificación estadística de las consecuencias que conlleva el encierro, pero si es menester desmenuzar en cuantas partes sea posible la problemática e interpelar a las múltiples miradas e intervenciones para lograr un abordaje desde el Trabajo Social acorde a los fines de inclusión, democratización y construcción de identidades libres.

 

Colegio de Profesionales de Trabajo Social

Foto: gentileza de Sur Productora

 

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