El juez federal Sebastián Ramos rechazó ayer aplicar el beneficio del 2×1 y otorgar la excarcelación al represor Juan Antonio Azic, condenado por la apropiación ilegal de la actual diputada nacional Victoria Donda durante la última dictadura cívico militar.
Azic, de 76 años, recibió una condena única de 15 años de prisión por las apropiaciones de Donda y Laura Dameris y recién podría haber accedido a la libertad condicional en 2023, pero el ex prefecto pidió salir en libertad luego de que la Corte Suprema le otorgara el 2×1 en el cómputo al condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña.
Ramos entendió que el beneficio no era aplicable a este condenado por delitos de lesa humanidad porque deben considerarse los principios y la jurisprudencia que demanda el orden internacional en materia de persecución y sanción de estos crímenes.
Al respecto, el juez citó el último comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que expresó preocupación por el fallo de la Corte: “La aplicación del 2×1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad. Su aplicación tornaría inadecuada la sanción que se impuso, lo cual es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”, indicó.
Además, el Tribunal menciona la nueva ley sancionada por el Congreso nacional, que explícitamente dice que no se aplicará el 2×1 en causas donde se investigan crímenes contra la humanidad.
“Luego del fallo de la Corte Suprema, Azic fue uno de los primeros represores que solicitó el beneficio. Sin embargo, la sociedad argentina reaccionó de inmediato y recordó que no permitirá nunca más genocidas sueltos. Por eso aplaudimos la decisión de este Tribunal”, celebró Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.
El planteo de Azic había sido rechazado previamente por el fiscal federal Franco Picardi, quien argumentó para ello que la Argentina adhirió a pactos internacionales sobre los derechos humanos y además que se está ante un “delito permanente”, puesto que el ex prefecto fue condenado por la apropiación de Dameris que persistió hasta 2008. “De aplicarse la derogada ley 24.390 al cómputo de la sentencia de Azic, nos encontraríamos frente a una palmaria violación a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de persecución y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo el fiscal respecto al miembro del grupo de tareas 3.3 de la Esma. Y advirtió que Azic “asumió y desplegó un rol destacado en el aparato criminal organizado y montado por quienes en ese momento comandaban la Armada Argentina para llevar adelante la represión ilegal en la base naval que funcionara en la Escuela de Mecánica de la Armada”.
A pesar de la condena, Azic está bajo arresto domiciliario por decisión de la Sala II de la Cámara Federal por cuestiones de salud. “Más allá de lo doloroso en lo personal, el 2×1 es una aberración jurídica que se da de bruces contra el desarrollo de nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina que dicen que no se pueden conmutar penas en caso de genocidios”, había señalado Donda tras el fallo de la Corte.
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