La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abogó por la necesidad de implementar un “modelo acusatorio procesal” y dotar al Ministerio Público de “todas las herramientas para investigar”, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
“Las fuerzas de seguridad han mejorado, se han incrementado, han renovado su tecnología, pero ahora falta la pata judicial. Lo que no está funcionando bien es el no definirse un modelo acusatorio procesal. No se está dotando al ministerio público de todas las herramientas para investigar”, dijo Gils Carbó en declaraciones a radio Del Plata.
Para la Procuradora, “es un tema que requiere urgencia” y consideró que para “una lucha efectiva contra el narcotráfico sería necesario que los fiscales ya estén con toda su organización montada, lo que implica que el fiscal dirige y controla la investigación”.
“Hay un proyecto (de ley) muy consensuado y el año que viene este debate se va a dar, porque tarde o temprano se tiene que dar. No puede ser que Argentina sea el único país que va a la cola”, indicó tras señalar que todos los países latinoamericanos cuentan con ese sistema procesal.
Según la jefa de los fiscales, esta reforma procesal “es uno de los aspectos más importantes para definir para el combate efectivo del narcotráfico”.
En tanto, Gils Carbó destacó que “lo importante en materia de crimen organizado es tener una estrategia, porque si no se agota la persecución en los eslabones más débiles de la cadena y eso no significa ningún golpe al narcotrafico”.
En ese marco, dijo que “la tecnología se ha reforzado pero no todo pasa por un control de la frontera, sino que es una lucha que se tiene que realizar en varios ámbitos: en los hogares, en las escuelas, es una lucha de todos”.
Según la Procuradora, “hay como un discurso drogadicto que justifica” y exhortó a “tener en los hogares un discurso firme y claro sobre la peligrosidad de las drogas”.
Por último, también expresó su rechazo a la ley de derribos de aviones, al señalar que “es como una especie de condena de muerte sin aviso, que sólo se aplica en países altamente militarizados y autoritarios”, y consideró que su aplicación “implicaría una grave vulneración de los derechos humanos”.
Comentarios