Tres altos funcionarios del gobierno nacional apuntaron sus dardos ayer contra los jueces de la Corte Suprema, quienes habían advertido, poco después de que lo hiciera la Iglesia Católica, sobre el avance del narcotráfico en el país y la necesidad de implementar medidas.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, y los ministros Julio Alak y Arturo Puricelli, de Justicia y Seguridad respectivamente, reprocharon cierta falta de compromiso de la Corte con las investigaciones, y demoras en la designación de magistrados, entre otras advertencias formuladas ayer.
Berni dijo que había invitado a los jueces de la Corte Suprema a recorrer la frontera norte del país pero que los magistrados no concurrieron “porque les dan miedo las víboras, las arañas y les molesta el calor”.
“Cuando invito a la Corte Suprema a trabajar en la frontera, muchos no quieren porque les da miedo las víboras, las arañas y les molesta el calor. Otros porque tienen tremendo pánico y terror porque cuando estamos recorriendo en helicóptero tirotean del otro lado de la frontera. Muchos hablan, pero somos pocos los que todos los días ponemos el coraje y la valentía para estar en el lugar para aportar soluciones”, enfatizó Berni.
En declaraciones a la radio La Red, el funcionario ironizó y dijo estar “muy contento” por el comunicado de la Corte Suprema: “Imagino que ahora le pondrán 100 personas más al juzgado de Orán, a cargo de Raúl Reynoso. Estoy seguro de que la próxima semana reforzarán el personal de Reynoso”.
El rol de la Justicia
Mientras tanto, en paralelo, Alak y Puricelli salieron a cuestionar al Consejo de la Magistratura y a la misma Corte. “Desde hace un año y un mes el Consejo no aprueba ninguna terna de jueces”, dijo Alak y señaló que por esa razón trece juzgados están vacantes en Salta, Tucumán y Jujuy. Alak advirtió que nombrar jueces en los cargos vacantes “es una facultad del Poder Judicial argentino a través del Consejo de la Magistratura”.
Además, advirtió que “el presupuesto del Poder Judicial aprobado por el Congreso ha aumentado en forma significativa” en los últimos años y sostuvo que el Ejecutivo “se ha hecho cargo de la construcción de los laboratorios forenses en todo el país cuando no es su responsabilidad”.
Por su parte, Puricelli señaló que “la presión del narcotráfico es muy grande, muy fuerte y se necesitan mucho más que discursos” para combatirlo.
Además, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y señaló que por esas tareas “hay un crecimiento de las causas judiciales” contra presuntos narcotraficantes. “Hay medios (de lucha contra el narcotráfico) que es la misma Corte la que tiene que proveer”, para agilizar el tratamiento de ese tipo de causas.
Por otra parte, ambos funcionarios rechazaron la posibilidad de que se avance con una normativa para permitir el “derribo” de aviones sospechosos.
“Es una locura, no resuelve nada”, enfatizó Puricelli, al descartar acciones de ese tipo. Alak, por último, subrayó que el país “no tiene pena de muerte y menos sin proceso previo”, lo que según consideró sería la posibilidad de derribar aviones del narcotráfico.
Scioli y los obispos
El gobernador bonaerense Daniel Scioli se renunirá el lunes próximo con los obispos que denunciaron el avance del narcotráfico en el país. El mandatario convocó a un encuentro con autoridades de la Iglesia del que participarán los ministros de Seguridad Alejandro Granados y de Justicia Ricardo Casal.
En un documento que presentaron días atrás los presidentes del Episcopado, José María Arancedo, y de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Lozano, la Iglesia denunció “complicidad y corrupción de algunos dirigentes” ante el avance del tráfico de drogas, y pidió “políticas públicas de corto, mediano y largo alcance”. Luego de que se difundiera el escrito, el gobierno bonaerense se mostró en sintonía con la Iglesia. Scioli dijo días atrás que compartía la preocupación de los obispos.
“La mezquindad se va a llevar a nuestros hijos”
El gobernador Antonio Bonfatti le pidió al gobierno nacional que deje de “echarle la culpa al otro”, con relación a la lucha contra el narcotráfico, y reclamó el establecimiento de una política de Estado donde estén involucrados “todos los sectores” para combatir el flagelo.
Bonfatti consideró necesario “articular entre las fuerzas federales, provinciales y municipales, una política muy clara” y reclamó “que el gobierno nacional convoque a los 24 gobernadores para decidir entre todos cómo combatir esto”.
“Terminemos con este debate de echarle la culpa al otro, de buscar rédito político, porque esa mezquindad se va a llevar más vidas de nuestro hijos. La Iglesia y la Corte nos están diciendo que trabajemos en forma común”, puntualizó.
El gobernador santafesino adhirió a lo expresado por la Iglesia católica mediante un comunicado en el que advirtió que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno” y reclamó la reacción de las autoridades políticas y judiciales.
“Los obispos tienen una visión del país en donde el narcotráfico ha ingresado hace muchos años, donde está creciendo porque hay consumo y donde es necesario articular los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para luchar contra lo mismo”, expresó Bonfatti en declaraciones televisivas.
“Tenemos radarizado el 95% de las rutas aéreas del país”
El ministro de Defensa Agustín Rossi destacó ayer que el gobierno nacional “viene haciendo mucho” en contra del avance del narcotráfico en el país, y remarcó especialmente el plan de radarización implementado en 2004, que permitió que actualmente esté “radarizado el 95 por ciento de las rutas aéreas” argentinas.
Rossi destacó el decreto firmado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner que implementó el sistema nacional de vigilancia y control aeroespacial, después de décadas de falta de inversión en esa materia.
“En 2004 había cuatro radares de uso civil: en Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. A la fecha, sumando otros 4 que faltan colocar, son 22 los radares que ha fabricado el Invap, lo que significa tener radarizado el 95 por ciento de las rutas aéreas en nuestro país”, remarcó, y explicó que “este plan del 2004 se completa con la instalación de radares de defensa que está fabricando el Invap” y precisó que de este tipo hay instalados 4 en el país y 6 más están en proceso de fabricación.
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