El porteño Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF 5) impuso este miércoles penas de hasta diez años de prisión para trece integrantes de una banda narco internacional, comandada por un cártel colombiano y que tenía entre sus integrantes a dos rosarinos, el médico Gabriel Zilli y el comisionista Juan Alberto Banesevich.
La organización fue desbaratada en septiembre de 2015 cuando le interceptaron 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz en un depósito fiscal de Rosario. La carga iba a ser transportada a Europa vía África como un embarque del programa del plan Hambre Cero de las Naciones Unidas.
El secuestro de la droga en la zona sudoeste rosarina fue el último de una serie en la que se habían ido incautando diversas cantidades de ese estupefaciente en Ezeiza y la ciudad de Buenos Aires, que entre sí sumaron otros 95 kilos.
El fiscal general Diego Velasco había formulado su alegato en septiembre del año pasado, exposición en la que tuvo por acreditado que los hechos sostenidos en la acusación fueron impulsados por una organización (integrada mayormente por ciudadanos colombianos, pero también argentinos, ecuatorianos y guatemaltecos) y que no fueron aislados entre sí.
En esa oportunidad el funcionario del Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de cuatro a 16 años de prisión para 17 imputados por tráfico y comercio de estupefacientes, contrabando de exportación agravado y asociación ilícita, según cada caso.
El TOF 5 (integrado por José Valentín Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado) se reunió a través de la plataforma virtual proveída por la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. La deliberación también se realizó de manera remota.
Tras dar a conocer el rechazo a la totalidad de una serie de planteos de nulidad formulados por las defensas, los magistrados dieron a conocer el veredicto. Los fundamentos de la sentencia se leerán el próximo 7 de septiembre, desde las 12.
Penas para trece
La condena más alta fue para el colombiano Germán Marín López, encargado de los envíos de la organización: una década de prisión. Un año menos le dieron a su compatriota Edilberto Vargas Fernández, uno de los alfiles de los jefes de la organización, mientras que a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, un ex policía que era superior inmediato del anterior en el organigrama, lo penaron con 8 años.
El oncólogo rosarino Zilli recibió también 8 años, mientras que a uno de los capos de la narcobanda, el colombiano Williams Triana Peña, sólo le dieron 7, uno más que a su asociado Mario Alberto Lara Guerra, dueño de un exclusivo restorán de comida china ubicado en la entrada del barrio Nordelta de Tigre, en el Gran Buenos Aires.
De la misma nacionalidad es el también condenado a cinco años de prisión José Ramírez Cuartas, quien estuvo en Rosario, donde fue detenido, acondicionando la cocaína, que fue embebida en el arroz para burlar los controles. Se presume que era un embarque de prueba y, en caso de tener éxito, se enviarían 300 kilos desde un puerto del norte bonaerense.
Víctor Camargo López (colombiano) y Diana Suárez Heredia (boliviana, esposa de Vargas Fernández) fueron penados con 4 años y medio, mientras que Jorge Trujillo Sánchez (encargado de logística), Juan Carlos Ojeda (argentino, también encarado de logística) y el operador de granos rosarino Banesevich recibieron 4 años de cárcel. César Macías Loor (encargado de almacenamiento) fue condenado a 3 años y medio.
Resultaron absueltos Wilmar Valencia Estrada (alias Especialista, considerado por la pesquisa como el químico de la banda y quien inventó el método de arroz embebido), Eugenio Ardila Angulo, Carlos Pardey Rozo, Carlos Potez Ramírez y el abogado porteño Guillermo Heisinger (quien había sido funcionario de Carlos Menem), quienes habían llegado al debate acusados de integrar una asociación ilícita.
Tres veces qué hacés
Luego de una extensa investigación, el 17 de septiembre del 2015, efectivos de Gendarmería secuestraron en el depósito fiscal de Rosario 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. Los estupefacientes tenían como destino Marruecos y las islas de Guinea Bissau.
La pesquisa había comenzado en 2011 a partir de información brindada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que advirtió sobre el funcionamiento de una organización ligada a la narcocriminialidad conformada mayormente por ciudadanos colombianos.
El fiscal Federico Delgado instruyó el caso en conjunto con el entonces juez federal Sergio Torres, quienes detectaron además la exportación a España y Nueva Zelanda de cocaína “con un alto grado de pureza”.
Antes, el 14 de agosto de 2014, la División Drogas de la Dirección General de Aduanas interceptó en el aeropuerto internacional de Ezeiza casi un kilo de cocaína oculta en envases de kétchup que portaba un pasajero que intentaba viajar hasta Bangkok, Tailandia.
En otro procedimiento, realizado el 17 de enero de 2015 en Palermo, se secuestraron otros 84.955 gramos de cocaína. Los estupefacientes se encontraban subdivididos en 79 paquetes.
Contrainteligencia
Durante su alegato, Velasco había resaltado que los imputados utilizaron medidas de “contrainteligencia” para evitar ser descubiertos. En este sentido, señaló que existió un “canal paralelo de comunicación” entre los miembros de la asociación ilícita a través de celulares BlackBerry para poder hablar puntualmente de sus actividades.
Dicha modalidad fue detectada por las escuchas de las conversaciones entre los acusados, que señalaban en múltiples ocasiones que las cuestiones importantes debían ser dialogadas a través de los “teléfonos negros”. Asimismo, la existencia de los aparatos mencionados fue corroborada en posteriores allanamientos.
Otro de los elementos que caracterizaron a la asociación delictiva, según la Fiscalía, fue la estructura jerárquica con la cual funcionaba. En efecto, la exposición dio cuenta de la verticalidad y la coordinación instrumentada por los acusados que se encontraban en el estrado superior de la cadena de mando.
En Arroyito
El operativo desarrollado en septiembre de 2015 en Rosario incluyó allanamientos en tres propiedades linderas ubicadas en Víctor Mercante al 1100 bis, en la zona cercana al shopping Portal Rosario y a la cancha de Rosario Central. Allí vivía el oncólogo Zilli, quien marchó preso acusado de ser parte del plantel que se encargaba de la logística.
Zilli consiguió arresto domiciliario en abril de 2016 en la misma vivienda de calle Víctor Mercante donde fue detenido, ya que padece de una cirrosis crónica y la Justicia consideró que no podía ser atendido en forma adecuada en una unidad de detención. Pero le revocaron ese beneficio en enero del año siguiente.
La causa por lavado
En septiembre de 2017 el juez federal Torres dispuso la indagatoria de sesenta integrantes de la organización narco, en su mayoría colombianos, pero también rosarinos como el oncólogo Zilli y el hasta entonces desconocido Aldo Roque Corizzo, un jubilado que, según la pesquisa de la Procunar, la Procelac y el fiscal Delgado, figura entregando 150 mil dólares a través de un contrato de mutuo a uno de los capos del cártel en fecha tan temprana como 2010.
Narcoarroz: quién es el jubilado rosarino clave en millonario blanqueo de dólares
También la pesquisa le atribuye a la organización el blanqueo de unos 14 millones de dólares, que incluyen propiedades y tres emprendimientos vinculados con Rosario: la compra de futbolistas de Rosario Central, la construcción de un puerto propio en Fray Luis Beltrán que según el fallo incluyó el desembolso de 30 millones de pesos en Villa Gobernador Gálvez para la construcción de un crematorio.
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