El médico tocoginecólogo y referente de la salud pública de Santa Fe, Daniel Teppaz expuso este miércoles en el plenario de comisiones del Senado de la Nación, donde desde este lunes se discute el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo con media sanción de Diputados. Teppaz trabaja en la salud pública desde hace 30 años y habló desde la experiencia de las y los profesionales que acompañan en el derecho a decidir abortar. Fue director de Salud Sexual de Rosario y de Políticas de Salud y Género de la provincia de Santa Fe. Integra la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Desde El Ciudadano compartimos su ponencia completa.
“Nada avala, más que el prejuicio, que las mujeres toman el aborto a la ligera”
Llevo 30 años trabajando en el sistema público de salud de Rosario. Más de la última mitad de mi carrera la he dedicado sólo al subsector público, ya sea en la asistencia como en la gestión y en particular a la gestión de políticas en Salud y Derechos sexuales y Reproductivos. Me siento parte de su construcción y sostenimiento junto a miles de trabajadoras y trabajadores, a la comunidad y a sus organizaciones.
Se comprenderá entonces, que no solo he producido, sino que, el trabajo basado en una fuerte noción de derechos me ha producido a mí como persona y profesional. Por eso señores y señoras senadoras, vengo a pedirles por la aprobación de esta ley, porque las leyes también nos subjetivan individual y colectivamente.
En todos estos años he visto la aparición de múltiples leyes en la materia, la de creación del programa de salud sexual y procreación responsable, la de anticoncepción quirúrgica, la de identidad de género, entre otras, leyes que han tenido un rol fundamental en la construcción de procesos de salud más justos, basados en derechos y ampliación de ciudadanía.
Pensar la salud en clave de DERECHOS exige mucho más que tratar bien a quienes deciden abortar en la clandestinidad. Somos miles de profesionales que desde nuestro compromiso de conciencia acompañamos y tenemos la disposición de seguir acompañando a las mujeres, varones trans y personas no binarias con capacidad de gestar. Somos miles de profesionales que reclamamos la ley también en nuestros nombres, porque necesitamos garantías y tranquilidad para trabajar, porque queremos que se nos nombre y que nuestra conciencia sea respetada en tanto esta ley nos protegerá del estigma.
En el cumplimiento de los protocolos vigentes, de acuerdo a nuestra experiencia en Rosario, podemos decir que el 90% de las situaciones de aborto se resuelven en edades gestacionales tempranas y, de estos el 80 % se resuelve en el primer nivel de atención con el uso de medicamentos, medicamentos que por decisión política se fabrican en el laboratorio público de la provincia con una gran reducción de los costos financieros, pero fundamentalmente una gran reducción de los costos para las mujeres, varones trans y personas no binaria con capacidad de gestar.
Podemos decir que han disminuido las internaciones por aborto de manera abrumadora y que persisten en los hospitales mayormente las otras causas de abortos como los espontáneos.
Podemos decir que un sistema que acoge a las personas, más aún con la IVE legal, permite que estas lleguen cada vez más temprano a los cuidados. Y también permite que después del proceso salgan, con anticoncepción inmediata post evento obstétrico e incluidas en un sistema de salud que quizá no la había captado con anterioridad.
Podemos decir que la Ley propuesta permitirá que profesionales sigamos escuchando a las mujeres y personas con capacidad de gestar, que en nada presume que ingresarían a un sistema taylorista que las cosifique. Las penalidades hacia los profesionales que se explicitan en la ley que se trata en estos días, devienen solo de una mala práctica clínica ya que ni en situaciones de aborto ni en cualquier otra atención de un problema de salud les profesionales quienes decidimos, son las personas quienes siempre deben decidir en base a una información basada en la evidencia que sí tenemos la responsabilidad de proveer. Que esta información no puede estar basada solo en hechos biológicos, ya que el ejercicio de la medicina está llamado a considerar otros aspectos que construyen o limitan la salud, como los determinantes sociales de la salud, a la hora de construir un problema.
Con la experiencia de haber acompañado a miles de mujeres, señalamos enfáticamente que debemos respetar sus decisiones, dado que están basadas en fuertes razones y nada avala, más que el prejuicio, que las mujeres toman el hecho de abortar a la ligera.
Que al contrario de lo que se supone, cuanto más se posibilita que las mujeres se acerquen con confianza a los servicios de salud, más posibilidades hay de detectar delitos, tales como violaciones, trata de personas, influencias externas que intenten obligarlas a abortar. La clandestinidad sepulta estas posibilidades. Si la noción que circula es que el aborto siempre es un delito raramente las mujeres hagan una denuncia cuando abortaron en la clandestinidad. Por el contrario, esta ley permitirá que las situaciones de abuso de niñas y adolescentes, puedan ser encuadradas en un sistema de protección y además se puedan producir pruebas que condenen al violador. No nos ha ocurrido que hemos realizado un aborto devolviendo a la niña a manos del abusador, quedando esto más en el orden de los mitos que de la realidad. El aborto clandestino sí permite que el abusador quede impune. No es verdad que la ley promueve como única alternativa ineludible la realización automática de un aborto, quienes tenemos experiencia de escucha, sabemos bien que en muchos casos las mujeres desisten de la interrupción del embarazo, no porque las tratemos de convencer en uno u otro sentido, solo obra el uso de una de las mejores tecnologías disponibles, la comunicación y la construcción de un proyecto terapéutico compartido en la práctica integral de los problemas de salud.
Porque la ley de IVE cambia la subjetividad, nos va a ayudar a generar nuevas confianzas con las personas que viven en los territorios de nuestra responsabilidad, sabiendo que la confianza es el mayor valor que debemos cuidar para poder cuidar dentro del sistema de salud.
Que no solo beneficia a las mujeres más pobres, sino también a las que tienen O.S o pre pagas ya que incluye a la IVE en el PMO. En Rosario sabemos que el 25% de las mujeres que consultan a nuestros servicios públicos tienen O.S y prepagas pero al no tener mayor capacidad de pago de bolsillo deben buscar ayuda fuera del subsector privado. A su vez, no solo las instituciones deberán asegurar la práctica, serán las OS y Prepagas quienes deberán también ofrecer, en sus cartillas de prestadores, profesionales que realicen la IVE, evitándole a las mujeres recorridos innecesarios y disgustos.
Por otro lado, se supone que la implementación de esta ley permite acercar las tecnologías necesarias, entre ellas el acceso a medicamentos como el misoprostol y la incorporación de la mifepristona al vademécum del PMO.
Por todas estas razones, por toda la experiencia de un colectivo de profesionales de todas las ramas de la salud que venimos garantizando el derecho a un aborto seguro y el derecho de las personas a su proyecto de vida y que acompañamos en todas las circunstancia de sus vidas: Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir y vivir en libertad.
QUE SEA LEY
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