El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que Santa Fe es responsable de no permitir que los familiares de Roberto Agustín Yrusta, el hombre de 32 años asesinado en 2013 dentro de la cárcel de Coronda, sean querellantes en la investigación de su desaparición forzada, torturas y homicidio. La causa internacional por denegación de justicia fue iniciada y llevada adelante por Gabriel Ganón cuando estaba al frente de la Defensoría Pública de Santa Fe.
El dictamen de la ONU obliga a la provincia de Santa Fe a cumplir una serie de medidas y da por demostrados los hechos contra la opinión del Estado provincial.
Torturas
En diciembre de 2005, Roberto Agustín Yrusta fue condenado a ocho años de prisión por robo calificado por empleo de arma de fuego por lo que lo encerraron en la cárcel cordobesa de Bouwer. Durante más de tres años de detención, Yrusta denunció ser víctima de “actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes por miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba”.
Pero las torturas se agravaron luego de noviembre de 2012, fecha en que radicó una denuncia ante los tribunales de la provincia de Córdoba contra miembros de ese Servicio Penitenciario por esos hechos.
Por temor a que lo maten pidió el traslado a la provincia de Santiago del Estero, donde estaba radicada parte de su familia, pero el 16 de enero de 2013 –desoyendo su reclamo– fue enviado a la Unidad Penitenciaria N° 1 de la ciudad santafesina de Coronda.
Según explica el dictamen, cuando llegó a Coronda fue alojado en “buzones” (celdas de aislamiento y castigo) donde fue nuevamente maltratado y torturado: “Sus familiares hicieron varias solicitudes a los Servicios Penitenciarios para conocer el paradero de Yrusta, pero no obtuvieron respuesta. Esa situación duró más de siete días, período en el cual (las hermanas del interno) consideran que fue víctima de desaparición. Una vez pudo entrar de nuevo en contacto con su familia, Yrusta relató la continuidad de los malos tratos y tortura a diario, su detención en celda de castigo, su salida encadenado y con custodia para realizar las llamadas telefónicas, así como la falta de atención médica que requería”.
El 7 de febrero de 2013 –cuatro meses antes de la fecha prevista para que Yrusta accediera a la libertad asistida y 10 meses antes de su libertad definitiva–, personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe comunicó a su familia que se había suicidado ahorcándose en su celda.
Con esa carátula, suicidio, el juez penal santafesino Sergio Carraro cerró el caso sin realizar las medidas de prueba solicitadas por la familia. Su fallo fue apelado y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia santafesina que desdobló la causa en octubre de 2016. Por un lado envió un expediente a la Justicia federal por “desaparición forzada” y por otro le devolvió la causa por la muerte de Yrusta durante su detención al juez Carraro.
Es que la autopsia detalló que el cuerpo tenía objetos dentro del ano, como un palo de tamaño mediano, que indicaba un empalamiento previo que no había sido “advertido” en la pesquisa. Además, cuando la familia recibió el cuerpo no observó ninguna evidencia de ahorcamiento pero sí grandes ampollas, tenía las manos y los pies muy hinchados, heridas abiertas, cortes en los brazos, sangre, hematomas múltiples, un fuerte golpe en la cabeza y marcas de balazos de goma.
En su dictamen, el organismo internacional asume el reclamo de la familia que acusa al Estado santafesino de no investigar de manera seria los hechos de tortura contra Yrusta desde un comienzo, cuando catalogó la causa como un suicidio.
Agrega que el Estado se negó permanentemente a practicar las diligencias investigativas que la familia solicitaba, dilatando la investigación y que es legítimo el reclamo de la familia que “sigue sin tener un derecho de acceso a la justicia que les permita conocer la verdad de lo ocurrido con Yrusta”. Así se refiere a las medidas solicitadas que no se realizaron como una nueva autopsia, secuestro de los libros de guardia del Servicio Penitenciario los días anteriores a la muerte, el informe de las intervenciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de Coronda, el análisis de los objetos encontrados en el ano y el estómago de la víctima al momento de su muerte, el secuestro de la historia clínica. Todo, por no permitirles constituirse como querellantes, petición que fue rechazada por el juez y el fiscal “con el objetivo de esconder la verdad y su negligencia en la investigación”.
Advertencia
Ya en marzo de 2016, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU había planteado al estado santafesino cinco reclamos respecto a la caso Yrusta: que “asegure que la investigación no se limite a las causales de la muerte” sino que la “integre a una investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición con ocasión de su traslado de Córdoba a Santa Fe”; que “procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas”; que “reconozca a las hermanas de Yrusta como querellantes y les conceda una indemnización rápida, justa y adecuada”; que “adopte todas las medidas para que no se repitan los hechos”; y que “publique el dictamen, en particular entre las fuerzas de seguridad y penitenciarios encargados de cuidar y atender personas privadas de la libertad”.
Pero los incumplimientos argentinos continuaron y en octubre de 2017 el Comité volvió a exigir que se investigue la desaparición de Yrusta y se identifique a los responsables. En ese sentido aclaró que la familia de un desaparecido también es “víctima” y por lo tanto tiene derecho de ser “querellante” y recibir una “reparación y compensación” por el crimen. También pidió que se investiguen las irregularidades en la pesquisa que llevó adelante el juez Sergio Carraro y la Fiscalía que instruyó la causa y concedió un plazo hasta fines de enero de 2018, que nadie cumplió.
Lo que motivó este nuevo dictamen que insta a que se realizar una investigación pronta, imparcial e independiente de todas las alegaciones de torturas formuladas por Yrusta y su familia con las acusaciones correspondientes por torturas contra los ejecutores; que la familia sea considerada con el carácter de víctima y se les permita constituirse como querellantes; que se les conceda una indemnización justa; que el Estado modifique su legislación procesal penal y que se adopten las medidas necesarias para favorecer garantías de no repetición de los hechos.
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