Ezequiel Nieva
El gobierno nacional elaboró una serie de lineamientos para redefinir las políticas sobre el uso de productos agroquímicos. Fueron presentados el último miércoles en Buenos Aires y apuntan a motorizar un debate, en todo el país, por una ley nacional que intensificará las fumigaciones. Entre otros puntos, se dejará a criterio de cada localidad determinar los límites al uso de agroquímicos, pasando por encima de las legislaciones provinciales.
La iniciativa es un primer paso hacia un proyecto de ley a nivel nacional sobre aplicación de fitosanitarios, que será complementario a la regulación sobre el registro de los productos y a la ley sobre la disposición de los envases de los productos químicos. El informe propone 12 principios para ordenar las políticas públicas sobre fumigaciones y, especialmente, las “zonas de amortiguamiento” en las que no se podrá fumigar.
La presentación estuvo a cargo de los ministros de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao; y Salud, Adolfo Rubinstein.
Los 12 principios son “una guía para que las políticas públicas atiendan el cuidado de la salud, del ambiente y de la producción agrícola, sobre la base de instituciones eficientes, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico”.
También se presentan 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas agrícolas y de la autogestión del sector privado.
Sin rigor científico
Aunque el gobierno nacional hace hincapié en el cuidado del ambiente y la salud, lo cierto es que para la elaboración del informe se dejaron de lado todas las investigaciones científicas nacionales y extranjeras que exponen cómo la aplicación de pesticidas tiene incidencia directa en la proliferación de enfermedades como el cáncer e incrementan las malformaciones o los abortos espontáneos, tal como demostraron los estudios del doctor Damián Verzeñassi realizados en distintas localidades agrícolas de la provincia de Santa Fe.
El grupo de trabajo de buenas prácticas agrícolas estuvo conformado por representantes de los ministerios de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ambiente y Agroindustria. También lo integraron miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente, del Consejo Federal Agropecuario, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“Las conclusiones demuestran el fuerte compromiso del gobierno nacional por continuar fortaleciendo las políticas e instituciones agropecuarias nacionales para la buena gestión de los fitosanitarios, basadas en las buenas prácticas agrícolas y la sinergia entre los diferentes equipos del gobierno, en los que todos los involucrados nos sentamos en una mesa y acordamos aquellos principios fundamentales que deben regir para la producción sostenible”, señaló el ministro Etchevehere durante la presentación.
Por su parte, Bergman indicó que es necesaria “la interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia en cuanto a tener producción cuidando el desarrollo para salir de la pobreza. Tenemos la obligación de llevar las buenas prácticas para que todos manejemos el mínimo denominador común. Para eso contamos con productores, sociedad civil y academia”.
Legislación única
Aunque el ministro de Ambiente afirmó que el gobierno nacional respeta el federalismo y la división de poderes, lo cierto es que se apunta a una legislación única que dejará de lado las normas que cada provincia dictó para el cuidado de la salud y el ambiente. “Ahora el Poder Legislativo va a continuar el trabajo en el marco de las comisiones que correspondan”, anticipó Bergman.
El grupo de trabajo recomienda la implementación de una instancia por el término de un mes, a partir de mediados de julio, para luego proceder a la revisión de los comentarios recibidos. Por su parte, los representantes del Consejo Federal Agropecuario y del Consejo Federal de Medio Ambiente llevarán el informe final para discusión en sus respectivas entidades.
Dentro de las reflexiones finales, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de las prácticas agropecuarias, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales. Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios, con actualización de la información para fortalecer el sistema de control.
“Licencia para matar”
Para el diputado provincial Carlos Del Frade, la iniciativa presentada la semana pasada por el gobierno nacional es “un fenomenal retroceso que legitima casi 1.500 productos iguales o peores que el glifosato”.
Según el legislador del Frente Social y Popular, “muchas y muchos dirigentes políticos santafesinos celebrarán esta nueva capitulación ante las multinacionales y sus socios locales”.
“La propuesta del gobierno nacional de dejar librado al mercado y el siempre reducido poder de municipios y comunas para defender el medio ambiente y la salud ante el avance del negocio del veneno y los agroquímicos es casi una licencia para matar”, señaló el legislador.
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