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Nace un nuevo polígono industrial en zona sur

Estará en Uriburu y Avellaneda y se asentarán 14 empresas que deben mudarse de donde están.


El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad –con la sola objeción a un inciso de los dos ediles del Frente para la Victoria– la ordenanza que crea un nuevo polígono industrial en la ciudad. Estará ubicado a metros de avenida Uriburu y bulevar Avellaneda, en el distrito Sudoeste, y será el cuarto en su tipo, aunque a la par una serie de particularidades también lo distinguen como único.

Es que la zona nace, si se quiere, ya colapsada: allí se asentarán 14 empresas que ya formaron un consorcio especial para hacerlo. No tienen características comunes entre sí –entre ellas hay una autopartista, una fábrica de plásticos y una distribuidora– salvo una: todas deben o les conviene irse de donde están ahora, ya que ocupan suelo urbano, y la congestión de tráfico, los ruidos que provocan o simplemente la oportunidad de expandirse requieren de una mudanza.

La otra es que la compensación que devolverán al municipio por plan especial destinado a ellas se hará en infraestructura hacia la zona, que hoy no cuenta con agua potable, cloacas, electricidad y gas, carencias que alcanzan a los habitantes de asentamientos vecinos al emprendimiento. La idea es que, con el nuevo emplazamiento industrial, en el futuro cercano se generará un efecto en cadena, no sólo por los servicios que tendrá la zona sino por la generación de 500 puestos de trabajo allí mismo.

La ordenanza aprobada ayer dejó creada el “Área Industrial Uriburu” con trazados, indicadores urbanísticos, y un reordenamiento en la zona donde hasta ahora –marcaron ediles del oficialismo y la oposición– no había “nada”. En total son 15 hectáreas que lindan al sur con Uriburu y al este con las vías del ferrocarril Belgrano, de las cuales tres serán para uso público –calles, veredas– equipadas por las mismas empresas que se asentarán.

Además de obras clave de logística, ya que la ordenanza compromete a las 14 firmas no sólo a la donación y las obras –como pavimento y alumbrado público– de los trazados sino al emplazamiento de desagües cloacales y pluviales, obras para el abastecimiento de agua y electricidad, entre otras.

El edil radical Sebastián Chale, ex secretario de Producción municipal, destacó las obras para energía eléctrica, ya que, según aseguró, las empresas sólo utilizarán el 10 por ciento de la infraestructura que instalarán “y el 90 por ciento va a ser usado para la zona o incluso para otros emprendimientos”.

Por su parte, el también radical pero de diferente bancada Martín Rosúa, quien también revistó en la Secretaría de la Producción, destacó que la ordenanza crea nuevo suelo productivo la ciudad, en un marco que el dato común es lo contrario: precisamente la escasez de suelo y el alto costo de la tierra y la infraestructura vienen generando un éxodo de empresas locales hacia locaciones del Gran Rosario o aún más lejos.

En ese marco, la kirchnerista Norma López celebró la ordenanza, pero objetó, precisamente, la compensación en obras de infraestructura focalizadas en la misma zona “que se ha permitido a algunas empresas y a otras no”.

El reparo dio lugar a un contrapunto del que surgió que distintas comisiones están trabajando en una división de los marcos que regulan a los desarrollos urbanísticos de los suelos productivos, atendiendo a que los últimos no son emprendimientos inmobiliarios –con réditos rápidos y directos– sino productivos y generadores de puestos de trabajo a largo plazo “y por ello requieren tratamiento especial”.

Chale recordó en ese marco que de los tres polígonos industriales ya dos –Ovidio Lagos hacia el sur, Uriburu hacia el límite con Pérez– están “completos”, mientras que el que tiene espacio –Uriburu y Circunvalación– es en realidad un emprendimiento privado desarrollado para ser ofrecido a empresas.

Con todo, oficialistas y opositores celebraron el debate dado aunque se hubiera apartado de la ordenanza en sí. Y rescataron que la normativa crea también una figura para la zona similar a un certificado de obra: es que las empresas tendrán de 12 meses para la urbanización y las obras básicas de infraestructura. Para ello dispondrán de una línea de crédito del Banco Municipal que fortalecerá el fideicomiso que ya formaron.

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