La beba de la nena de 11 años violada en Tucumán y a la que se obligó a continuar la gestación hasta practicarle un parto por cesárea murió este viernes, luego de permanecer diez días en cuidados intensivos. Así lo confirmaron desde el Hospital Eva Perón. “La dirección médica hace saber que ha fallecido hoy (por este viernes) a las 15.30 la paciente de sexo femenino nacida el pasado 26 de febrero de 2019, con 25 semanas de gestación y 660 gramos de peso”, confirmaron las autoridades del centro médico en un comunicado. Por el caso, el gobernador de la provincia, Juan Manzur, y funcionarios del Ministerio de Salud y de la cartera de Justicia locales fueron denunciados por impedir el aborto legal como estipula la ley vigente desde 1921.
La dirección del hospital lamentó que “a pesar de los cuidados extremos brindados desde su nacimiento”, la beba “sufrió una complicación respiratoria grave que produjo su deceso”.
La historia salió a la luz el pasado 6 de febrero, cuando la madre de la nena, Soledad B., se presentó en la Unidad Regional Este de la provincia y denunció que su hija había sido violada por un hombre de 65 años, pareja de la abuela materna de su hija.
Según denunció, “Lucía” –como se la dio a conocer para preservar su verdadera identidad– estaba al cuidado de su abuela materna desde hacía seis años y en una de las oportunidades en que su pareja se quedó solo con la nena, abusó de ella.
Los hechos ocurrieron en la comuna 7 de Abril, en el departamento de Burruyacú, al noreste de Tucumán. Al enterarse de lo ocurrido, Soledad llevó a su hija a un centro de atención primaria de salud, donde le confirmaron que ya cursaba el cuarto mes de embarazo.
Rápidamente, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual tomó intervención en el caso y ordenó la inmediata detención del hombre, un empleado público de la comuna.
En tanto, la familia de Lucía pidió la interrupción del embarazo, que chocó contra una intervención –sin haber estado avocada al caso– de la fiscal Adriana Giannoni, quien envió un oficio para que se protegiera “la vida desde la concepción”.
Demorado el acceso a la interrupción que correspondía por ley al tratarse de una violación, la nena fue finalmente sometida a una cesárea el pasado 26 de febrero, y la beba trasladada a neonatología, donde permaneció diez días bajo cuidados intensivos, hasta ayer.
“La niña que había sufrido un abuso se le practicó una cesárea la semana pasada, en medio de una polémica porque el Estado no aplicó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), previsto en el Código Penal”, marca el comunicado del hospital Eva Perón, difundido por el diario tucumano <La Gaceta<.
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán la había obligado a parir después de dilatar el pedido de ILE solicitado por la menor y su familia, con argumento de que se procure “salvar las dos vidas”.
Un caso similar había ocurrido en Jujuy en enero pasado, donde una nena de 12 años que gestaba un bebé producto de una violación fue obligada a parir sometiéndola a una cesárea en la semana 23 de embarazo.
La beba murió el pasado martes 22 de enero, a cuatro días del parto.
El propio gobernador de la provincia, el radical Gerardo Morales, se había referido al caso anunciando que “una familia importante” iba a adoptar a “Esperanza” como se bautizó a la beba que había nacido.
Encendida la polémica, el mandatario reveló que se trataba nada menos que del fiscal federal Carlos Stornelli, quien hoy está implicado en varios casos de presunto espionaje, soborno, empleo de medios de investigación ilegales e investigaciones paralelas a las causas bajo su tutela, y eludió presentarse a declarar por esos cargos.
Víctima de un violador, víctima del Estado
“Lucía” había sido amenazada de muerte por su violador para que no dijera nada. Recién casi cinco meses después se lo pudo contar a su mamá. Pero en ese mismo momento comenzó a ser víctima otra vez, entonces del Estado de Tucumán, cuyo gobierno provincial el año pasado se declaró oficialmente “Provida”.
Si bien la propia nena manifestó “oficialmente” en cuatro oportunidades su voluntad para que se le practicara una interrupción del embarazo (cuando iban 19 semanas de gestación), desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial se dilató al situación para que se le pudiera practicar una cesárea.
La ginecóloga Cecilia Ousset que participó como instrumentista en la intervención afirmó que todo el sistema de Salud tucumano obligó a la nena a seguir gestando, y que eso se debió a una cuestión electoral, en el marco de la discusión local sobre políticas de garantización de los derechos de las mujeres.
“Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar su embarazo”, sostuvo Ousset en diálogo con <Radio Nacional< de Tucumán luego de haberse conocido que el Sistema de Salud Provincial (Siprosa) ordenó la práctica dando cumplimiento a un fallo judicial.
La médica contó que fue convocada por el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Gustavo Vigliocco, y que en el quirófano estuvieron el médico José Gigena, quien realizó la operación, ella como instrumentista, y una anestesista de la Maternidad. Además, aseguró que todos los restantes integrantes de quirófano del hospital “se declararon objetores de conciencia”, ante el requerimiento legal de practicar un aborto. El propio Gigena repudio su actitud: “Es una nena de 11 años con sus genitales inmaduros y, por eso, no iba a ser posible el parto”, les recordó, en términos de conocimiento y experiencia médica.
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