La propuesta cuenta con el respaldo de más de 150 mil firmas, y habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas, tales como: asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actuamos en el territorio; dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo; registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral, entre otras.
En lo que va del año, ya se presentaron diversas propuestas que se suman a las iniciativas que se impulsan desde hace tiempo en materia de género.
Diferentes diputados presentaron pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo con el fin de que se visibilicen las acciones que se llevan adelante a nivel nacional en la lucha contra la violencia de género.
Asimismo, desde el Frente de Todos se solicitó la modificación del Código Penal y de la Ley N°26.485 de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
También, desde el PRO se impulsó un proyecto para que se declare el estado de emergencia nacional en materia de violencia de género hasta el 31 de diciembre de 2022, por el aumento de casos en todo el país.
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