Con un acto multitudinario en la plaza 25 de Mayo, se recordó ayer el décimo aniversario de la inundación de 2003, que dejó un tercio de la ciudad bajo agua y causó la muerte de 23 personas según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos relevaron 158 víctimas si se tienen en cuenta a los “secuelados”. El reclamo principal fue por verdad y justicia.
Un documento crítico, elaborado por la Asamblea de Inundados, repartió culpas entre la gestión del ex gobernador Carlos Reutemann, su sucesor Jorge Obeid, los jueces y fiscales que pasaron por la causa penal e, incluso, los gobiernos del Frente Progresista, por no haber propiciado una reforma de la Corte Suprema de Justicia ni haber completado las obras pendientes.
En el final del documento, los inundados enumeraron sus demandas: “Juicio y castigo a los inundadores, justicia por nuestros muertos y enfermos, indemnización integral para todos los afectados, confiscación de los bienes de los responsables, inhabilitación para que ejerzan cargos públicos y juicio político a la Corte Suprema de Santa Fe”
La movida empezó a la tarde con concentraciones en distintos puntos de la ciudad, que confluyeron todas en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa Gris y los Tribunales. Partidos de izquierda, agrupaciones estudiantiles y gremiales, murgas y vecinos de toda la ciudad coincidieron en la marcha y en el acto, que tuvo un pico de emotividad cuando los integrantes de la Marcha de las Antorchas –uno de los grupos de inundados– leyeron los nombres de los 158 muertos.
La Marcha de las Antorchas repitió el ritual que desarrollan todos los martes y todos los 29 desde hace una década: cruzaron hacia la entrada de Tribunales para reclamar, ante un vallado policial, la destitución de la Corte, a cuyos ministros acusan por la dilatación de la causa penal que lleva diez años de trámite con tres imputados –el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Hidráulica Ricardo Fratti– y ninguna condena.
“¿Por qué los protege la Policía, si son delincuentes?”, gritó un inundado en la puerta de Tribunales. Sus compañeros reiteraron el reclamo de “cárcel a los inundadores”: Reutemann, Obeid, Álvarez, Fratti, Berli, Juan Carlos Mercier, Martín Balbarrey, Carlos Carranza, Daniel Germano y otros ex funcionarios del Lole. El cántico más repetido: “Memoria, justicia y verdad: no a la impunidad”.
En el documento, se remarcaron los conceptos de “crimen hídrico” e “inundación evitable”, con los cuales los inundados vienen refutando desde hace una década las explicaciones oficiales que hablaban de una catástrofe natural e inevitable. Y hubo críticas también hacia la Legislatura, en vistas de que ninguna de las cámaras decidió investigar los hechos de 2003.
Si bien los principales apuntados fueron Reutemann y Obeid, tampoco se salvó el socialista Hermes Binner, a quienes tildaron de “mentiroso” por haber prometido en la campaña de 2007 darle soluciones a los inundados cuando, al mismo tiempo, le ofrecía el Ministerio de la Producción al Lole. A los jueces de la Corte les endilgaron “encubrir a los inundadores”.
Hubo menciones a las obras pendientes para el cordón oeste –la zona más castigada por las inundaciones–, a la falta de desagües, bombas y cloacas y a “los grandes negociados de las inmobiliarias y constructoras”. También hubo palos para las políticas de la Municipalidad, que planteó la necesidad de memoria pero sin involucrarse en la cuestión judicial: “No hay memoria sin justicia, ni justicia sin verdad”.
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