La Secretaría de Comercio Interior de la Nación resolvió ayer multar a las empresas Cablevisión y Multicanal, pertenecientes al Grupo Clarín, por “haber concertado un reparto de mercado en la ciudad de Santa Fe, disponiendo condiciones limitantes a los abonados al servicio de televisión domiciliaria por cable”. En la resolución del área que comanda Guillermo Moreno se indicó que “se impone una multa de 2.500.000 pesos a las firmas Multicanal SA y Cablevisión SA”.
“Declárese responsables a las firmas de haber concertado un reparto de mercado en la ciudad de Santa Fe en relación al servicio de televisión por cable, disponiendo condiciones limitantes a los abonados o potenciales abonados al servicio de televisión por cable e impidiéndoles a éstos cambiar o elegir libremente a las empresas proveedoras de dicho servicio con las cuales contratar, en violación a la ley 22.262”, se refirió en la resolución elaborada de la Secretaría de Comercio.
En otro artículo del escrito, que tomó estado público ayer, se señaló que se “ordena a las empresas Cablevisión y Multicanal el inmediato cese de la conducta imputada (…), absteniéndose en lo sucesivo de comercializar sus servicios en las condiciones señaladas, ya sea mediante acciones concertadas o de cualquier otro modo que impliquen aceptación o distribución de zonas, mercados y/o clientelas a partir de la notificación de la presente resolución”.
La noticia de la multa que la Secretaría de Comercio Interior le realizó a las empresas de televisión por cable controladas por el Grupo Clarín SA en la ciudad de Santa Fe es un capítulo más de la pelea entre el gobierno nacional y el opositor monopolio mediático, el más grande del país.
La administración de Cristina Fernández dejó sin efecto en marzo pasado la fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión, que había sido habilitada por decreto en 2007 por el ex presidente Néstor Kirchner.
Estas empresas de cable representan cuantiosas ganancias para el holding que lideran Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y por tanto resistieron la decisión oficial de anular la fusión de Multicanal y Cablevisión por entender que afectaba la libre competencia.
La decisión firmada por el ministro de Economía Amado Boudou otorgó, a su vez, un plazo de seis meses a las empresas involucradas para que “efectúen todos los actos necesarios” para poner fin a la autorización otorgada en 2007, que les permitió operar en forma conjunta. Aquel permiso provisorio se otorgó mientras el gobierno nacional analizaba el impacto que ese acuerdo comercial tendría sobre el mercado.
Cuando el Ejecutivo tomó la determinación de anular la sociedad por competencia desleal, las empresas que brindan servicio de televisión por cable, como Cablevisión y Multicanal, y que habían aumentado sus tarifas a los abonados sin la autorización correspondiente, tuvieron que justificar las subas dispuestas ante la Secretaría de Comercio Interior.
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