La Multisectorial de Mujeres Rosario (MMR) realizó hoy una campaña sobre el aborto no punible frente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde todo el equipo de Ginecología se inscribió en el registro de objetores de conciencia que se abstienen de realizarlos.
“Si bien los profesionales de la salud tienen el derecho constitucional de ser objetores de conciencia, esto no debe ser prioridad ante la salud de la mujer”, dijo Mariana Palacios, de la Multisectorial, durante la movilización frente al hospital.
Gabriela Sosa, representante del colectivo Las Juanas de Rosario, sostuvo que “el Estado debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Las militantes que defienden el aborto no punible entregaron a las mujeres que asisten a ese hospital volantes con información sobre sus derechos sexuales. “Vinimos a informar todas las mujeres sobre sus derechos y sobre qué significa ser objetor de conciencia”, explicó Noel Graffmann, también ingretante de la MMR.
Graffmann señaló que la objeción de conciencia es un derecho de los profesionales para no realizar abortos, pero aclaró que “la ley argentina prevé casos excepcionales que se deben respetar”.
El artículo 86 del Código Penal establece que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer si el embarazo pone en riesgo su vida o su salud y no hay otro medio para evitar ese peligro.
Tampoco es punible la interrupción del embarazo si éste proviene de una violación o de “un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, lo que es tema de debate porque no queda claro si sólo rige para las discapacitadas mentales.
Para el resto de los casos Argentina sostiene el derecho a la vida a partir de la gestación, como lo establecen los convenios internacionales a los que ha adherido, algunos de los cuales tienen rango constitucional desde la Reforma de 1994.
Sin embargo, otras convenciones a las que suscribió el país garantizan el derecho de las mujeres a la salud en el sentido más amplio del término, que abarca la carga social y la calidad de vida y que esgrimen las militantes para decidir sobre su propio cuerpo, lo que incluye la interrupción voluntaria del embarazo.
Palacios se refirió a la situación que se plantea en el HECA, donde la totalidad del equipo de Ginecología se anotó en el registro de objetores de conciencia, por lo cual no hay médicos que puedan intervenir en casos de abortos no punibles contemplados en la legislación nacional.
“Exigimos la atención digna de las mujeres en todos los efectores de salud, manteniendo por cada objetor de conciencia un profesional que no lo sea”, enfatizó Palacios.
Rafael Pineda, jefe del servicio de Ginecología del HECA, dijo la semana pasada que los médicos de esa área “no están dispuestos a realizar prácticas abortivas” y que “la salud pública municipal tiene otros hospitales donde no hay objetores de conciencia”.
Las declaraciones de Pineda motivaron la marcha y la campaña de sensibilización realizada hoy por la MMR.
Gabriela Sosa, de Las Juanas, apuntó hoy que Santa Fe “cuenta con políticas claramente avanzadas respecto del resto del país, como el Registro de Objetores de Conciencia, que debe garantizar en todos los hospitales la presencia de profesionales que efectúen las intervenciones que son derecho de las mujeres, así como un protocolo de atención post-aborto”.
“Es necesario que el Estado garantice la aplicación plena de ambas políticas en los efectores de salud provinciales y municipales”, sostuvo la integrante rosarina de Las Juanas.
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