Gonzalo Ruiz Tovar / Télam, Lima
Más de 20 años después de que un procedimiento médico inconsulto ejecutado por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori les negara el derecho a tener más hijos, al menos 8.000 peruanas, cifra que podría crecer exponencialmente, esperan que los Tribunales les brinden Justicia.
“Todavía queremos creer en la Justicia, pero el trabajo es muy lento”, se lamentó la presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Avef), María Elena Carbajal, quien, como sus compañeras, refleja los estragos de una lucha larga e incomprendida.
“Estas mujeres están cansadas. Son 25 años en los que han sufrido en su salud física y mental, han sido abandonadas por sus parejas, han sido rechazadas por sus comunidades”, comentó María Esther Mogollón, una activista feminista que acompaña la batalla de reivindicación desde el primer momento.
Este viernes comenzó una nueva audiencia en el proceso, que ni siquiera ha llegado a la fase de investigación judicial. Las sesiones seguirán este lunes y recién cuando terminen se determinará si el caso avanza o si habrá nuevos obstáculos.
Por lo pronto, el juez Rafael Martínez anunció en la sesión de la víspera que el primer potencial acusado, Alberto Fujimori, presidente en el momento de las esterilizaciones, no puede ser procesado pues el caso no figura entre aquellos por los que Chile lo extraditó en 2005.
Según el abogado de las víctimas, Sigfredo Florián, de la ONG Instituto de Defensa Legal, todavía hay muchos temas para aclarar, pero lo importante es que Martínez ya empezó a individualizar responsabilidades.
Ni conocimiento ni consentiemiento
Transcurría septiembre de 1996 cuando Carbajal acudió al hospital María Auxiliadora, en el populoso distrito limeño San Juan de Miraflores, para dar a luz a su cuarto hijo. Fue entonces que comenzó el caos para ella y para su familia.
Tras la cesárea, el personal médico, según relata Carbajal, empezó a confundirla con propuestas que ella no entendía. Para presionarla, incluso le ocultaron el bebé y ella temió que se trataba de un secuestro, que se lo querían robar.
La situación escaló tanto, sin que nadie entendiera lo que sucedía, que su pareja la abandonó, la convirtió en madre soltera de cuatro niños. Apenas en 2017, cuando su hijo menor ya tenía 21 años, la mujer pudo confirmar, a partir de los registros, que en aquella ocasión se la esterilizó.
Testimonios similares se extienden por todo el país, pero en especial por zonas campesinas andinas, remotas y muy pobres, habitadas por familias quechuas y aimaras. Ése es el perfil mayoritario de las víctimas. Muchos de sus testimonios van construyendo un sitio interactivo de cara al mundo: el Proyecto Quipu (https://interactive.quipu-project.com) que refiere al postulado lenguaje escrito andino: no hacían trazos sobre superficies, sino que escribían con hilos de distintos colores, anudados.
Las esterilizaciones se practicaron sobre todo entre mujeres que daban a luz. Según relatan, se les daban explicaciones intencionalmente confusas, se las presionaba, mentían o solo las intervenían sin decirles nada.
Juana Minaya, de Cusco, ni siquiera fue a parir, sino a que le arreglaran la mandíbula, arrancada a patadas por su esposo. Se sorprendió cuando vio que le intervenían “la barriga” y recién después supo que la habían esterilizado. El marido, al enterarse de que no volvería a ser padre, le abrió las cosidas, otra vez a patadas.
Según estudios, de 270.000 a 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres fueron esterilizados de 1996 a 2000, en una campaña de “planificación familiar” ejecutada por el gobierno autoritario de derecha de Fujimori.
“Decían que era para acabar con la pobreza, pero era para acabar con los pobres, que es distinto. Y querían acabar con los indígenas”, afirma Mogollón, portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef).
Mogollón estaba dedicada al activismo cuando un grupo de esterilizadas le hizo saber lo que ocurría. Desde entonces, inició la batalla que empezó con poco más de 1.300 pioneras que acudieron a los tribunales. El caso arrancó en 2002, pero ha tenido trabas “vergonzosas”. Ahora suman alrededor de 8.000 las demandantes organizadas.
La presidenta de la Avef y la portavoz de la Ampaef coinciden al respecto en que al habitual paso lento de la Justicia se suman las presiones políticas, derivadas del poder que mantiene el sector fujimorista.
Cinco gobiernos han mirado el caso con desprecio, señalan. El Ministerio de Justicia, sostiene Mogollón, se ha mostrado insensible y ha pretendido impulsar políticas sin consultar a las víctimas. El presidente Pedro Castillo ofreció solidaridad como candidato, pero ya en el poder se niega a recibirlas.
Además de Fujimori, las acusaciones apuntan a los tres ministros de Salud de ese período, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y a mandos del sector. Aguinaga es hoy uno de los legisladores más beligerantes del partido fujimorista Fuerza Popular.
Para Mogollón y Carbajal, lo que buscan las víctimas, además de castigo para los responsables, es que el Estado les pida perdón oficialmente y les dé reparaciones “según los estándares de las Naciones Unidas”, ya que necesitan ayuda en salud, educación, vivienda.
El drama es múltiple. Las mujeres se sienten solas: en las comunidades andinas las han rechazado, pues allí no se ve bien que una mujer no aporte hijos para las faenas del campo. La mayoría fueron abandonas por las parejas y los hijos corrieron los riesgos de los que crecen solos por el intenso trabajo de la madre.
“La gente no nos comprende. Dicen que agradecidas deberíamos estar por no tener más hijos. Y el temas es tabú”, lamenta Carbajal. Mogollón coincide, dice que incluso hubo feministas que dieron la espalda y añade que la polarización política lo ha empeorado aún más.
Según estiman los abogados, después de que la investigación judicial arranque, si es que esto ocurre, podrían pasar al menos tres años hasta que se dicten sentencias. Una Justicia que tarda no es justicia, replican las víctimas.
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