Mueve Entre Ríos: municipios y comunas de Santa Fe y Buenos Aires firmaron el “Acuerdo del Paraná”

Con el fin de trabajar de manera mancomunada para detener el ecocidio que producen las quemas en las islas, la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, formalizó el “Acuerdo del Paraná” junto a representantes de 10 municipios y comunas del sur santafesino y del norte bonaerense emplazados a la vera del rio Paraná, frente al Humedal. Ahora la próxima acción tendrá fecha en unos veinte días, para cuando se buscará una reunión con diputados nacionales.
Las autoridades que rubricaron el acuerdo provienen de urbes que también se dicen damnificadas por los incendios intencionales en el Alto Delta y sus densas columnas de humo, que dificultan la navegación y agravan –o provocan– problemas respiratorios a sus habitantes, además de poner en riesgo la seguridad vial en rutas y caminos, entre otras problemáticas. Así, sumaron su firma representantes de Ejecutivos y cuerpos legislativos de San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, Baradero, General Lagos, Empalme Villa Constitución y Pueblo Esther.
En el acuerdo se plantea una serie de medidas y resoluciones para ser presentadas ante el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, a su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, y en especial al gobernador Gustavo Bordet, de Entre Rios, bajo cuya jurisdicción están el Alto Delta, el Delta Medio y en parte el Delta Inferior del Paraná. Además, solicitan a la Cámara de Diputados de la Nación que se le dé “rápido tratamiento” a distintos proyectos de ley presentados y en tratamiento que apuntan “a la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales”.
Uno de ellos, el específico sobre el tema –y que en Santa Fe también involucraría de lleno a los Bajos Submeridionales, en el noroeste provincial, y al sitio Ramsar Jaaukanigás, en el extremo noreste santafesino– tuvo dos antecedentes, ambos con el mismo resultado: recibieron media sanción por parte del Senado y quedaron sin tratamiento en la Cámara baja, hasta que perdieron estado parlamentario.
“Nos comprometimos entre otras cuestiones a construir una Mesa Regional Ecológica para compartir y construir legislación que busque avanzar en la protección del medio ambiente”, dice el documento suscripto este miércoles. Y con una aclaración: “La idea no es sólo quedarnos en la firma de este acuerdo, sino que apuntamos a seguir trabajando de manera permanente y poder terminar con esta quema que no solamente afecta a la salud sino que también pone en riesgo nuestra flora y fauna”.
Suscribieron el documento el vicepresidente del Concejo Deliberante de Baradero, Martín Genoud; el vicepresidente primero del Concejo Municipal de Arroyo Seco, Daniel Tonelli; Diego Díaz, titular del bloque Juntos por el Cambio, del Concejo de Ramallo; Sergio Ponce, presidente del Concejo Deliberante de San Nicolás y el edil Julio Pasqualín; el presidente del Concejo Deliberante de Ramallo, Sergio Costoya, y de ese cuerpo, la edila Paula Dusso, y el secretario del cuerpo, Leonel Amaya.
Asimismo participaron de la reunión y son firmantes del documento el presidente del Concejo Municipal de Villa Constitución, Diego Martín; el titular del Concejo Municipal de San Lorenzo, Hernán Ore, y la edila Andrea Soria; el presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, Carlos Dolce; el presidente de la comuna de Empalme Villa Constitución, Raúl Vallejos, y Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por los Humedales.
Todos ellos sellaron su compromiso de “ejecutar reuniones de seguimiento de la situación” del Humedal, en tanto que los presidentes de los cuerpos legislativos plantearon “constituirse como partes damnificadas en una causa a definir en defensa de intereses simples o difusos con el fin de tutelar la Salud Pública, conservar la fauna y flora, el paisaje, el medio ambiente y en general defender valores similares”.
De igual modo se proponen “recopilar informes y sistematizar en un documento interjurisdiccional sobre la afección de la salud y sobre la diversidad ecológica de las islas a raíz del ecocidio en cada localidad y elevarlo a las autoridades nacionales competentes para poder solicitar acciones en el campo de la salud de los habitantes de las ciudades afectadas y sobre la protección de las islas del Paraná”.
En los fundamentos del acuerdo se precisa que “el marco normativo medioambiental de la Argentina incluye legislación nacional y tratados internacionales” de los que la Argentina forma parte concomitante. Y remarca: “Nuestro país reúne una gran diversidad de climas y ecorregiones. Buena parte de nuestra economía se sustenta en la explotación de recursos naturales por medio de la producción agrícola ganadera, la minería y el petróleo, para lo que debemos mantener un equilibrio entre el cuidado ambiental y su explotación”.
“Con la reforma constitucional de 1994, la Argentina consagra en su artículo 41 la protección del medio ambiente, donde establece: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales»”.
En tal sentido concejales y concejalas recordaron que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
Y concluyeron: “Estas acciones, justas y necesarias, resultan quizás insuficientes desde lo particular, por lo que hemos decidido actuar como región afectada de manera conjunta para visibilizar aún más la grave situación, para proteger a nuestros vecinos afectados, y para detener el ecocidio que provoca la quema indiscriminada sobre nuestra flora y fauna”.