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Muestran auditoría con presuntas irregularidades en la gestión

La presentarán en los próximos días y da cuenta de anomalías producidas por las anteriores autoridades comunales.


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Las autoridades comunales de Barrancas aguardan con singular expectativa los resultados de una auditoría realizada por profesionales de un estudio contable de la ciudad de Santa Fe que será presentada públicamente en los próximos días en esta localidad del Departamento San Jerónimo. Esa auditoría, según adelantaron algunos funcionarios de la actual administración comunal, da cuenta de graves irregularidades cometidas durante los últimos 8 años de gestión del anterior presidente comunal, Jorge Calvet. El análisis de las cuentas comunales fue encargado por las actuales autoridades de Barrancas, pertenecientes a una corriente vecinal encabezada por Carlos Teglia, que posibilitó la derrota en las elecciones del año 2011 del Partido Demócrata Progresista que gobernó durante 60 años en esta localidad.

Según señalan desde la Comuna, los informes preliminares de la auditoría coinciden con datos que arrojó una inspección legal y técnica ordenada por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, en el mes de abril de 2011, con la única diferencia que aquella inspección no pudo verificar el manejo contable y administrativo, ya que algunos libros se encontraban ya en poder del juez de Instrucción de la 7ª nominación Diego De la Torre. Las conclusiones de aquella inspección fueron volcadas en un dictamen Nº 75 Expte. 00103-0036895-3 de fecha 15 de julio del año 2010, cuyos resultados fueron remitidos a la justicia penal.

Las denuncias a la gestión del PDP en la comuna de Barrancas comenzaron en 2009 con una presentación efectuada por Carlos Teglia, en ese entonces miembro titular del Concejo comunal, ante la Secretaría de Regiones en fecha 28/08/09 y 01/10/09, para que a través de una inspección se investiguen las anomalías en la administración de dicha comuna. Buscando superar ese escollo, Teglia denunció la falta de respuesta en una presentación  ante el Defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti .

El Ombudsman santafesino resolvió mediante la  resolución 127 del día 18 de diciembre de 2009, haciendo lugar a la petición efectuada por Teglia, observando en el escrito “la falta de colaboración y omisión de la Secretaría de Regiones ante la solicitud efectuada por el ciudadano Carlos Teglia, lo que impidió concluir un análisis fáctico jurídico de la problemática planteada” por lo que recomendó al Ministerio de Gobierno –en ese entonces a cargo del actual gobernador– la realización de la investigación solicitada por Teglia el 25 de abril de 2009.

Conclusiones de la Inspección

Tras la insistencia ante las autoridades provinciales se produjo la llegada de inspectores a la comuna de Barrancas. Allí  pudieron observar, entre otras cosas,  un grave incumplimiento de la ley Orgánica de Comunas Nº 2439 que en sus artículos  20 al  44 establece el funcionamiento de las comisiones comunales. Las irregularidades  fueron volcadas en un dictamen que lleva el número 75, con fecha 20 de abril de 2011.

De acuerdo al informe, en la comuna de Barrancas no se firmaban las actas  de Comisión, ni los balances, no había presupuesto aprobado, existían recibos de ingresos por cobro de tasas y derechos comunales firmados por distintas personas que, además,  no se registraban en los ingresos de caja del día ni en los ingresos mensuales. También se desprende de dicho informe que en una misma fecha se emitieron recibos  con numeración no correlativa y en algunos de estos recibos se pone una cifra diferente en número que lo que se describe en letras.

En otro punto el informe destaca que al no haberse aprobado el presupuesto no se lleva el control de rubros y partidas impidiendo así conocer si se ha sobrepasado el nivel general de gastos y recursos incumpliendo con las prescripciones del artículo 52 de la ley.

Durante la administración de Jorge Calvet se realizaban reuniones de la comisión comunal, pero ninguno de los integrantes de la misma se enteraba de todos los temas que resolvía la administración. Prueba de ello es que se encontró una sola acta firmada y su numeración coincide con otra celebrada en distinta fecha y sin firmas. Ante la falta de ese requisito, explican los inspectores, se demuestra cuál ha sido la voluntad de los integrantes de la comisión en la toma de decisiones, lo que invalida el contenido de sus decisiones según el artículo 30 de la ley 2439.

El informe también consigna que los balances se publicaban conforme a la ley, pero no puede afirmarse que la información publicada sea veraz ya que no se relaciona con un presupuesto, ni tampoco puede aseverarse que se registran en ellos todos los ingresos y egresos. Además, destacan que los controles que realizan los miembros de la comisión revisora de cuentas sobre los balances carecen de validez, además de que el sistema de ingresos y egresos no se ajustaba a la normativa vigente en materia contable (artículo 52 de la ley 2439)

Esto se traduce como falsedad de balances, una contabilidad que no es clara ni ordenada. Además resalta que los integrantes comunales son un cuerpo colegiado cuyas decisiones –es decir la totalidad de aquellas cuestiones que la ley pone a su cargo resolver– se adoptan con él, al menos con conocimiento de quienes lo componen, situación ésta que no se daba en la administración comunal de Barrancas.

Este informe que lleva la firma de Ehtel Mara Mustafá fue remitido a la justicia penal, para que junto a otras irregularidades detectadas y denunciadas por los integrantes del gobierno actual sigan el proceso de investigación que lleva ya varios años.

Para despejar dudas sobre cómo funcionaba la comuna de esta localidad, los nuevos integrantes del gobierno Comunal consideraron conveniente realizar un nuevo estudio de las cuentas que será conocido antes de que finalice el mes de marzo. En el mismo, seguramente aparecerán más  datos que sorprenderán a más de un lector o vecino de la localidad: 117 cheques rechazados por falta de fondos, venta  irregular de lotes y otros documentos que ya  fueron puestos en conocimiento del fiscal Nº7, Jorge Andrés.

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