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juicio abreviado

Muerte al volante que no tuvo sanción esperada: Lautaro González Riaño se fue caminando de Tribunales

El ex jugador de Colón Lautaro González Riaño se fue caminando de Tribunales tras firmar un proceso abreviado.


Una salida de amigos, un control de tránsito municipal, un escape, alcohol, un semáforo en rojo y una pérdida irreparable, la vida de Diego Torres. El autor de la muerte de Torres fue el ex jugador de fútbol de Colón Lautaro Andrés González Riaño, que ayer fue condenado a través de un procedimiento abreviado a la pena de 3 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación. El ex futbolista se fue caminando del Tribunal. Había pasado varios meses con prisión domiciliaria y lejos quedaba una expectativa de pena más severa, ya que en un comienzo el planteo fiscal tenía que ver con una figura legal que podría dejarlo preso durante 9 años.

La muerte de Torres

Era poco más de la 1.30 del 21 de agosto de 2016. Diego volvía de trabajar en su moto por calle Catamarca. González Riaño había salido con amigos. Antes de subirse a su Peugeot 208, tomó alcohol y después manejó. El ex futbolista circulaba por calle Salta y al doblar por Ovidio Lagos se topó con un control vehicular. No hizo caso a las señas de los inspectores, aceleró y al llegar a la intersección con calle Catamarca hizo caso omiso al semáforo en rojo y atropelló a Diego Torres, que venía de trabajar a borde de una Motomel, según pudo reconstruir la fiscal.

Las lesiones que recibió la víctima fueron fatales. González Riaño fue sometido, en el lugar, a una prueba de alcoholemia que dio positiva. Tenía 1.5 de alcohol en sangre. La reconstrucción del accidente determinó que el automovilista embistió a la moto y testigos corroboraron que el semáforo estaba en rojo para González Riaño.

Su defensor hizo hincapié en la falta de casco de la víctima, aunque la autopsia determinó que las lesiones en el resto del cuerpo de la víctima fueron fatales, no la de su cabeza.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias valoró el hecho y acusó a González Riaño, que en la mañana de este viernes se presentó como estudiante de bibliotecología, por homicidio simple con dolo eventual, y la jueza Patricia Bilotta dictó prisión preventiva en su contra por 30 días. En una revisión de la magistrada, la fiscal adelantó que tenía lista la acusación y que pediría 9 años de cárcel. El tribunal dispuso una prórroga hasta noviembre de 2016, aunque en octubre la defensa logró, en la Cámara Penal, una morigeración. González Riaño obtuvo un arresto domiciliario que se mantuvo hasta ayer cuando salió caminando junto a su abogado, luego de ser condenado.

La audiencia empezó puntual. La fiscal Piazza Iglesias no estaba presente. Según una fuente consultada, la defensa presentó ante Fiscalía un acuerdo con la querella, donde se bajaba la calificación legal. La fiscal mantuvo su postura y el caso fue revisado por el superior Jorge Baclini. El jefe de los fiscales no compartió el criterio de su subalterna, aunque sostuvo que en función de la jurisprudencia del país, el caso encuadra en un homicidio culposo “con representación”. Agregó que el nuevo sistema le da un papel importante a la víctima y sus derechos y como había un acuerdo entre ellos en cuanto a la calificación se trabajó en la pena a imponer. La fuente explicó que se dispuso el apartamiento de la fiscal Piazza Iglesias y se circunscribió el acuerdo a la pena de 3 años de prisión efectiva, 8 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo por el delito de homicidio agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor. En este caso la escala penal es de 3 a 6 años. Finalmente, Baclini dispuso que la fiscal Mariana Prunotto cumplimentara con el trámite en una audiencia de procedimiento abreviado que fue solicitada por la defensa.

La jueza Marcela Canavesio, que homologó el acuerdo no se quedó conforme con la presentación de las partes y dispuso la presencia de la familia Torres en la audiencia. Canavesio le preguntó puntualmente su postura y la madre de Torres dio su consentimiento, y le dedicó unas palabras al imputado: “Creo que jamás me miró a los ojos ni me pidió perdón”. Entre sollozos sostuvo: “Su madre tiene que estar contenta porque lo tiene vivo, en cambio yo lo tengo bajo tierra” y entre otras frases le dijo: “Con la plata se puede comprar cualquier cosa, la muerte de mi hijo no”. Finalmente, sostuvo que su hijo era muy presente en su vida y pidió que no ensucien su memoria.

La fiscal Prunotto comenzó su exposición con la orden de su superior y explicó que el acuerdo consistía en una condena a tres años efectiva y 8 de inhabilitación para conducir por las características del hecho: pasó un semáforo en rojo y no respetó la línea de frenado. Su defensor sostuvo el convenio y solicitó además la libertad, ya que cuenta con 9 meses y 6 días en prisión preventiva, 7 de los cuales estuvo en arresto domiciliario.

Por su parte, Canavesio explicó que sólo le corresponde el control de legalidad en estos casos. Si bien mostró sus dudas sobre la calificación legal acordada, para la magistrada el caso linda con un dolo eventual; sostuvo que su actuación se encuentra limitada al pedido fiscal. Agregó que la efectividad de la pena tiene que ver con la modalidad del hecho y le dejó en claro al imputado que ante cualquier incumplimiento puede volver a la cárcel.

Ambas partes consintieron que el fallo quede firme en ese instante e inmediatamente el defensor del ex futbolista, Claudio Puccinelli, solicitó la conversión de la libertad anticipada en libertad condicional. Allí la jueza sostuvo que están dados los requisitos formales para ella (llevaba cumplido más de 8 meses de prisión) y fijó reglas de conducta: establecer domicilio, realizar un curso de seguridad vial, realizar tareas no remuneradas en un colegio de Santa Fe durante dos horas una vez por semana y someterse al control de la Dirección post penitenciaria bajo apercibimiento de revocarse la libertad.

La pérdida

Según se conoció tras el acuerdo, hubo un acuerdo económico con la familia de la víctima que no se plasmó en el abreviado y una necesidad por parte de los Torres de poner un punto final al trámite judicial por el dolor que les causaba, lo que determinó que aceptaran el convenio. Aunque el hecho de estar frente a la persona que atropello a su ser querido tuvo su correlato en los pasillos de tribunales. Al salir de la sala la madre y la hermana arremetieron contra los padres de González Riaño, especialmente la madre, a la que acusaron de sonreír durante el trámite: “Tu hijo va a ser una asesino toda la vida y mi hermano está bajo tierra”, le gritó Mailén Torres.

“Mi familia está destruida; mi hermano se quiso matar tres veces, mi hermana dos y se nos cagaban de risa en la cara. Mi mamá padece diabetes, presión y era venir todos los días, y el abogado de Riaño que ensuciaba a mi hermano”, detalló. “Mientras mi hermano estaba tirado en el pavimento él –por González Riaño– salió del auto y se fumó un cigarrillo. Diego tenía 20 años, era una persona alegre y siempre pensaba en salir adelante”, sostuvo Mailén. Una fuente fiscal sostuvo que en varias oportunidades se le explicó a la familia que si aceptaban el acuerdo González Riaño iba a recuperar la libertad. Por su parte, los abogados querellantes prefirieron retirarse sin hacer declaraciones.

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