En el marco de una fuerte polémica rodeando la propuesta de la Intendencia de aprobar una ordenanza que obligue a los motociclistas a poner la denominación de la patente de la moto en el casco, con ediles opositores acusando la medida de “recaudatoria” y a los controles de “estigmatizantes”, el secretario de Gobierno del municipio, Gustavo Leone, negó ayer esas adjetivaciones y adelantó que lo que se mencionaba como “grabado” en realidad se tratará de una oblea alfanumérica que se pegará en la parte trasera del dispositivo protector.
Con respecto al costo de la misma, dijo que no superaría los 30 pesos y que se evalúa que el propio Ejecutivo se haga cargo de su financiación o que en todo caso se destinaría lo recaudado a fondos especiales que vayan al transporte o para ayudar a los que tienen problemas con las adicciones.
“Estamos hablando de una oblea en la parte trasera del casco. Si alguien piensa que eso tiene un sobrecosto enorme, que es inaccesible, me parece que no ha hecho un análisis suficientemente profundo de la situación. Es una oblea que no puede costar más de 30 pesos”, remarcó el funcionario.
“Me parece importante no poner en la discusión cosas que lo que hacen es empañar la discusión de fondo. El afán recaudatorio no nos interesa, nosotros no queremos sancionar para recaudar con este tema. Si quieren que los recursos vayan a un fondo de transporte, para prevenir adicciones o cuestiones similares se podrán destinar allí. Importa que haya una sanción porque es la única lógica para cumplir una norma”, siguió.
Subiendo más aún la apuesta, Leone señaló que “si el sobrecosto de la oblea es un problema hasta podemos resolverlo con la provisión desde el Ejecutivo”. “No parece ser un problema realmente importante. Lo que sí hay que dar es la discusión de fondo. El costo de la oblea no es el centro del debate. Como tampoco tiene que serlo dónde van a parar los recursos”, insistió.
El secretario de Gobierno reconoció que la obligación de poner la patente en el casco es una propuesta “que tiene un tiempo y fue presentada en su momento por el concejal (Jorge) Boasso”. “Más allá de esto, que tiene varios años de discusión, hoy hay una realidad y es la cantidad de delitos cometidos en moto. También hay una valoración del Ministerio de Seguridad y de la Fiscalía de la importancia de abordar, lógicamente con herramientas que tengan que ver con lo municipal en este caso, alguna instancia con respecto a ese tema”, indicó.
Sobre la cuestión “estigmatizante”, el funcionario lo negó de manera tajante. “Volvió a ponerse el tema sobre la mesa, en el marco de un diálogo amplio, para ver de qué manera nosotros podemos separar aquellos que van a trabajar, los que van a estudiar, de aquellos que eligen moverse en moto a aquellos que la eligen con otra finalidad. No es estigmatizante, es justamente al revés”, afirmó.
Cabe recordar que la cuestión se viene discutiendo en el Concejo desde el último lunes. Sobre la identificación a motociclistas, desde el PRO adelantaron que no hay acuerdo y que debería ser una ley provincial la que legisle sobre el tema para establecer su obligatoriedad en todas las localidades. Para la peronista Norma López, “la patente en el casco lo único que promueve es la estigmatización de un enorme grupo de trabajadores que se mueve en moto para ir a trabajar”. Desde el oficialismo aseguraron que se llegará “a los consensos necesarios” para llegar a un acuerdo.
En el Concejo consensuaron trabajar sobre cuatro grandes ejes
En la mañana de ayer, y con la presencia de los 18 bloques políticos, se volvió a reunir la comisión de Labor Parlamentaria del Concejo Municipal, con el fin de continuar abordando el tratamiento del mensaje enviado por el Ejecutivo y la agenda de trabajo acordada el lunes.
Durante la reunión de ayer, se acordó el abordaje de cuatro temas de competencia estrictamente municipal: control y habilitaciones municipales; prevención y contención social; coordinación interinstitucional e interjurisdiccional y análisis y consideración del mensaje de la Intendencia. Estos son los cuatro grandes ejes que abordará el Concejo Municipal en la sesión de este jueves y que aglutinan los proyectos que se encuentran en tratamiento en diferentes comisiones.
En su carácter de órgano legislativo de la ciudad, la competencia del Concejo Municipal en esta problemática le permite tratar las normativas que rigen la fiscalización y los controles que se realizan en el ámbito de la ciudad y más aspectos sociales que están en la base del problema. Consecuentemente, la comisión de Labor Parlamentaria avanzó en el tratamiento del mensaje del Ejecutivo y un conjunto de 40 iniciativas, que continuará en la reunión prevista para hoy a las 10.
Los concejales presentes reafirmaron el compromiso de canalizar las coincidencias para dar despacho a un paquete de medidas que tenga como referencia la coyuntura, pero que permita trabajar también sobre cuestiones más de fondo en el mediano y largo plazo. En ese sentido, reclamarán al Ejecutivo el cumplimiento de varias ordenanzas y decretos ya aprobados por el cuerpo y que aún no han sido implementados.
La reunión de de ayer estuvo presidida por la concejala Daniela León (UCR), acompañada por los presidentes de bloques Alejandro Rosselló (PRO), Horacio Ghirardi (PS), Jorge Boasso (Bloque Radical), Eduardo Toniolli (Bloque Justicialista), Diego Giuliano (Rosario Federal), Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario), Martín Rosúa (UCR 1983), Carlos Comi (CCC ARI), Caren Tepp (Ciudad Futura), María Eugenia Schmuck (Radicales Progresistas), Lorena Gimenez (PPS), Marina Magnani (Unidos y Organizados), Norma López (FPV), Fernanda Gigliani (IP), Aldo Poy (Demócrata Progresista), Carlos Cossia (Peronismo Solidario) y Celeste Lepratti (Bloque Social y Popular).
La sesión ordinaria del jueves, por lo tanto, abordará una agenda de seguridad ciudadana y tratará exclusivamente los temas consensuados en Labor Parlamentaria.
Casi 250 vehículos remitidos en cinco días
Desde el municipio informaron ayer que se remitieron casi 250 vehículos al corralón en cinco días, en el marco de unos 800 controles sobre automóviles y motocicletas realizados junto con efectivos de la Unidad Regional II. Las principales faltas fueron ausencia de documentación o de las medidas de seguridad obligatorias para circular.
Entre otros, durante la tarde y la noche del jueves 26, se realizaron operativos en el centro y en barrios de las zonas norte y sur; además de patrullajes preventivos. El saldo de los controles fue la remisión al corralón municipal de 52 vehículos por falta de documentación o medidas de seguridad. Cabe destacar que cinco de ellos fueron trasladados por dar positivo el test de alcoholemia.
Además de los operativos vehiculares, la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana dispuso recorridas preventivas con acciones disuasorias en distintos puntos estratégicos, como por caso en el sector conocido popularmente como Serrucho, en la Costanera Norte.
El último viernes se llevaron a cabo alrededor de 400 controles vehiculares que dejaron el saldo de 24 motos y 27 autos remitidos al corralón municipal.
Durante todo el fin de semana se realizaron acciones preventivas en La Fluvial, Parque España, Parque Irigoyen y Costa Alta, especialmente en cercanías al puente Rosario–Victoria.
El lunes se llevaron a cabo controles en distintos barrios. En uno de los operativos realizado en Ovidio Lagos y La Paz se remitieron 8 motos y un auto al corralón municipal. Además, una persona fue detenida por el personal policial por intentar evadir el procedimiento.
Durante la semana continuarán los controles haciendo hincapié en el horario de 19 a 7, especialmente para aquellos que viajen en parejas en las motos, de acuerdo a lo decidido y comunicado por el municipio la semana pasada.
Comentarios