Por Lic. Fernanda Facchiano – Colegio de Profesionales de Trabajo Social – 2da. Circunscripción. Mat.512
Desde el establecimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989, se han sancionado numerosas leyes nacionales y provinciales que se fundamentan en el reconocimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y buscan, a través de políticas públicas, garantizar su aplicación.
Estos son: Derecho a la Salud; a la Educación; a la Vivienda; a la Seguridad Social; a la Convivencia Familiar y comunitaria; a la Identidad; a la Integridad; a la Libertad; a la Asociación, Reunión y Tránsito; a Opinar y Ser Oído; a la Recreación, Deporte y Juego y el Acceso a la Justicia. Y es el estado, tanto nacional, provincial, como municipal, el que debe ponerse al frente y asumir acciones para que las personas menores de 18 años puedan acceder a una vida donde todo eso se concrete, todos los días.
Sin embargo, no podemos pensar en niñas, niños y adolescentes solos, sin un contexto familiar vincular, donde puedan crecer, desarrollarse y ser protegidos; por lo tanto los adultos que los tienen a cargo también deben llegar a la concreción de todos esos derechos.
Cuando uno o varios de los derechos no se respetan, o sea que las familias no pueden asegurar que sus niñas y niños accedan a ellos, instituciones públicas conformadas específicamente en la problemática empiezan un trabajo planificado. En Rosario funciona la Dirección de Infancias y Familias que, a través de equipos compuestos por profesionales de distintas disciplinas del campo legal y psico social, interviene para dar respuestas a esos grupos familiares. Si nada de esto modifica la situación problemática, debe entrar en escena el denominado Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos que, de manera particular, aplicará medidas de protección integral. En este punto el Estado ya se entromete en la cotidianeidad indicando, controlando y, si cuenta con los recursos, aportando estrategias especiales.
Así comienza a visualizarse que el paupérrimo ofrecimiento de respuestas en materia de políticas públicas y sociales no está a la altura, ni se condice, con el andamiaje normativo y burocrático que se ha generado alrededor de la problemática. Las Leyes, las Convenciones Internacionales y los discursos son como los andamios de los edificios. Se impone la pregunta sobre cómo hacer para que no se vuelvan “monumentos al pozo”.
En otro nivel de la intervención estatal se encuentran las medidas de protección excepcional; estas serán aplicadas frente al fracaso de todas las anteriores, decidiendo retirar al niño, niña o adolescente de su centro de vida e implicando, en la mayoría de los casos, un corte, una interrupción abrupta en la vida de una persona menor de 18 años. Muchas veces un corte absolutamente necesario, ya que de no suceder, correría riesgo su integridad psicofísica. Ellas, ellos, elles, son trasladados a un Centro Residencial, antes denominados hogar de menores o pueden comenzar a vivir con alguien de su familia ampliada o con un referente afectivo. Además se cuenta con algunas pocas familias solidarias que, en el marco de un programa provincial, reciben niñas y niños por un período acotado de tiempo, hasta que se resuelva de manera definitiva dicha medida.
Durante algunos meses, que es el tiempo fijado por la ley y que siempre se vence, esa niña, niño o adolescente, pasará a ser alojado por una institución del estado provincial o por una institución dependiente de organizaciones no gubernamentales que convenían plazas de alojamiento con la Subsecretaría de Niñez. Un importante número de estos Centros Residenciales Conveniados dependen de organizaciones religiosas. E incluso en los últimos años se han conformado hogares para niñas, adolescentes y mujeres gestantes, como forma de prevenir interrupciones de embarazos.
En este punto resulta necesario cuestionar lo que se produce en personas adultas que se proponen asumir el cuidado de niñas, niños y adolescentes sin referentes parentales y del “niño por nacer”. Aparecen ejemplos de doble moral, por un lado se dice que hay miles de chicos abandonados y familias o parejas que desean adoptar y no lo pueden hacer por la burocracia del sistema. Sin embargo, esas personas adultas que expresan deseos de hacerse cargo de las y los pequeños, solo aceptarían adoptar bebes o niñas y niños hasta una edad de 3, 4, como mucho 5 años. Por otro lado, los hogares que amparan a mujeres, adolescentes o niñas que no han abortado, las alojan hasta pocos meses después de haber parido, comenzando a operar todo un entramado discursivo para que se vayan; se dice que no se autonomizan, que no buscan trabajo, que no son buenas madres, que necesitan el lugar para otras.
Y nuevamente se vuelve a lo del “monumento al pozo”, como las numerosas leyes y convenciones, son las buenas intenciones de una sociedad que dice querer hacerse cargo, pero que en lo concreto de todos los días terminan sólo en palabras y discursos.
Se impone analizar la responsabilidad del estado y de sus funcionarios políticos que además de gobernar, legislar e impartir justicia, deben controlar como actúa el propio estado y las organizaciones de la sociedad civil. A las niñas, niños y adolescentes separados de sus familias por medidas de protección excepcional con el control de legalidad de un juzgado, no se les puede ofrecer sólo instituciones dirigidas por personas de buena voluntad y sentimientos amorosos, con planes de estadía pensados desde idearios cristianos y a cargo de cuidadores sin ningún tipo de capacitación. Como tampoco se los debería alojar en centros residenciales provinciales con todo el personal precarizado, percibiendo pagos miserables y desarrollando su trabajo en edificaciones tan deterioradas que corren riesgo de sufrir lesiones; ni que decir de las niñas, niños y adolescentes que pasan todo el día en esas construcciones húmedas, antiguas, sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
En los últimos días, se ha producido un nuevo embate al proyecto que pretende cumplir con las convenciones internacionales y leyes de protección de derechos de la infancia. Dos centros residenciales que se habían conformado para alojar a niñas y adolescentes luego del cierre del Hogar del Huérfano dejaron de funcionar sin, hasta el momento, haberse generado alternativas estables.
La falta general de respuestas públicas a las problemáticas de niñas, niños y adolescentes y la situación específica de las personas menores de edad intervenidas por el estado provincial es sumamente grave. El debate entre patronato y protección integral como paradigmas de trabajo y pensamiento hacia la infancia y la adolescencia encubre la desidia de funcionarios y funcionarias a cargo de direcciones, secretarias, servicios locales, programas, defensorías; llevan adelante acciones de maquillaje que son totalmente insuficientes y el monumento al pozo sigue ahí.
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