Un grupo de diputados de la oposición ingresó en la sesión de ayer un proyecto de ley titulado “Fondo compensador de contingencias salariales” cuyo objetivo central es reimplantar el impuesto a los Ingresos Brutos para la construcción, la industria y las actividades agropecuarias para que, con ese dinero, el gobierno provincial –y también los municipios y comunas– puedan hacer frente a los aumentos salariales de los trabajadores públicos. Una suerte de reforma tributaria, aunque no en los términos que había propuesto en 2008 y en 2009 el Ejecutivo y que rechazó la Legislatura. El proyecto lleva las firmas de Luis Rubeo, Ricardo Peirone, Gerardo Rico, Martín Labbé, Claudia Saldaña, Graciela Bonomelli –todos del Frente para la Victoria–, Oscar Urruty –Partido del Progreso Social– y del ex diputado oficialista Marcelo Brignoni, miembro del bloque unipersonal Encuentro y ferviente defensor de las políticas kirchneristas. Ni el reutemismo ni el obeidismo avalaron la iniciativa.
El objetivo es crear un fondo que permita al Estado atender los desequilibrios presupuestarios que puedan producir los incrementos salariales que se otorguen a los empleados públicos, tanto a nivel provincial como municipal y comunal, incluso en los organismos descentralizados y en las empresas públicas. De convertirse en ley, ese fondo no podrá ser utilizado para ningún otro fin.
Para conformarlo, los diputados proponen varias fuentes, entre las cuales se destaca la aplicación de Ingresos Brutos –con una alícuota del uno por ciento– a las industrias y empresas de la construcción cuya facturación anual supere los 30 millones de pesos. En su proyecto original, el Ejecutivo quería gravarlas con 0,5 por ciento pero con un piso de facturación anual de 4 millones de pesos. También proponen que se grave con el mismo impuesto a las actividades agropecuarias: para aquellos que superen los 2 millones anuales, con una alícuota del uno por ciento, y para aquellos que facturen entre un millón y dos millones al año, con el 0,5 por ciento.
Además, el proyecto plantea la modificación del reparto del Fondo Sojero, que luego del veto del Ejecutivo sobre el presupuesto aprobado a fines del año pasado quedó tal como se venía distribuyendo: es decir, 70 por ciento para la provincia y 30 por ciento para municipalidades y comunas. La idea de los diputados que presentaron la iniciativa es que el gobierno provincial resigne una parte de lo que le corresponde para engordar el Fondo Compensador. De ese modo, el reparto quedaría 50 por ciento para la provincia, 30 por ciento para municipalidades y comunas y el 20 por ciento restante para el Fondo.
Entre los fundamentos del proyecto, se citan el proceso inflacionario que “erosiona el poder adquisitivo de los salarios” de los trabajadores, “la escasa posibilidad” de las administraciones locales para responder a los reclamos de aumentos –visto que la capacidad contributiva de la población “se encuentra agotada y sin demasiadas posibilidades de recuperación en el corto plazo”– y el aumento de la carga impositiva nacional que “ha impedido idéntica conducta de parte de los gobiernos locales”.
Según los diputados que firman el proyecto de ley, su intención no es desfinanciar a la administración provincial en beneficio de las arcas de municipios y comunas; de allí la propuesta de nuevas fuentes de financiamiento, entre las que se destaca la implementación de una alícuota mínima para las actividades que, hasta ahora, están exentas de Ingresos Brutos y la modificación del reparto del Fondo Sojero.
El diputado Peirone explicó la iniciativa: “Consiste en salvar una coyuntura en forma positiva con la menor carga impositiva hacia la sociedad, gravando actividades que tengan el mínimo impacto en el mercado interno, y que a su vez le otorgue un caudal de fondos al gobierno de la provincia para que resuelva la situación salarial. Es de distribución obligatoria hacia municipios y comunas, que hoy están absolutamente desfinanciados y que no pueden trasladar sus mayores costos a los habitantes”.
Según Peirone, la distribución del Fondo compensador se haría a través del régimen vigente de coparticipación, que obliga al Estado provincial a destinar el 13,42 por ciento de sus recursos a municipios y comunas: “Entendemos que es lo más correcto, en tanto no haya una oferta legal superadora. Si el gobierno propone otro régimen y es aceptado por municipios y comunas, yo no tengo problemas. Pero nosotros planteamos que ése (el régimen de coparticipación) sea el mecanismo porque es el único que está funcionando de manera idónea y por el cual se distribuyen la mayoría de los fondos”.
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