La dirigente Milagro Sala inició este miércoles una huelga de hambre seca tras haber sido trasladada a una cárcel federal en Salta, mientras su defensa presentó un habeas corpus exigiendo a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dictó la prisión domiciliaria para la dirigente.
“Milagro Sala inició una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente al penal federal de Salta”, anunciaron voceros de la dirigente en las redes sociales, luego de que fuera notificada este martes a las 22 de su traslado al complejo penitenciario federal III de la localidad salteña de Güemes.
En paralelo, además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), y Amnistía Internacional Sección Argentina presentaron ante la CIDH una denuncia por el “palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas” por ese organismo y ratificadas por la Corte Suprema.
La presentación hecha por la defensa de Sala ante la Corte Suprema señala que la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos “hace incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional, en tanto implica incumplir resoluciones que son obligatorias”.
Y señaló que, “si bien las cuestiones relativas a la acción de habeas corpus resultan en principio ajenas a la instancia extraordinaria, corresponde que la Corte intervenga para reguardar la vigencia del instituto cuando lo contrario implicaría frustrar la esencia de la acción intentada”.
“El rechazo de esta presentación implicaría dejar librado al azar el devenir del estado de salud de Milagro Sala, ante un cuadro de extrema gravedad de urgencia provocado en gran medida y como ha expresado la propia CIDH por los tribunales ante los que correspondería interponer el habeas corpus en condiciones normales de legalidad”, advirtieron los abogados defensores de la líder de la Tupac Amarú, Elizabeth Gómez Alcorta, Marcos Aldazabal y Luis Paz.
Además, los letrados resaltaron que la dirigente social no fue informada sobre “los fundamentos de la decisión” del juez de que vuelva a la cárcel, lo que para ellos “constituye otro elemento de suma gravedad”.
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