Candela Ramírez
Cuando el debate por la despenalización del aborto llegó por primera vez al Congreso, en 2018, hubo una palabra que se repitió y se repitió y se repitió: Misoprostol. En las comisiones del Congreso y en su recinto, en los programas de radio y televisión, en las redes sociales, en las facultades, en los bares y en las casas se puso en común esta palabra como llave, como clave de acceso a un derecho, el de decidir la continuidad o no de un embarazo. A un año de la sanción en el Congreso nacional de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) , hay otra palabra que trabajadoras de la salud y militantes feministas buscan que sea replicada: mifepristona, una medicación que combinada con el misoprostol aumenta la seguridad y eficacia de los abortos y que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Argentina no se consigue porque su uso todavía no está aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
En Rosario dos trabajadoras de la salud repasan asuntos pendientes de cara al 2022, cambios en la forma de acceder a un aborto y coinciden con énfasis en la urgencia de destrabar el uso de mifepristona en el país.
“Se trata de una lucha continua, ahora tenemos que ir por la calidad de la atención del aborto porque ya no nos da lo mismo seguir garantizando abortos porque sí, sino que queremos que sean de calidad, queremos que no haya un impedimento técnico que nos imposibilite ofrecer calidad técnica. La mifepristona es lo que asegura un tratamiento de calidad como lo indica la OMS”, plantea Alejandra Zarzoli, trabajadora social e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
La combinación de la mifepristona con el misoprostol es sugerida por la OMS desde 2005 a la vez que considera a ambas drogas como esenciales. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina que originalmente fue diseñado para el tratamiento de úlceras gástricas. Hace algunas décadas este organismo y otros internacionales lo recomiendan para usos obstétricos y lo reconocieron como un medicamento esencial para un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo. Tomar 12 pastillas en tres dosis genera contracciones en el útero provocando la interrupción de la gestación. Su efectividad es del 85 por ciento y distintos estudios dan cuenta de que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad.
En gran parte de los países donde el aborto ya es legal —como Francia, México y Estados Unidos— es usado combinado con la mifepristona. Juntas alcanzan un 99 por ciento de eficacia. La mifepristona no está disponible en muchos países de Latinoamérica porque fue una droga diseñada específicamente con fines ginecológicos para interrumpir el embarazo. Por eso, en la región el medicamento más usado y más efectivo es el misoprostol.
Zarzoli planteó que actualmente “hay movidas oficiales del propio Ministerio de Salud de Nación para que se apruebe” y así lo confirmaron también autoridades de la cartera provincial. Sostuvo que lo que la sanción de la ley en diciembre de 2020 vino a cambiar es justamente poder “exigir calidad en la atención de aborto”: “No nos da lo mismo que sea de cualquier manera la atención. En algún momento no nos quedaba otra que conformarnos cuando teníamos que dar respuestas desde el sistema de salud. Hoy ya no lo podemos permitir, nunca, y menos cuando hay una ley que ampara y obliga a que las mujeres tengan una respuesta de calidad en el sistema”.
Raquel Tizziani, integrante de la Consejería de Salud Sexual del Hospital Alberdi y docente de la Facultad de Medicina -responsable de la materia electiva Sexología Clínica-, acuerda con Zorzoli. “Al año de la ley, seguimos con la opción de misoprostol que no solo tiene menos eficacia sino que también acarrea más tiempo de tratamiento y es mucho más complejo de administrar. En comparación, tiene más desventaja utilizar sólo misoprostol que las dos drogas asociadas. Además, no corresponde, deberíamos contar con el tratamiento completo”.
La docente de la UNR aclaró que en el texto de la ley “se habla de garantizar un derecho y de contar con una tecnología médica más adecuada para realizar esa práctica” y agrega: “Esa tecnología va cambiando con el tiempo, se va actualizando. En algún momento era el legrado, eso quedó en desuso, de hecho hoy es desaconsejado y se utiliza el AMEU como técnica de aspiración”.
A su vez, Zorzoli destacó la importancia de adquirir la medicación sobre todo para los equipos que trabajan, como ella, en consejerías para la gestación en el segundo trimestre donde el enfoque es en el marco de la Interrupción Legal del Embarazo —ILE, no IVE—, es decir cuando hay más semanas de gestación pero se contempla si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o salud de la persona gestante. Para estas pacientes es incluso más urgente contar con la combinación de las medicaciones para mayor protección de su salud.
Un año con ley
“En este sentido, mi trabajo no cambió mucho en el último año pero sí noto que cambió en principio el posicionamiento con el que llegan las mujeres y personas con capacidad de gestar”, explicó. “La mayoría de las personas que llegan están posicionadas en otro lugar y eso hace más rico el intercambio. No tener que pararnos nosotras como profesionales de la salud en un lugar de tutelaje, de tener que indagar por qué motivo llegan o por qué deciden lo que deciden. El no cuestionamiento de la decisión de las personas, eso cambió. Hace a un abordaje totalmente distinto a la hora de poder dialogar desde un lugar de derechos, hace que la apuesta sea distinta”.
En este sentido Tizziani marcó otro cambio: “Antes de la ley lo que más veía, aparte de la angustia habitual por una situación de estas características, era el miedo de que les pase algo a ellas, el miedo a morirse, a estar en la clandestinidad. Ahora hay mayor tranquilidad y una posición subjetiva un poco más conocedora de sus derechos”.
También subrayó la importancia de contar con el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) que es el organismo público de Santa Fe que produce misoprostol. “Esto fue un avance enorme del 2018 a esta parte porque abarató mucho los costos con medicamentos que son de alta calidad”. “El tema del uso de la mifepristona quizás se puso en agenda, un poco, pero no se ha logrado efectivizar”, planteó.
Sobre la cantidad de consultas recibidas desde la sanción de la ley, ambas profesionales recuerdan que las situaciones varían bastante en cada hospital, sanatorio y centro de salud y además se suman factores que pueden determinar cómo se desenvuelven las personas que necesitan atención. Todavía no hay datos oficiales ni de la Municipalidad ni de la Provincia para determinar cuántos casos hubo, la franja etaria de las mujeres y personas gestantes que lo solicitaron ni otros aspectos cuantitativos.
En 2019, luego del debate social y masivo sobre el tema en 2018, coinciden en que hubo un auge de consultas que en 2020 cayó y, desliza Tizziani, pudo tener que ver con la crisis sanitaria por covid y la reestructuración de áreas y formas de consultas.
“Este 2021 en el Hospital Alberdi volvimos a recuperar un poco más de la mitad de las consultas de 2019 por una lucha diría. Desde que se aprobó la ley tenemos menos consultas que antes en este hospital, pero eso no es extrapolable a otros hospitales. Antes de la ley había por lo menos un 35 por ciento de consultas de personas con obras sociales que ahora sí garantizan el tratamiento”.
“Lo esperable en los países donde se aprobó es que inmediatamente después de su aprobación hubo una visibilización de los casos reales, que estaban ocultos en la estadística, por lo que aumenta el número de abortos y después se estabiliza”, contó.
Por otra parte, Tizziani reclamó al Estado municipal que institucionalice espacios como la consejería donde trabaja y que reconozcan sus tareas. “Esto quiere decir que si nosotras no estamos en el hospital el espacio no existe, lo sostenemos las personas que trabajamos en el espacio, que somos médicas, enfermeras y trabajadoras sociales. Estamos luchando hace bastante para tener un reconocimiento en la institución como un servicio más del hospital, no tenemos esa jerarquía, no se asume como un servicio más del hospital, se asume como una posibilidad de atención en tanto y en cuanto nostras lo sostenemos”.
Sostuvo que “la garantía de los derechos sexuales es uno de los puntos más atrasados en lo es la política pública porque siempre hay otras prioridades”: “En la práctica no hay una visibilización del Estado municipal. Hay un ocultamiento, una doble moral permanente. Por eso también se sostienen algunas personas, como jefes objetores de conciencia o antiderechos en sectores de ginecología. Opera una doble moral”.
Finalmente, Tizziani hizo un punteo de los temas pendientes de cara al 2022. Además de la aprobación urgente de la mifepristona para usarla en combinación con el misoprostol para abortos mediante método farmacológico, enumeró: incluir en la formación académica de forma obligatoria los contenidos de la ley IVE en Medicina, Enfermería, Trabajo Social y Derecho; elaborar una política pública que garantice continuidad en la provisión de métodos anticonceptivos eficaces —con la pandemia hubo interrupciones o cambios—; que se inicie y profundice la educación sexual, sobre todo sobre embarazos no deseados y abortos, en las escuelas secundarias y medias; y mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el acompañamiento y garantía de derechos sexuales de las personas.
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