Adrán Rodríguez
El miedo a la muerte violenta se instaló en 2009 como una llaga en una parte importante de la sociedad bonaerense, sacudida con una serie de hechos resonantes que en algunos casos se tornaron inexplicables hasta para la lógica criminal. Tres homicidios ocurridos en menos de 20 días, presentados como un macabro complot urdido por jefes policiales para desestabilizar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sembró más dudas entre sus habitantes. Además de episodios violentos, sienten que la Policía no les brinda seguridad, al recordar el caso de la familia Pomar, que estuvo 24 días desaparecida. Se dijeron varias versiones sobre su paradero, incluso se mencionó un conflicto familiar, hasta que finalmente se descubrió que habían tenido un fatal accidente de tránsito en una ruta que, según admitió la propia Policía, había sido rastrillada.
En varios de los hechos, los crímenes se relacionaron con asaltos a automovilistas, un delito que parecía morigerado de la mano de los grandes operativos realizados contra los desarmaderos a mediados de la década que está por concluir.
La comunidad reaccionó con impotencia, bronca y reclamos a autoridades policiales y políticas, que se convirtieron en protestas públicas, con un clima tenso y de apremio para los funcionarios, aunque en esta ocasión sin líderes claros para encabezar la demanda, que se tornó heterogénea y hasta llegó a ser impulsada por figuras del espectáculo.
En la provincia de Buenos Aires, en cuyo territorio el índice de inseguridad que perciben los ciudadanos llegó al tope, las autoridades reaccionaron con cambios en la cúpula policial y una grave denuncia contra comisarios, que de confirmarse se convertiría en uno de los peores hitos de criminalidad dentro de la misma fuerza encargada de proteger a la ciudadanía.
Las estadísticas difundidas por Cesvi, una consultora que agrupa a la mayoría de las compañías aseguradoras, indican que el robo de autos creció en 2009 un 20 por ciento con respecto al año anterior.
Un caso emblemático fue el del ex futbolista de la selección argentina Fernando Cáceres, quien el 1º de noviembre pasado fue arteramente baleado en un ojo cuando buscó escapar de dos delincuentes que intentaban robarle el auto mientras circulaba por Ciudadela, al oeste del conurbano.
El ex zaguero que pasara por la Selección argentina, Boca, River e Independiente logró alejar el peligro de vida, tras permanecer en estado crítico, pero perdió el ojo derecho y sufrió consecuencias físicas irreversibles.
Por el sangriento ataque están detenidos cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, tres de ellos imputados y el más chico a resguardo de la Justicia de Menores, demorado en un centro de rehabilitación.
También en Ciudadela, pero en la zona sur, Gonzalo Etcharrán, un empleado bancario de 30 años, circulaba con su utilitario junto a su esposa embarazada y la pequeña hija de ambos, cuando delincuentes que intentaron robarle el auto lo ejecutaron de un tiro en la cabeza.
Ocurrió el 16 de octubre y el joven murió ante la desesperada mirada de su esposa, que pocos días más tarde dio a luz. El caso también tuvo su propio detenido, un joven de 21 años a quien se le secuestró lo que las pericias identificaron como el arma homicida.
La sociedad ya estaba sensibilizada desde el 14 de abril por la forma en que falleció Daniel Capristo, un camionero que fue fusilado por un asaltante que intentó robarle el auto cuando se aprestaba a guardarlo en su casa de Valentín Alsina. El delincuente que provocó que Capristo muera en brazos de su hijo, tenía en ese momento 14 años, fue detenido días después.
Pero la secuencia de crímenes que terminó de caldear el ánimo de la sociedad tiene que ver con la seguidilla de muertes, especialmente de mujeres, también en delitos tipificados por la Justicia como “robo de automotor”.
El 17 de noviembre fue asesinada en Wilde la arquitecta y catequista Renata Toscano, de 43 años, de un disparo en el rostro por delincuentes que intentaron robarle el auto, hecho por el cual fueron detenidos dos jóvenes de 17 y 22 años.
La seguidilla de homicidios de la mano del robo de autos no se detuvo y tuvo un nuevo capítulo el 25 de noviembre, cuando fue ultimada la maestra Sandra Almirón, de 37 años, por delincuentes que le robaron el auto en la localidad de Derqui, partido de Pilar.
Los asesinos apoyaron el revólver en la cabeza de la víctima para disparar, en un acto de saña incomprensible.
Por el hecho, que también provocó manifestaciones de vecinos en Pilar, también fueron detenidos dos jóvenes de 17 y 19 años, como presuntos autores.
La macabra serie pareció culminar el 5 de diciembre pasado: la bioquímica Ana María Castro, de 53 años y oriunda de Necochea, se encontraba de visita en la casa de unos parientes de la localidad de Lanús, cuando se acordó que había olvidado el diario en su auto y fue ultimada a balazos por delincuentes.
Los tres últimos casos fueron presentados como un macabro complot urdido por jefes policiales que contrataban jóvenes en asentamientos para cometer asesinatos que aparentan ser robos de autos con el fin de desestabilizar al Gobierno bonaerense, en una denuncia presentada ante la Justicia por el ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli.
Los errores en el caso Pomar
La llamativa presentación, de la que dudan hasta los mismos familiares de las víctimas, fue una nota más de la seria crisis que atraviesa la fuerza luego de que varios integrantes de la cúpula perdieran sus puestos tras los graves errores cometidos en la investigación de la desaparición de la familia Pomar.
Luis Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán y las pequeñas hijas de la pareja, de tres y seis años, viajaban el 14 de noviembre pasado desde el domicilio de José Mármol, partido de Almirante Brown, a Pergamino, donde viven sus familiares.
Los allegados a la familia perdieron contacto con los Pomar en medio del viaje y denunciaron horas más tarde a la Policía la desaparición.
Durante varios días se rastrillaron rutas, sin ningún tipo de resultado, y se tejieron diversas hipótesis hasta que la fiscal del caso, Karina Pollice, aseguró que se descartaba cualquier hipótesis relacionada a un delito o a un accidente, mientras cobraba fuerza la teoría de un “conflicto familiar”.
Increíblemente, la fiscal, que basó sus dichos en las investigaciones policiales, vio contradichas sus certezas cuando el Fiat Duna rojo en el que viajaba la familia fue encontrado volcado a un costado de la ruta provincial 41, uno de los caminos de acceso a la ciudad de Pergamino (lugar al que se dirigía la familia) con los cadáveres del matrimonio y las niñas, a pocos metros, 24 días después de la desaparición.
El ministro Stornelli intentó defender los rastrillajes y un comisario contó una historia llena de agujeros sobre la forma en que encontró los cuerpos por propia iniciativa, mientras que los vecinos aseguran que fue un trabajador rural el que lo hizo.
Finalmente, Stornelli y el mismo gobernador Daniel Scioli fueron los que terminaron admitiendo que hubo “negligencia” en el caso, sembrando otra terrible duda sobe la operatividad de una fuerza que tiene que brindar seguridad, una de las principales demandas de la sociedad.
Las críticas al desempeño policial habían tenido otro hito con el asesinato de Santiago Urbani, de 18 años, a manos de delincuentes que entraron a robar a su casa de Tigre y lo acribillaron delante de su familia el 10 de octubre.
El intendente local, Sergio Massa, reveló que tras el hecho los damnificados llamaron al teléfono 911, pero el patrullero que cubría la cuadrícula no acudió al lugar, sino que permaneció en la misma esquina durante dos horas, con los agentes dormidos en su interior.
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