Las elecciones del domingo en casi la mitad de los estados de México, precedidas por una inédita saga de asesinatos de políticos atribuida a la mafia, incluido el de un candidato favorito, podrían convertirse en un referendum sobre la política gubernamental contra el crimen.
Estos crímenes han convertido a la violencia en el eje de la campaña para unos comicios en los que se elegirán congresos en 14 estados, gobernadores en 12 y alcaldes en 1.500 poblaciones.
El asesinato el lunes de Rodolfo Torre, candidato favorito a la gobernación de Tamaulipas (noreste), es la más fuerte irrupción de la violencia en una campaña en México desde 1994, cuando un pistolero mató al candidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio.
Pero la campaña ha estado también salpicada de denuncias de espionaje, uso de recursos públicos para incidir en los resultados y la detención de un candidato de izquierda acusado de vínculos con el narcotráfico.
“Estas elecciones están muy manchadas, desde luego por la violencia, la vinculación de algunos candidatos con el narcotráfico (…) y las trampas en las que han incurrido los gobiernos” estatales y federal, resume José Antonio Crespo, politólogo e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Al asesinato de Torre se suma el de otro candidato en Tamaulipas en mayo -un aspirante a una alcaldía por el Partido de Acción Nacional (PAN) del presidente Felipe Calderón-, y los homicidios de varios alcaldes y funcionarios en los estados de Chihuahua (norte) y Oaxaca (sur).
Estos crímenes son parte de los más de 23.000 atribuidos a la violencia del narcotráfico que se ha incrementado desde que el presidente Felipe Calderón, tras asumir en diciembre de 2006, declaró la guerra a los carteles y desplegó a los militares para perseguirlos.
“La violencia refleja la escalada de esta guerra de confrontación directa con el narcotráfico que está alcanzando los niveles que alcanzó en Colombia”, en donde los carteles llegaron incluso a asesinar a tres candidatos en la elección presidencial de 1990, añadió Crespo.
Tras el asesinato del candidato en Tamaulipas, Calderón propuso en un mensaje radiotelevisado a todos a formar un frente común contra el crimen organizado, iniciativa rechazada por el PRI que la tilda de oportunista.
“Calderón lanza la idea que está llamando al diálogo, pero es un diálogo para legitimar la estrategia que él ha seguido. Por eso hay resistencia del PRI”, explica René Alejandro Jiménez, coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Y es que para el PRI la elección de este domingo se anticipa también como termómetro para la presidencial de 2012, en la que aspira a retornar el poder.
Ese partido que gobernó México en forma monopólica por siete décadas hasta que el PAN (centro-derecha) lo sacó de la presidencia en 2000, tiene en sus manos 10 de las 12 gobernaciones en juego.
Cuatro de ellas (Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz) podría perderlas en una cerrada votación frente al PAN, que se presenta en algunas en una insólita alianza con el Partido de Revolución Democrática (PRD, izquierda).
El partido de Calderón “esta tratando de quitarle ese coto de poder al PRI que significa mucho presupuesto y votos para 2012” y al mismo tiempo mandar el mensaje de “que se le puede dar pelea” por la presidencia, añade Jiménez.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza calificó esta semana desde Washington el asesinato del candidato en Tamaulipas como un “crimen abominable que apunta al corazón de la democracia mexicana”.
La frase describe el sentimiento de muchos mexicanos -especialmente en los estados más agobiados por el narcotráfico- que tienen miedo de votar o que dejaron de creer en la utilidad de hacerlo por políticos que pueden ser aliados de la mafia o asesinados por ella, coinciden ambos especialistas.
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