“No soy un delincuente por discutir paritarias”, decía Néstor Segovia, secretario Adjunto de la Asociación Gremial del Subte y Premetro, el pasado 22 de mayo, cuando en medio de un conflicto salarial que se agravó con 70 telegramas con sanciones a trabajadores, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires irrumpió en los túneles y se lo llevó detenido a él y a otros 15 trabajadores de los subterráneos porteños. Este martes, el secretario General del gremio, Roberto Pianelli, estuvo en Rosario y relató los detalles de una pelea que no cesa y en la que que, según denunció, el gobierno evidencia querer avanzar en el desmantelamiento y la desaparición del sindicato mismo, que en poco más de dos meses cumplirá 10 años de existencia.
La intervención de la Policía de la Ciudad con escudos y disparando gases lacrimógenos pese al riesgo que implica las granadas en una red que corre bajo tierra, fue el punto más violento de una ofensiva sobre la representación gremial de más de 4.000 trabajadores. La pelea de la AGSyP, más conocida con nombre de Metrodelegados, arrancó con la imposición unilateral de la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor, un 15% de aumento en tres cuotas, sin la participación del gremio que se separó de la UTA una década atrás. Los Metrodelegados reclamaban –y mantienen– un 25% de aumento y una recomposición por el poder adquisitivo perdido por inflación en 2017. Y la Justicia convalidó: hace dos semanas, un fallo de primera instancia en lo contencioso, administrativo y tributario dispuso que el gobierno porteño debía reabrir paritarias con la participación de los Metrodelegados en las negociaciones, como ocurrió en años anteriores.
El gobierno porteño apeló y la situación por ahora no tiene resolución. Pero mientras tanto la ofensiva sobre el gremio continúa, y a sus vericuetos se refirió Pianelli en su visita, donde compartió mesa en el Centro Cultural La Toma con la titular de Ctera, Sonia Alesso; el secretario General del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona, el secretario General de la CTA de los Trabajadores Rosario, Paulo Junco, y el anfitrión, Carlos Ghioldi. En el panel también participó uno de los trabajadores despedidos del subte –son 3 en total– a los que se suman a 36 suspendidos –los 16 detenidos y una veintena más por el conflicto de mayo– que totalizan más de un centenar de sanciones en un conflicto gremial local.
Pianelli relató que además de golpear a los trabajadores, la presión se focalizó sobre el sindicato. Con inscripción gremial –lo cual en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina es suficiente para su convalidación– pero sin personería plena, la AGSyP no recibía el aporte de los afiliados descontado por las empresas –la concesionaria privada Metrovías y la propietaria estatal Sbase– sino a través de las cuentas sueldo por autorización de los propios trabajadores. Ahora el gobierno porteño, según denunció Pïanelli, ordenó suspender los descuentos y, como estos no se efectuaban, apuntó a los bancos con la complicidad del BCRA. La consecuencia es el estrangulamiento financiero del sindicato, que, acostumbrado a las prácticas asamblearias, avanza en una autorización individual de cada trabajador para retener la cuota sindical.
El gremio espera que de confirmarse judicialmente la reapertura de paritarias, ingresar en la mesa de negociaciones la reversión de los tres despidos, cuyos salarios salen de las arcas de la AGSyP. Pero mientras tanto también se complica la atención médica de los empleados.
En ese marco, en La Toma se acordó una campaña para hacer visible los conflictos más crudos que atraviesan los trabajadores, no sólo el de los subtes en Capital sino también el de los docentes en toda la provincia del Chubut, y el de los mineros del carbón en Río Turbio, Santa Cruz.
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