La Cazadora

Desigualdades de género

Menstruación: entre el tabú, el mercado y las políticas públicas

Mientras la maquinaria económica busca generar nuevos gastos a través de productos innecesarios, proyectos presentados en distintos niveles del Estado plantean la urgencia de conseguir una gestión menstrual en condiciones dignas de información, higiene y salud para todas las personas menstruantes


Guantes rosas para utilizar al momento de quitarse un tampón o una toallita. Un momento “vergonzante” en el que las personas menstruantes deben mantener absoluta discreción, incluso en el instante mismo en que están solas dentro de un baño retirando un tampón ensangrentado. Un guante que se convierte además en envoltorio del artículo menstrual para poder desecharlo disimuladamente sin que nadie pueda darse cuenta. Al parecer dos hombres emprendedores lograron conseguir, hace algunas semanas, 30.000 euros en el programa de televisión alemán “Dragons Den” para financiar el proyecto de los Pinky Gloves (en inglés, Guantes Rosas). Un intento de capitalización de un tema que aún es tabú: la menstruación.

“Un cuerpo sucio que requiere limpieza”. Así definió Eugenia Tarzibachi, psicóloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la imposición que la maquinaria publicitaria de higiene menstrual ha impuesto a lo largo de los años. Ya en 2016, cuando Mariana Carabajal entrevistaba a Tarzibachi, la misma explicó: “Resulta desafortunado que se refieran a la «higiene» menstrual para intentar conmover el tabú. Ese significante continúa reproduciendo un modo de cargar de sentidos al cuerpo de las mujeres por su condición de menstruantes, muy presente a lo largo del siglo XX en el discurso comercial de la industria de toallas y tampones descartables sobre un cuerpo sucio que requería limpieza. En mi investigación doctoral consideré críticamente la cuestión de lo sucio (…), es decir, como un cuerpo «fuera de lugar» desde el rasero normativo del cuerpo masculino, amenstrual”.

La psicóloga sostuvo que la industria del “cuidado personal femenino” colaboró de forma constante a hacer de la menstruación algo normal y deseable pero que tenía que ocultarse para “adecuar esos cuerpos a una norma de aceptabilidad social”.

¿Alguna vez le preguntaste al oído, en secreto, a una amiga si tenía un tampón? ¿Alguna vez pasaste una toallita por debajo de una mesa en la escuela para que nadie te vea? Esos son los microactos de la vergüenza y el tabú que se imponen a nuestras menstruaciones. Un guante rosa para ocultar aquello que es parte de nuestros procesos fisiológicos, que no podemos evitar, y hacerlo un momento más “agradable” para los demás. Otro artículo para añadir a la gran cantidad de productos que las mujeres e identidades feminizadas, en teoría, debemos consumir. Los Pinky Globes, además de colaborar con el tabú, son simplemente otro pink tax, o “impuesto rosa”. Esto es, cuando las mujeres e identidades feminizadas pagan un costo adicional por productos “femeninos” que básicamente son el mismo producto que utilizan los hombres pero rosados. La función de los guantes rosas podría cumplirla perfectamente, a lo sumo aunque innecesariamente, unos guantes quirúrgicos clásicos que se venden en cualquier farmacia.

El emprendimiento de los Pinky Globes fue duramente criticado en medios y redes sociales, por lo que debieron pedir disculpas públicamente, retroceder unos escalones y repensar su producto. Pero, ¿cuál es el problema que subyace a estas críticas y debates? Porque además de fortalecer tabúes, estigmas y estereotipos, las prioridades son otras. No necesitamos generar nuevos gastos a las personas menstruantes que ya de por si no pueden costear los elementos mínimos indispensables para gestionar su menstruación saludablemente. El foco dentro de esta temática debe estar puesto en que la gestión menstrual deficiente es, fundamentalmente, un factor de desigualdad.

Los creadores de los Pinky Gloves en la presentación del producto
La menstruación como factor de desigualdad

El tabú y el estigma colaboran con la invisibilización del impacto que tiene en la calidad de vida de todas aquellas personas menstruantes el no poder acceder, en su mayoría por razones económicas, a insumos de primera necesidad como son los de gestión menstrual. Sacando el caso de la copa menstrual, que por ser reutilizable implica una inversión por única vez en varios años, de acuerdo con el portal de la organización Economía Femini(s)ta las personas menstruantes necesitaron, en el último trimestre del 2020, aproximadamente $2.992, en caso de usar toallitas, y $3.925, en caso de usar tampones, teniendo en cuenta un promedio de 13 ciclos por año y la utilización de aproximadamente 22 productos por ciclo. Ese monto debería ser ya actualizado, debido a que estamos el primer trimestre del 2021 cerró con una inflación de abril del 4,1%. A primera vista pareciera un gasto menor en términos anuales, pero es fundamental recordar que en una casa donde viven varias personas menstruantes, estos costos se multiplican.

Asimismo debemos considerar la brecha salarial entre hombres y mujeres: entre los ocupados, según el INDEC, en marzo de 2020, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 75. Además, se calcula que cada diez pobres, siete son mujeres, constituyendo así el sector con más desigualdad de condiciones laborales y salariales. La mitad de las mujeres en nuestro país gana menos de $17.900 mensualmente. Tal situación impacta directamente sobre las posibilidades de adquisición de insumos claves para la calidad de vida.  Un informe de UNICEF calcula que en el mindo hay al menos 500 millones de personas menstruantes que carecen de los elementos para manejar su ciclo menstrual de una manera digna y saludable (UNICEF y OMS, 2015).

Toda esta abrumadora cantidad de números y porcentajes busca dejar asentado lo costoso que puede resultar conseguir estos productos y lo dañino que puede ser para los derechos de las mujeres y personas menstruantes. No poder comprar toallitas o tampones implica no poder ir dos o tres días a la escuela. No poder comprar toallitas o tampones implica utilizarlos más de lo debido o de forma inadecuada, pudiendo esto llevar a infecciones y daños en la salud. La falta de acceso a agua limpia, a instalaciones sanitarias adecuadas,  a un lugar para eliminación de los desechos, son todos factores que erosionan la calidad de vida. No poseer la información adecuada compromete las prácticas menstruales dignas exponiéndose a estos numerosos problemas.

En el Foro de Acciones por una Justicia Menstrual, un encuentro donde más de 100 funcionarias, legisladoras, dirigentas, cooperativistas y activistas estuvieron debatiendo sobre igualdad de género y gestión menstrual sostenible -que se realizó en diciembre del 2020-, la propuesta era clara: “hablar de menstruación es romper con una cultura que produce y reproduce desigualdades de género”. Implica una “politización” de la menstruación. Esto es indispensable para poder pensar a la menstruación no como una cuestión meramente de la vida personal sino como objeto de políticas públicas de Estado.

En 2017, Economía Femini(s)ta lanzó la campaña #Menstruacción con el objetivo de visibilizar e informar sobre este tema y lograr conseguir políticas públicas que den respuesta a las necesidades. Esta organización -que nació en mayo de 2015 con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género- expresa en su portal: “La menstruación es un hecho que acontece en la vida de la mitad de la población y, sin embargo, es tabú. El estigma alrededor de la menstruación tiene consecuencias en la producción de conocimiento y la circulación de información”. Es decir, tiene secuelas en múltiples dimensiones. No solo se trata del gasto en productos de gestión menstrual que complica la economía de hogares en situación de vulnerabilidad. Economía Femini(s)ta sostiene que “las campañas de salud a nivel oficial no proveen ni recaban datos sobre las consecuencias de la exposición química a largo plazo por vía vaginal derivada del uso de toallitas y tampones, tampoco se mide el impacto ambiental por el desmonte de selva nativa para el cultivo de pinos de los que se extrae la materia prima de estos productos o se elaboran estadísticas sobre ausentismo escolar por falta de acceso a métodos de gestión menstrual”.

En Argentina hay al menos 14 proyectos de ley presentados a nivel nacional para dar respuesta a la problemática. Esto sin considerar las propuestas que existen a nivel provincial y municipal. Dejando de lado algunas diferencias ínfimas, hay un objetivo común a todos: conseguir una gestión menstrual en condiciones dignas de información, higiene y salud para todas las personas menstruantes. No estamos hablando de privilegios, sino de necesidades básicas. Por lo tanto estos proyectos apuntan a achicar la brecha de desigualdad social, de desigualdad entre hombres y mujeres.

Los puntos más importantes a resaltar en los proyectos son:

  • La entrega gratuita de elementos de gestión menstrual por parte del Estado, ya sea en ámbitos educativos de gestión pública, en centros de salud, en redes de alojamiento diurno y/o nocturno, espacios comunitarios, entre otros.
  • La exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los artículos de contención menstrual. En la actualidad, estos productos son considerados cosméticos y por lo tanto corre dicho impuesto. Según datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que adquieren las personas menstruantes representa unos 328 millones de pesos de la recaudación nacional. El pedido consiste en cambiar dicha etiqueta, estos artículos son productos de primera necesidad, no un lujo que algunos pueden darse.
  • Producción y distribución de información acerca de la menstruación: es indispensable la investigación y elaboración de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas respecto a la gestión menstrual.

Durante 2020, en algunas localidades del país como Morón, Santa Fe o Pilar, esos proyectos han sido los primeros en convertirse en ordenanzas. A nivel provincial, en abril del corriente año, la provincia de Tucumán se transformó en la primera en aprobar la provisión y capacitación sobre elementos de gestión menstrual, donde se considera también la salud menstrual como un derecho y no un privilegio.

Si bien se trata de grandes avances, múltiples proyectos aún duermen en los cajones de los concejos y congresos de las distintas jurisdicciones. ¿Por qué son tan necesarias estas leyes y por qué cuesta tanto que se concreten?

Norma López, periodista, concejala de la ciudad de Rosario por el Frente para la Victoria y vicepresidenta del Partido Justicialista de Sante Fe, presentó en la ciudad de Rosario dos veces (en 2016 -el primero en el país- y en 2019) un proyecto de ordenanza para implementar una gestión menstrual que garantice el derecho a una gestión menstrual segura, eficaz y digna. El presentado en 2019 fue votado y aprobado con modificaciones a fines del 2020, pero su implementación ha quedado trunca. En este sentido, la concejala explicó que “tenemos una ordenanza vigente que está incumplida y está atravesada por la pandemia. No tengo devolución de parte de la municipalidad de que se esté llevando adelante”.

La concejala Norma López (FPV)

 

En Rosario, a principios del año pasado, los elementos de gestión menstrual fueron incluidos en el programa municipal de Precios Justos, a pesar de que en la última edición incluyen solo protectores diarios y toallitas comunes a un precio un poco mayor al de ofertas de algunas cadenas comerciales. En enero, el gobierno nacional había incluido también 12 productos en el programa de Precios Cuidados.

En el intento de poner en marcha acciones rápidas, para poder atender las dificultades con mayor eficiencia en medio de la crisis sanitaria, en mayo del 2020 se aprobó la propuesta de incluir los productos de gestión menstrual en los bolsones alimentarios entregados por el Estado en el marco la pandemia, pero finalmente no fueron incorporados.

“Lamentablemente, lo digo con mucha decepción tanto de la municipalidad como de la provincia, nunca se cumplió. Se tiraban la pelota una a la otra, supuestamente no se podía porque venían cerrados, en realidad se aprobó pero eso también es una mirada de parte del Estado de comodidad”, dijo López.

No solo se pueden alegar cuestiones presupuestarias como impedimento para la aprobación e implementación de proyectos. La política rosarina expresó que todavía es muy incómodo, sobre todo para los varones, la menstruación. “Politizar nuestros derechos, hablar de menstruación, hablar de sangre, genera incomodidad”, afirmó.

En el caso de San Rafael, Mendoza, donde también se aprobó una ordenanza de gestión menstrual, la concejala Andrea Mattacota subrayó el trabajo que hubo que llevar a cabo requerido previo a la sanción: “tuvimos que sensibilizar a funcionarios y funcionarias acerca de la problemática. Nos decían que era algo privado y que no era cuestión del Estado garantizar estas cosas. Tuvimos que trabajar en achicar la brecha de desigualdades, cambiar concepciones arraigadas (hablar de cuerpos menstruantes, incluyendo a varones trans). Y también hacer notar que son las mujeres las que principalmente ponen el cuerpo, y más aún en pandemia, para resolver los problemas de la vida cotidiana. Entre otros, si comprar comida o toallitas”.

En relación a la gratuidad en la distribución, que es otro de los cuestionamientos hacia este tipo de proyecto, Norma López contó: “algunos periodistas me preguntaban por qué tiene que ser gratis. Muchos varones me decían «pero nosotros qué tenemos que ver» . Y yo ponía de ejemplo, como contraposición, el tema de la gratuidad y la distribución de los forros. La menstruación también es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cuando no la tenemos es por tres motivos: porque estás embarazada, porque tenes irregularidades o porque entras en la menopausia, que es otra de las instancia menstruales. Siempre lo comparé con eso porque si no a los varones les cuesta mucho entender. ¿Por qué tengo que pagar los tampones y algodón de las mujeres? No hay diferencia en el tema del cuidado y el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos en ese sentido”.

La justicia menstrual trata de ampliar derechos, resolver desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, como sostiene el Foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, “el desafío es transitar desde aquello íntimo y personal a una respuesta de política pública”.

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